Seis viviendas que quedaron a mitad de camino: plateas hechas, materiales guardados y sin fondos para terminarlas
Un proyecto de seis viviendas pensado para dar respuesta a familias que quedaban fuera de los programas tradicionales de vivienda comenzó a ejecutarse en Río Mayo con plateas construidas, materiales comprados y un esquema de trabajo impulsado desde el municipio durante la gestión del exintendente Alejandro Avendaño. Sin embargo, tras un intento de trasladar la obra al ámbito del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), la iniciativa fue rechazada por cuestiones normativas y técnicas. Años después, con más de cien familias inscriptas en busca de una solución habitacional, las plateas continúan a la intemperie, los materiales permanecen almacenados sin uso y el presupuesto municipal 2026 ni siquiera contempla fondos para retomar un proyecto que alguna vez buscó atender una de las demandas sociales más persistentes de la localidad.
En los últimos días se realizó el sorteo de 16 viviendas en Río Mayo y, si bien los adjudicatarios ya fueron definidos, las unidades todavía no fueron entregadas y se prevé que su inauguración se concrete próximamente. Ese hecho volvió a poner en discusión un tema que atraviesa desde hace años a muchas localidades del interior: qué ocurre con las familias que necesitan una vivienda pero no logran encuadrar dentro de los requisitos formales del sistema.
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano fue históricamente el organismo encargado de ejecutar la política habitacional en la provincia. Sin embargo, con el paso del tiempo su funcionamiento fue adoptando una lógica cada vez más centrada en la sustentabilidad financiera del sistema y en el recupero de cuotas, un criterio que en la práctica también termina condicionando el perfil de quienes pueden acceder a una vivienda. En ese contexto, muchas familias que trabajan en la informalidad o que no cuentan con ingresos estables terminan quedando fuera de las operatorias tradicionales.
Esa realidad había sido advertida durante la última etapa de la gestión de Alejandro Avendaño, quien impulsó un pequeño proyecto habitacional pensado justamente para ese sector que, en la práctica, suele quedar al margen de los programas provinciales. Quienes lo conocieron recuerdan que tenía una sensibilidad particular frente a estas situaciones y que entendía que detrás de cada necesidad habitacional había familias atravesadas por realidades laborales y económicas que no siempre encajan dentro de los esquemas formales del Estado. Para Avendaño, el acceso a una vivienda digna no era solamente una cuestión administrativa o presupuestaria, sino también una responsabilidad del Estado frente a un derecho que tiene reconocimiento constitucional.
La iniciativa surgió también en un contexto particular de gestión presupuestaria. Hacia el cierre del ejercicio, el área de Infraestructura provincial contaba con un remanente de fondos que debía ejecutarse antes de finalizar el año. En ese marco se elaboró desde el municipio un proyecto concreto para la construcción de seis viviendas sociales. El plan se armó con rapidez, pero ajustado a una necesidad real de la localidad. Si bien podrían haberse impulsado distintas obras para ejecutar esos recursos disponibles, la decisión fue orientar esos fondos hacia un plan de viviendas que atendiera una demanda social concreta.
El proyecto avanzó en su primera etapa con trabajos de nivelación del terreno y la construcción de las plateas donde debían levantarse las casas. El lugar elegido se encontraba al pie del cerro y tenía una característica que en ese momento resultaba clave: ya contaba con los servicios de gas, agua, energía y cloacas. En aquellos años el gasoducto patagónico se encontraba prácticamente saturado y no se estaban habilitando nuevas conexiones domiciliarias, por lo que disponer de un terreno donde la red de gas pasaba por el frente simplificaba considerablemente la ejecución del proyecto.
Las viviendas proyectadas contemplaban un esquema sencillo y funcional con cocina comedor, dos habitaciones y baño. Las dimensiones estaban pensadas para aprovechar el espacio disponible y cumplir una función social concreta. El diseño fue elaborado por personal técnico del propio municipio, con intervención de profesionales del área que adaptaron el proyecto a las características del terreno.
El esquema de ejecución tampoco respondía al modelo tradicional de obra estatal. La propuesta contemplaba que el municipio aportara asistencia técnica y parte de la mano de obra, mientras que las familias beneficiarias también participarían en la construcción de sus viviendas aportando trabajo. Además, la obra no estaba financiada en su totalidad. El proyecto dependía de una combinación de recursos municipales, gestiones de financiamiento adicional y participación directa de los beneficiarios.
Incluso el proyecto tuvo respaldo administrativo dentro de la estructura provincial. En el entonces Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación se abrió el expediente MIEP N° 1584 del año 2021, cuyo extracto refiere a la construcción de seis viviendas sociales en la localidad de Río Mayo. El trámite fue iniciado a partir de una nota municipal y consta de al menos 28 fojas, lo que confirma que la iniciativa formó parte de gestiones formales dentro de la estructura administrativa provincial.
Fuentes vinculadas a la obra pública recuerdan que en aquel momento el área de Infraestructura permitía canalizar proyectos habitacionales con requisitos mínimos para los adjudicatarios, lo que servía para cubrir parte de la demanda social que quedaba fuera de las operatorias del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Ese mecanismo funcionaba como una herramienta complementaria para atender situaciones que no podían encuadrarse dentro de los criterios más rígidos del sistema tradicional del instituto.
Ese esquema funcionó durante la gestión provincial de Mariano Arcioni. En ese período también se gestionó el barrio de 16 viviendas que próximamente será entregado en Río Mayo, lo que vuelve a reflejar el peso que tenía la política habitacional dentro de la agenda de gestión municipal en aquellos años.
Con el tiempo, sin embargo, la estructura institucional fue cambiando. Dentro del propio gobierno provincial comenzó a discutirse qué área debía concentrar la ejecución de la política habitacional. Finalmente se resolvió centralizar ese esquema dentro del instituto provincial de la vivienda. En ese proceso de transición administrativa entre una gestión provincial y otra muchas obras que se encontraban en trámite o en etapas iniciales quedaron paralizadas y comenzaron a quedar desfasadas frente al aumento de los costos de construcción.
Con la llegada al gobierno de Ignacio Torres, esa estructura vinculada a la ejecución de viviendas desde el área de Infraestructura dejó de existir y la política habitacional quedó concentrada plenamente bajo la órbita del instituto provincial. La eliminación de esa herramienta también implicó un cambio en la forma de abordar este tipo de proyectos. Mientras el esquema anterior permitía cierto margen de flexibilidad para que los municipios ejecutaran iniciativas adaptadas a la realidad social de cada localidad, el sistema del IPVyDU funciona bajo criterios estandarizados que responden a operatorias más rígidas.
Esa diferencia explica por qué algunos proyectos que podían encuadrarse dentro de acuerdos entre provincia y municipios terminan sin encajar dentro del modelo actual. En localidades pequeñas del interior, donde muchas familias no cumplen con las condiciones formales del sistema, la desaparición de esas herramientas intermedias deja en evidencia una brecha cada vez mayor entre las políticas habitacionales y las necesidades reales del territorio.
En ese contexto quedó atrapado el proyecto de las seis viviendas de Río Mayo. El entonces intendente Alejandro Avendaño no alcanzó a finalizar su mandato debido a problemas de salud y el tramo final de la gestión quedó en manos de quien en ese momento se desempeñaba como concejal dentro de su propio bloque político, el actual intendente Gustavo Loyaute.
Cuando Loyaute asumió la conducción del municipio se encontró con una obra en marcha: materiales comprados, plateas ejecutadas y un proyecto que todavía no tenía el financiamiento completo garantizado. Ese escenario se vio agravado por el contexto económico de esos años, ya que el tiempo transcurrido entre la formulación inicial del proyecto y el intento de retomarlo generó un desfasaje financiero producto de la inflación, que dejó retrasados los recursos originalmente previstos frente al aumento de los costos de construcción.
Frente a ese panorama, la continuidad de la obra dependía de conseguir nuevos fondos o de sostener un esquema de ejecución municipal que permitiera avanzar por etapas. Sin embargo, la decisión política fue intentar trasladar el proyecto al esquema del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano para que el organismo financiara la parte restante de la obra.
Profesionales que habían participado del diseño del proyecto ya advertían que el instituto difícilmente lo aprobaría. No porque el proyecto estuviera mal planteado desde el punto de vista técnico, sino porque no se ajustaba a la normativa del organismo. Las plateas ya estaban ejecutadas, con hierros incorporados y parte de las instalaciones realizadas, lo que implicaba revisar procesos constructivos que el instituto no había supervisado desde su inicio.
Aun con esas advertencias, el municipio insistió en intentar incorporar la obra dentro del esquema del instituto. Incluso se logró que técnicos del organismo viajaran a Río Mayo para evaluar el proyecto. El resultado fue el esperado: la iniciativa no fue aprobada.
Hoy la situación es visible en el terreno. Las plateas permanecen expuestas y con el paso del tiempo comienzan a deteriorarse. La acumulación de hielo y agua sobre el cemento provoca el llamado “quemado” del material, un proceso que termina debilitando la estructura y reduciendo su vida útil.
La gravedad de la situación no radica solamente en la paralización del proyecto, sino también en el nivel de avance que ya tenía la obra cuando quedó detenida. Dentro de las plateas ya se ejecutaron parte de las instalaciones domiciliarias, con conexiones correspondientes a la red cloacal y a la red de agua. Para esa etapa se adquirieron materiales específicos como cañerías, hierros y distintos insumos de construcción que formaban parte de la infraestructura prevista para cada vivienda.
Incluso hoy todavía permanecen almacenados en dependencias municipales materiales que habían sido comprados para completar el proyecto. Dentro de los galpones municipales se encuentran caños destinados al tendido de la red cloacal que debía alimentar esas viviendas, además de otros elementos constructivos que nunca llegaron a utilizarse.
Mientras tanto, el registro de postulantes para acceder a una vivienda en Río Mayo supera ampliamente el centenar de familias. La demanda habitacional en la localidad es una realidad que no logra ser contenida únicamente con los programas tradicionales del sistema provincial. Cuando las políticas públicas se aplican bajo esquemas uniformes que no contemplan las particularidades de cada territorio, la estandarización termina dejando espacios que nadie cubre. En el interior de la provincia, donde las condiciones laborales y económicas muchas veces no se ajustan a los requisitos formales del sistema, esa distancia entre norma y realidad se vuelve todavía más evidente.
En ese escenario, el proyecto de las seis viviendas que había sido pensado para atender justamente a ese sector que queda fuera del sistema continúa detenido. Las plateas permanecen en el terreno, los materiales siguen almacenados y el tiempo comienza a deteriorar lo que alguna vez fue el inicio de una solución concreta para seis familias.
La situación también deja expuesta una contradicción política. El intendente Gustavo Loyaute suele destacar públicamente la buena relación que mantiene con el gobierno provincial. Sin embargo, esa cercanía política no ha logrado traducirse en la obtención de los fondos necesarios para destrabar y terminar un proyecto que ya tenía parte de su infraestructura ejecutada.
Hasta el momento tampoco existe una definición clara desde el municipio sobre cómo retomar la obra por administración propia o mediante nuevas gestiones de financiamiento. De hecho, en el presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2026 no aparece contemplada ninguna partida destinada a continuar con ese núcleo habitacional.
De esta manera, mientras el proyecto permanece paralizado y los materiales se deterioran con el paso del tiempo, el problema habitacional de la localidad sigue sin encontrar una respuesta estructural. En los hechos, la falta de decisiones concretas termina dejando la sensación de que el conflicto se mira desde afuera, como si la necesidad de vivienda perteneciera a otra comunidad y no a las más de cien familias que hoy siguen esperando una solución en Río Mayo.
Así, entre plateas construidas, materiales almacenados y un proyecto que alguna vez buscó dar respuesta a seis familias que sabían de antemano que difícilmente encajarían en los requisitos del sistema formal de vivienda, la obra permanece detenida. Lo que alguna vez fue una iniciativa pensada para atender una demanda social concreta hoy aparece como una postal inconclusa: infraestructura iniciada, recursos públicos invertidos y una necesidad habitacional que sigue creciendo mientras el tiempo pasa y la solución continúa esperando una decisión política que permita retomarla.
