Silencio y omisión: la bancada oficialista presentó un proyecto de ordenanza que busca regular un Centro de Monitoreo provincial
En la sesión ordinaria de este jueves, la bancada oficialista del Honorable Concejo Deliberante de Río Mayo presentó un proyecto de ordenanza que, aunque pasó casi inadvertido durante la lectura en el recinto, contiene un error de fondo que lo vuelve inaplicable: busca regular el funcionamiento del Centro de Monitoreo local, una estructura que no depende del municipio, sino que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut.
El proyecto fue elaborado y firmado por los concejales Silvia Muñoz, Micaela Selesky, Leonardo Silva y Gustavo Inostroza, y durante la sesión solo se leyeron los considerandos y el primer artículo del texto. El resto quedó derivado a la Comisión de Asuntos Legales, Cultura y Acción Social, integrada por los ediles Leonardo Silva, Silvia Muñoz, Micaela Selesky, Víctor Herrera y NicolCasihuil para su análisis.
A simple vista, la iniciativa parece buscar un marco normativo local para el sistema de cámaras de seguridad, pero en los hechos pretende reglamentar un organismo provincial, algo que excede por completo la competencia del Concejo Deliberante.
Lo llamativo es que la situación no generó observaciones durante la sesión, a pesar de la presencia del asesor letrado del Concejo, Abogado Darío Sebastián Ruiz Hayes, quien asumió el cargo en mayo de 2024 tras haberse recibido en 2022. Su rol técnico debería garantizar la legalidad y pertinencia de los proyectos que llegan al recinto, pero el planteo fue leído y derivado sin reparos ni advertencias sobre su inconsistencia institucional.
El Centro de Monitoreo de Río Mayo forma parte de la red provincial que coordina el Ministerio de Seguridad del Chubut. El personal —tanto policial como civil—, los servidores, el equipamiento y el sistema de almacenamiento de imágenes se encuentran bajo control del Estado provincial. Por eso, una normativa municipal sobre su funcionamiento no tiene asidero jurídico ni operativo.
Más allá de las intenciones políticas, el episodio deja en evidencia un vacío de control técnico dentro del cuerpo deliberativo. La falta de revisión oportuna, sumada a la ausencia de una lectura jurídica sólida, convierte a la ordenanza en un documento sin efecto práctico.
Y no es la primera vez que el Concejo incurre en este tipo de errores de inaplicabilidad normativa.
Basta con recordar el caso de la ordenanza vinculada a los Bomberos Voluntarios, cuando se intentó establecer que la Cooperativa de Servicios Públicos cobrara en sus facturas un “aporte solidario” destinado a la institución. Aquella norma fue inviable desde su origen: el Concejo pretendió intervenir en la operatoria de entidades que poseen marcos estatutarios propios, tanto la cooperativa como el cuerpo de bomberos, cuyos mecanismos de decisión se rigen por la legitimidad que otorgan sus socios y asambleas.
En aquel momento, desde riomayo1935.com.ar abordamos el tema en profundidad, analizando sus implicancias jurídicas, políticas y comunitarias:
👉 Leé la nota completa:
“Bomberos: entre la necesidad legítima y una norma inviable”
El nuevo intento de regular un Centro de Monitoreo provincial vuelve a poner sobre la mesa el mismo problema: la falta de comprensión sobre los límites de la competencia municipal y el riesgo de legislar sobre lo que el municipio no administra ni controla.
La discusión continuará en comisión, pero el hecho de que una iniciativa fuera de competencia haya sido presentada y leída sin observaciones abre una pregunta más profunda: ¿qué tan conscientes son los concejales de los límites reales de su propio poder?
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La sesión se desarrolló desde las 8:30 de la mañana en el edificio de calle Belgrano, presidida por Silvia Muñoz y acompañada por la secretaria legislativa Ana Laura Millalonco.
Entre los despachos tratados se incluyeron el Despacho N° 16/2025 de la Comisión de Asuntos Legales, Cultura y Acción Social, y el Despacho N° 15/2025 de la Comisión de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.
Desde el Ejecutivo Municipal también ingresaron expedientes para su estudio, entre ellos los presentados por los vecinos Antonio Sánchez y Diego Emanuel Espíndola, además de una propuesta para modificar la Ordenanza Municipal de Tierras N° 1931/14.
Asimismo, se dio lectura a notas ingresadas por los vecinos Denis Quilodrán y Pablo Soto Giménez, que reflejan la participación ciudadana en los temas que atraviesan la vida institucional de la comunidad
