Sarmiento: tras una amenaza, estudiantes de la Escuela 739 “Dra. Beatriz J. Torres” cuestionan las medidas y apuntan a la falta de comunicación

Sarmiento: tras una amenaza, estudiantes de la Escuela 739 “Dra. Beatriz J. Torres” cuestionan las medidas y apuntan a la falta de comunicación

El Centro de Estudiantes advirtió que no se informó a tiempo a familias ni alumnos sobre una amenaza de tiroteo, cuestionó la decisión de no suspender clases y criticó medidas internas como la prohibición de mochilas y celulares. En paralelo, la Justicia ordenó eliminar un video de padres que reclamaban explicaciones a la directora, en una intervención que sumó tensión al conflicto.

El Centro de Estudiantes de la Escuela N° 739 “Dra. Beatriz J. Torres” de Sarmiento hizo pública su postura frente a los hechos ocurridos en la institución, luego de que circulara una amenaza de tiroteo que generó preocupación en la comunidad educativa.

Según expresaron, la situación se conoció a través de redes sociales, sin una comunicación formal del establecimiento hacia alumnos y familias. “Los directivos no avisaron nada de lo sucedido a los alumnos y, peor aún, a los padres”, señalaron, marcando que esa falta de información pudo haber tenido consecuencias graves si la amenaza se concretaba.

En ese escenario, el equipo directivo decidió mantener las clases en ambos turnos y aplicar medidas de “precaución” dentro de la escuela. Se dispuso custodia policial en el ingreso, se prohibió asistir con mochilas y se restringió el uso de dispositivos tecnológicos.

Para el Centro de Estudiantes, esas decisiones no resolvieron el problema. “Hubiera sido mejor suspender las actividades escolares del día”, plantearon, al considerar que existía un riesgo potencial para los alumnos.

También cuestionaron el impacto concreto de las medidas. La prohibición de mochilas —advirtieron— afecta a estudiantes que se trasladan caminando o en bicicleta, en un contexto de bajas temperaturas y viento. Y sobre los celulares, fueron directos: en una situación de emergencia, los alumnos necesitan poder comunicarse con sus familias.

En paralelo a este escenario, desde el Centro de Estudiantes de la Escuela Agrotécnica local (Despertar Agropecuario) se difundió un mensaje con un enfoque más orientado a la prevención y la reflexión frente a este tipo de situaciones, en una institución que también se vio alcanzada por amenazas similares en los últimos días.

En el comunicado advirtieron que las amenazas de tiroteo, muchas veces instaladas como “bromas”, tienen consecuencias reales y no deben ser minimizadas. “Esto no es chiste, no es joda”, remarcaron, al tiempo que señalaron que estos hechos activan protocolos que involucran a fuerzas de seguridad, suspensión de clases y situaciones de angustia en las familias, además de posibles derivaciones judiciales por intimidación pública.

También hicieron foco en la responsabilidad colectiva, instando a los estudiantes a no replicar contenidos que agraven el clima de inseguridad y a dar aviso ante cualquier situación sospechosa. “No es buchonear, es cuidar”, expresaron, en un mensaje que busca promover el diálogo, la prevención y el compromiso dentro de las instituciones.

Mientras ese reclamo se hacía público, se produjo otro hecho que elevó el nivel de conflicto. Padres de la institución se autoconvocaron para exigir explicaciones a la directora Melisa Acosta sobre lo ocurrido y los protocolos aplicados. La reunión fue transmitida en vivo por el medio La Informativa Digital, que asistió a pedido de las familias.

Posteriormente, el juez de Familia Santiago Huaiquil solicitó la eliminación del video. El pedido se canalizó a través de la Asesora de Familia Cintia Verónica English, a requerimiento de la directora, bajo el argumento de la presencia de menores.

Desde el medio indicaron que el material será retirado de sus redes, aunque fue resguardado como prueba. También señalaron que en la transmisión no se visualizaban alumnos de la institución.

La intervención judicial abrió otro plano de discusión en medio del conflicto: el alcance de las medidas de resguardo de menores frente a situaciones públicas de reclamo, en paralelo a un problema de fondo que sigue sin resolverse.

El Centro de Estudiantes cerró su comunicado con un rechazo a lo que definieron como una “supuesta medida de protección” y con un planteo que atraviesa toda la situación: la necesidad de ser escuchados en decisiones que impactan directamente en su seguridad.