Ricardo Rojas: dictan prisión preventiva para un condenado por violencia de género tras incumplir una orden judicial
La Justicia de Sarmiento ordenó la prisión preventiva de un hombre que había sido condenado por amenazar de muerte con un arma de fuego a su ex pareja dentro de su vivienda, perseguirla hasta la comisaría e intentar retirarla por la fuerza delante de efectivos policiales. La medida fue solicitada luego de que incumpliera una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, una de las reglas impuestas tras recibir una condena de ejecución condicional por hechos cometidos en contexto de violencia de género.
El caso que derivó en la condena ocurrió el 1 de septiembre de 2024 en la comuna rural de Ricardo Rojas. Según la investigación judicial, alrededor de las 18 horas el acusado ingresó a la vivienda de su ex pareja, ubicada en la intersección de las calles Julio Argentino Roca y Ricardo Rojas. Allí sacó un arma de fuego de la cintura, apuntó contra la mujer y le dijo: “Yo a vos te voy a cagar matando, me tenés cansado, te voy a pegar un tiro en la cabeza”.
La víctima escapó de la vivienda y corrió hasta la comisaría local para pedir ayuda. Mientras relataba lo sucedido ante una cabo de policía, el agresor también llegó a la dependencia. De acuerdo a la acusación fiscal, intentó llevarse a la mujer por la fuerza, diciéndole: “¿Qué hacés vos acá? Andá para la casa”, mientras la tomaba del cabello delante de los efectivos policiales.
Ante esa situación, el personal policial procedió a reducirlo y detenerlo. Durante el procedimiento constataron que llevaba un arma de fuego entre sus prendas, elemento que luego fue secuestrado como parte de la causa penal.
Por estos hechos, el 25 de abril de 2025 Luis Quilchamal fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional, tras reconocer su responsabilidad penal en un juicio abreviado por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas en contexto de violencia de género, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
Además de la pena en suspenso, la sentencia le imponía tres años de reglas de conducta. Entre ellas figuraba la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima.
Sin embargo, según expuso el funcionario de fiscalía Matías Ayuzo durante la audiencia de control de detención, el pasado 14 de mayo una funcionaria del Ministerio de la Defensa Pública presentó un escrito ante el Juzgado de Familia denunciando el incumplimiento de esa medida judicial. A partir de esa presentación, la fiscalía solicitó la inmediata detención del condenado por el delito de desobediencia.
La procuradora Luciana Coppini sostuvo además que la víctima atraviesa una situación de vulnerabilidad y pidió que se revoquen los beneficios otorgados en la condena condicional. También solicitó que las actuaciones sean remitidas al juez Ariel Quiroga, quien había dictado la sentencia original, para que evalúe formalmente la revocación de la pena en suspenso.
La defensa pública se opuso al pedido de prisión preventiva y planteó como alternativa un arresto domiciliario, argumentando que Quilchamal tiene arraigo en la localidad de El Chalía.
Finalmente, el juez Mauro Soza declaró legal la detención y resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía, disponiendo que el imputado permanezca bajo prisión preventiva hasta que el juez de ejecución penal resuelva si corresponde revocar definitivamente la condena condicional.
