Vindicarse: la palabra que volvió al centro del debate tras el caso de los chivos

Hay palabras que casi no circulan en la conversación cotidiana, pero que reaparecen cuando los hechos las empujan al centro de la escena. Vindicarse es una de ellas. Antigua, jurídica, poco usada en el lenguaje común, hoy vuelve a cobrar sentido tras el episodio que derivó en la detención y posterior despido de un funcionario provincial sorprendido transportando chivos faenados de manera ilegal en un vehículo oficial del Estado, luego de darse a la fuga para evadir un control policial.

El caso es conocido: Ventura Antonio Martínez, entonces director de Asuntos Municipales, fue interceptado por la policía luego de una persecución de aproximadamente 19 kilómetros en cercanías de Dolavon, tras intentar evadir un control. El funcionario se desplazaba en una camioneta Renault Alaskan perteneciente al Ministerio de Gobierno y Justicia, es decir, un vehículo oficial, en cuya caja trasera se hallaron 27 animales faenados, sin documentación ni condiciones sanitarias habilitantes.

La situación derivó en su demora por desobediencia judicial en la Comisaría de Dolavon. Durante el procedimiento, Martínez manifestó que la carne tenía como destino a jefes policiales y al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, declaración que generó una fuerte repercusión institucional y política.

Tras el hecho, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, resolvió dejar sin efecto la designación del funcionario y dispuso que fuera denunciado ante la Justicia. A su vez, el ministro Iturrioz negó de manera categórica cualquier vinculación con el episodio y pidió que se investiguen las comunicaciones del detenido.

Hasta aquí, los hechos. Pero es a partir de este punto donde aparece un concepto poco habitual, aunque central desde el punto de vista institucional: la obligación de vindicarse.

En términos simples, vindicarse significa defender el honor y la función pública ante una imputación, pero no solo en el plano discursivo o mediático, sino ante la Justicia. En la Provincia del Chubut, esta obligación no es una recomendación ética ni una expectativa política: está expresamente prevista en la Constitución provincial.

El artículo 68 establece que todo funcionario o empleado público al que se le imputen delitos vinculados al ejercicio de sus funciones, o faltas que afecten su actuación pública, está obligado a iniciar una acción para vindicarse, fijando un plazo máximo de 30 días desde que toma conocimiento de la imputación. Incluso señala que la omisión de esa conducta constituye falta grave.

La norma no busca presumir culpabilidades ni invertir la carga de la prueba. Su espíritu es otro: proteger la función pública. Por eso, cuando una acusación involucra el uso de bienes del Estado, la conducta de funcionarios y la mención directa a autoridades, la Constitución entiende que no alcanza con el desmentido político ni con declaraciones públicas. La defensa de la función exige una respuesta formal que despeje cualquier duda en sede judicial.

Tampoco el despido del funcionario detenido, ni la denuncia impulsada desde el Ejecutivo provincial, saldan automáticamente ese punto. La vindicación es una acción personal, ligada a quien fue señalado en una imputación concreta que afecta su función y la credibilidad institucional.

El episodio de los chivos no solo expuso un hecho irregular que incluyó fuga, uso de un vehículo oficial y una posterior detención. También volvió a poner sobre la mesa una pregunta más amplia: cómo deben responder los funcionarios públicos cuando su nombre aparece vinculado a una acusación de esta naturaleza.

En una sociedad acostumbrada al desmentido rápido y a la defensa mediática, la idea de que la Constitución obligue a “ir a la Justicia para aclarar” puede resultar extraña. Sin embargo, ese es precisamente el sentido del artículo 68: que las sospechas no queden flotando, que el honor de la función pública no se dirima en declaraciones cruzadas y que sea el ámbito judicial el que cierre definitivamente la discusión.

Así, una palabra poco usada vuelve a cobrar vigencia. Vindicarse deja de ser un tecnicismo olvidado y se transforma en una exigencia concreta del sistema institucional chubutense, llamada a operar cada vez que una acusación toca el corazón mismo de la función pública.