SEROS: más ingresos, más déficit y menos prestaciones, las contradicciones del sistema que expone su propia información oficial

Es una nota larga y con números, pero también es la que ordena lo que no se está discutiendo. Con documentación oficial a la que accedió Río Mayo 1935, se expone cómo crecen los ingresos del sistema, cómo se sostiene el déficit y por qué, en paralelo, se reducen prestaciones. Un aporte para entender un proceso que ya está en marcha y que impacta en las cuentas municipales y en el bolsillo de los trabajadores.

El sistema de salud administrado por el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) atraviesa un momento de fuerte transformación, donde los propios datos oficiales permiten ver una serie de tensiones que no siempre aparecen en la discusión pública. El aumento de aportes aplicado desde 2025 marca un salto significativo en los ingresos del sistema. Las alícuotas pasaron al 6,5% para los trabajadores y al 9,5% para los empleadores, lo que implica incrementos del 53% y 41% respectivamente. Proyectado sobre los niveles de recaudación de 2024, esto eleva los ingresos de más de 150 mil millones a más de 219 mil millones de pesos, con una diferencia cercana a los 69 mil millones.

Ese crecimiento no surge de una expansión del sistema ni de un aumento en la cantidad de afiliados. Es el resultado directo del incremento en los aportes, que eleva el volumen de recursos que ingresan al sistema en un solo ejercicio. Sin embargo, esos números conviven con otro dato central que aparece en los mismos documentos. En 2024, el ISSyS registró un déficit mensual promedio superior a los 4.845 millones de pesos, con un rojo anualizado que supera los 58 mil millones  . Esa combinación —más ingresos proyectados y un déficit elevado— expone una primera tensión estructural: el problema del sistema no se explica únicamente por falta de recursos.

El material también muestra que el incremento de ingresos no viene acompañado de una expansión de prestaciones. Por el contrario, distintas resoluciones recientes avanzaron en la reducción de coberturas. En algunos casos, prácticas que estaban cubiertas al 100% pasaron al 50% o al 85%, incluyendo intervenciones quirúrgicas, materiales médicos y prestaciones específicas  . Incluso se registran recortes en prestaciones bioquímicas y limitaciones en coberturas de alto costo, lo que introduce una segunda tensión: el sistema recauda más, pero cubre menos en determinados casos.

A esto se suma un conjunto de problemáticas operativas que impactan directamente en los afiliados. Demoras en autorizaciones, centralización de decisiones, auditorías externas que ralentizan procesos y dificultades en el acceso a medicamentos forman parte del cuadro que describen los propios documentos. En ese contexto, la experiencia del afiliado se ve atravesada por tiempos más largos, restricciones administrativas y, en muchos casos, la necesidad de recurrir a instancias judiciales para garantizar tratamientos.

El análisis también pone el foco en la estructura del sistema. Con más de 134 mil afiliados y una relación entre activos y pasivos que viene en descenso, el modelo de financiamiento muestra señales de presión a largo plazo. En 2016, la relación era de 3,58 aportantes por cada jubilado; en 2023, bajó a 2,98  . Ese dato impacta directamente en la sostenibilidad del sistema a mediano plazo.

A partir de ahí aparece otra dimensión vinculada al modelo de gestión. El material señala procesos de centralización, pérdida de autonomía en delegaciones, falta de prestadores en algunas especialidades y decisiones que generan desconexión con la realidad local. En paralelo, también se plantean alternativas que no forman parte del eje principal de las medidas adoptadas, como la incorporación de nuevos aportantes, la regularización de organismos deudores, el fortalecimiento de prestadores locales y la revisión del esquema organizativo del sistema.

La reacción de los trabajadores y la disputa por la conducción del sistema

En ese escenario, donde los números empiezan a mostrar con claridad la magnitud del cambio, también comienzan a aparecer movimientos desde distintos sectores vinculados al sistema. En Rawson se realizó una nueva reunión del Frente de Unidad en Defensa del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), con la participación de organizaciones sindicales y representantes de trabajadores activos y jubilados.

El encuentro tuvo como eje avanzar en una agenda común frente a las transformaciones que atraviesa el sistema. Entre los puntos acordados se planteó convocar a más organizaciones para ampliar el frente, solicitar la convocatoria a elecciones en el directorio del Instituto, promover la participación activa de afiliados y afiliadas y trabajar en propuestas de reorganización y fortalecimiento técnico del organismo.

También se puso el foco en la necesidad de mejorar las condiciones salariales y avanzar hacia una mayor representación de los afiliados dentro de la conducción del sistema. La discusión, en ese sentido, empieza a correrse de lo estrictamente financiero hacia el plano de quiénes toman las decisiones y cómo se administran los recursos.

El espacio acordó un nuevo encuentro para el 7 de abril, con el objetivo de consolidar este proceso de organización y continuar definiendo líneas de acción. En un contexto donde se incrementan los aportes, crece la recaudación y se plantean ajustes en prestaciones, la respuesta de los trabajadores empieza a tomar forma.

A partir de ahí aparece una lectura que conecta todos los elementos. El incremento de aportes, el nivel de déficit y la proyección de ingresos no son variables aisladas. Forman parte de un mismo proceso que busca recomponer el flujo de recursos del sistema en el corto plazo.

En ese marco, el pacto fiscal adquiere otro sentido. No se limita a ordenar cuentas o establecer criterios comunes de administración, sino que también funciona como un instrumento para garantizar que los recursos proyectados efectivamente ingresen al sistema. La necesidad de regularizar deudas, priorizar aportes y establecer mecanismos de pago no surge en abstracto, sino que se vincula directamente con el impacto que generó el cambio de alícuotas y con la urgencia de sostener el nivel de recaudación.

Ahí es donde el esquema termina de cerrarse. El aumento de aportes incrementa los ingresos proyectados, pero al mismo tiempo genera un desfasaje en las cuentas municipales. El pacto fiscal aparece entonces como la herramienta que busca ordenar ese efecto y asegurar su cumplimiento, trasladando hacia los municipios la responsabilidad de adecuar sus cuentas para sostener ese flujo de recursos.

El resultado es un modelo que combina aumento de ingresos, presión sobre las cuentas locales y necesidad de garantizar la recaudación en un contexto de déficit estructural.