Provincia salió a blindar el proyecto Mallmann mientras crece el conflicto político por la ordenanza en Senguer
El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, se hizo una escapada virtual a Rawson en medio de la creciente crisis política que abrió la ordenanza del Restaurant Escuela Francis Mallmann y regresó con el respaldo institucional del vicegobernador Gustavo Menna. La posterior difusión de una gacetilla provincial buscó instalar un relato de “solidez técnica y administrativa” alrededor del proyecto, pero terminó chocando con el explosivo pedido de informes impulsado por la oposición, que apunta precisamente a los faltantes documentales, la ausencia de tratamiento en comisión y el verdadero contenido del expediente aprobado sobre tablas.
En la gacetilla difundida desde Provincia, Menna respaldó públicamente al intendente y sostuvo que el proyecto “tuvo todos los pasos legales y administrativos que corresponden”. Además, el comunicado remarca que durante el proceso intervinieron organismos provinciales como el Instituto Provincial del Agua, Bosques, Turismo y Ambiente, intentando consolidar hacia afuera la idea de un proyecto sólido, ordenado y técnicamente respaldado. Sin embargo, la aparición del comunicado provincial no hizo más que profundizar una de las principales tensiones que hoy atraviesan el conflicto en Senguer.
Porque mientras desde Rawson se habla de “cerca de un año de trabajo legislativo y administrativo” y de intervención de organismos técnicos, dentro del propio Concejo Deliberante la oposición sostiene algo completamente distinto: que la ordenanza finalmente aprobada nunca atravesó un tratamiento legislativo formal en comisión y que el texto que terminó votándose apareció directamente sobre tablas durante la sesión. Ese punto es hoy el corazón de toda la discusión política local y es precisamente sobre lo que avanza el explosivo pedido de informes presentado por Acción Vecinal Senguer.
Según vienen planteando públicamente los concejales Fernando Becerra y Juan Amarrilla, el trabajo previo que efectivamente existió dentro del Concejo estuvo relacionado a actuaciones, reuniones y debates generales alrededor de la idea del emprendimiento, pero no sobre la redacción concreta de la ordenanza que finalmente habilitó el comodato del terreno ribereño municipal a favor de la Fundación “Restaurant Escuela Francis Mallmann”. Y justamente ahí es donde el pedido de informes empieza a golpear con más fuerza, porque la oposición ya no discute solamente el proyecto turístico o gastronómico en sí, sino la construcción institucional del instrumento legal que permitió avanzar con la cesión del terreno.
El pedido de informes y la pelea por el expediente
De hecho, cuanto más intenta la gacetilla reforzar la idea de respaldo técnico e institucional, más termina dialogando indirectamente con los cuestionamientos que hoy impulsa la oposición. Porque cuando el comunicado habla de intervención de organismos provinciales y de “informes técnicos”, lo que hasta ahora trascendió públicamente son notas administrativas y observaciones emitidas por distintas áreas provinciales, pero no necesariamente estudios técnicos integrales vinculados al proyecto ejecutivo del emprendimiento. Y ese punto es central dentro del conflicto político actual.
Porque precisamente el pedido de informes presentado por Acción Vecinal Senguer apunta a conocer qué documentación concreta existía efectivamente incorporada al expediente legislativo al momento en que se aprobó la ordenanza sobre tablas. Allí, la oposición exige reconstruir cómo se redactó, ingresó y aprobó la Ordenanza N° 1.197/26. El planteo solicita expediente completo, dictámenes, actas de comisión, órdenes del día, intervención de asesoría legal, informes ambientales, documentación técnica y toda actuación vinculada al tratamiento de la norma. Incluso, uno de los puntos más delicados del pedido apunta directamente al origen de la redacción aprobada, solicitando identificar si el texto fue elaborado dentro del ámbito del Concejo Deliberante o remitido desde otro sector externo al cuerpo legislativo.
La aparición de la gacetilla provincial tampoco puede separarse del contexto político que hoy atraviesa Senguer. El comunicado oficial apareció apenas días después de que el pedido de informes comenzara a generar fuertes tensiones dentro del recinto legislativo local, donde —según distintas fuentes presentes en la sesión— el clima empezó a endurecerse a medida que avanzaba la lectura del documento opositor. Y detrás de esa tensión también aparece otro dato que comienza a inquietar dentro del oficialismo: el tiempo político y administrativo que tiene el Ejecutivo para responder el pedido de informes antes de que empiece a conocerse públicamente el contenido real del expediente.
En ese escenario, dentro de Senguer comenzó a crecer otra lectura política sobre la posterior aparición del respaldo institucional de Gustavo Menna. Mongilardi conoce perfectamente el funcionamiento interno de la Legislatura provincial, donde además reviste como personal de planta permanente. Y justamente ahí aparece otra interpretación política que empezó a tomar fuerza dentro del conflicto: que el intendente buscó salir del desgaste que comenzó a sufrir dentro de Senguer y trasladar la discusión a un plano provincial, respaldándose en una figura institucional de segunda línea como la del vicegobernador.
Para sectores opositores, el movimiento buscó fortalecer desde arriba un relato político favorable al proyecto y empezar a cerrar la discusión pública alrededor de la ordenanza, en momentos donde el oficialismo local atraviesa crecientes cuestionamientos dentro de la comunidad y del propio Concejo Deliberante. La discusión, sostienen desde Acción Vecinal Senguer, nunca pasó por estar en contra del desarrollo turístico o de una inversión privada. De hecho, los propios concejales opositores vienen repitiendo públicamente que no cuestionan el restaurant escuela en sí mismo, sino la forma en que se construyó administrativa y legislativamente la ordenanza que habilitó el comodato del terreno ribereño.
Y justamente otro de los aspectos que empezó a llamar la atención dentro de Senguer fue la fuerte consonancia entre el relato expuesto por Gustavo Menna en la gacetilla provincial y los argumentos que viene sosteniendo públicamente el intendente Miguel Mongilardi desde el inicio del conflicto. La narrativa sobre “el desarrollo”, “la inversión privada”, “el potencial turístico” y “los procedimientos administrativos cumplidos” apareció prácticamente alineada entre el discurso provincial y el posicionamiento político del Ejecutivo local.
Sin embargo, dentro del conflicto abierto en Senguer, la discusión comenzó a desplazarse hacia otro terreno mucho más complejo y delicado: los procedimientos legislativos utilizados, la documentación efectivamente incorporada al expediente y los aspectos administrativos que hoy la oposición considera insuficientemente acreditados dentro de la ordenanza aprobada sobre tablas.
La fundación, la IGJ y las dudas que siguen abiertas
Y justamente ahí es donde el conflicto empieza a mezclarse con otra discusión mucho más profunda dentro de Senguer: la percepción de que existen criterios distintos según quién impulsa el proyecto. Porque mientras muchos vecinos relatan experiencias atravesadas por años de trámites, obstáculos administrativos y negativas para acceder a tierras municipales, la ordenanza vinculada al proyecto Mallmann avanzó con una velocidad política inusual y en medio de fuertes cuestionamientos sobre la documentación efectivamente incorporada al expediente. Ese contraste es el que hoy empieza a alimentar buena parte de la discusión pública dentro de la localidad.
Sobre todo porque, hasta el momento, no se conoce públicamente un proyecto ejecutivo integral de la obra. Y ahí es donde también empiezan a chocar las afirmaciones contenidas en la gacetilla provincial sobre “informes técnicos” y “evaluaciones administrativas”. Porque justamente uno de los planteos que sobrevuelan el debate local es sobre qué documentación concreta fueron emitidas esas intervenciones de organismos provinciales. Es decir: cuál fue efectivamente el nivel de desarrollo técnico presentado para respaldar evaluaciones sobre una obra cuyo proyecto ejecutivo integral todavía no trascendió públicamente.
Y esa discusión no es menor dentro de Senguer. Porque parte de los cuestionamientos que empiezan a aparecer en la comunidad tienen que ver con experiencias históricas vinculadas al manejo de tierras fiscales y permisos sobre espacios públicos, donde muchos vecinos recuerdan situaciones que comenzaron con autorizaciones precarias o transitorias y terminaron consolidándose con el paso del tiempo. En ese contexto, el temor que empieza a aparecer en algunos sectores no está centrado únicamente en el restaurant escuela, sino en el precedente institucional que podría dejar una ordenanza construida —según denuncia la oposición— con más velocidad política que solidez documental.
Incluso, la propia gacetilla provincial volvió a abrir otro de los interrogantes centrales que hoy atraviesan el conflicto en Senguer. El comunicado menciona gestiones realizadas por el intendente Miguel Mongilardi ante la Inspección General de Justicia vinculadas a la conformación institucional de la Fundación “Restaurant Escuela Francis Mallmann”. Y justamente ahí vuelve a aparecer una de las principales tensiones del debate local.
Porque mientras desde Provincia se intenta instalar la imagen de un proyecto sólido y administrativamente consolidado, la propia comunicación oficial deja entrever que aspectos centrales vinculados a la estructura institucional de la fundación todavía continuaban en proceso de desarrollo. Ese punto conecta directamente con uno de los planteos que hoy sostiene la oposición dentro del Concejo Deliberante: qué entidad concreta existía efectivamente al momento en que se aprobó sobre tablas el comodato del terreno ribereño municipal.
Además, ahí empieza a aparecer otra discusión jurídica y política que lentamente comienza a instalarse dentro de Senguer: cuál es realmente el rol que puede asumir un municipio respecto de una fundación privada. Porque si bien un Estado municipal puede acompañar, promover o celebrar convenios vinculados a una fundación, otra cosa distinta es que termine apareciendo como impulsor central de la constitución institucional de una entidad privada que posteriormente resulta beneficiaria de una ordenanza sobre tierras públicas.
Y justamente eso es lo que hoy empieza a alimentar todavía más las dudas alrededor del expediente. Porque cuanto más aparece el municipio “empujando” la conformación de la fundación ante organismos como la IGJ, más comienza a mezclarse el rol estatal con la estructura institucional de una figura jurídica privada. Y ahí es donde el conflicto empieza a dejar de ser solamente político para transformarse también en una discusión institucional mucho más delicada.
Hasta el momento, quien no realizó declaraciones públicas sobre el conflicto fue el gobernador Ignacio Torres, aunque sí había mostrado anteriormente un fuerte respaldo político al emprendimiento. Meses atrás, Torres participó junto a Mongilardi y Francis Mallmann de un video institucional difundido en redes sociales desde la zona del Lago Fontana, donde incluso presentó públicamente al chef como “un amigo”. Ese antecedente hoy vuelve a cobrar peso dentro de la discusión local, especialmente en momentos donde el proyecto terminó avanzando sobre un sector ribereño privilegiado de Alto Río Senguer y mientras continúan abiertos los cuestionamientos sobre la documentación y el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la ordenanza.
Por eso, dentro de Senguer algunos sectores comenzaron a interpretar la aparición de la gacetilla provincial no solamente como un respaldo político al proyecto, sino también como un intento de ordenar y unificar públicamente el relato alrededor de una discusión que, puertas adentro del Concejo Deliberante y de la propia comunidad, continúa mucho más abierta y conflictiva de lo que muestra la narrativa oficial.
Así, lejos de desactivar el conflicto, la intervención pública del Gobierno provincial terminó profundizando una discusión política e institucional que cada vez empieza a mostrar más distancia entre el relato oficial construido desde Rawson y las dudas documentales que siguen abiertas dentro de Senguer.
