El Concejo llamó a sesión, fijó el calendario y arranca el período con el conflicto aún sin definición judicial
La apertura del período legislativo llega en abril tras meses de conflicto institucional en el Concejo Deliberante de Sarmiento. Con una conducción que se sostiene en los hechos pero aún sin validación judicial de fondo, el inicio de sesiones reordena la actividad, mientras persisten las diferencias sobre las reglas que deben regir su funcionamiento.
El Concejo Deliberante de Sarmiento convocó a la apertura del período legislativo 2026 y definió el calendario de sesiones. La cita será el lunes 13 de abril en el recinto de los convencionales, en lo que formalmente dará inicio a la actividad ordinaria del cuerpo. La convocatoria se realizó mediante la Resolución 016/26, firmada por el presidente Rubén Camarda, en la que se establece la apertura de sesiones y se invita al intendente Sebastián Balochi, quien deberá pronunciar el discurso de apertura ante el cuerpo legislativo.
Ese mensaje institucional, que habitualmente se realiza al inicio del año, llega en este caso ya avanzado abril, en un contexto atravesado por el conflicto que marcó los últimos meses del Concejo. Según lo dispuesto en la Resolución 016/26, el acto de apertura revestirá la calidad de primera sesión ordinaria y contempla un cuarto intermedio hasta el jueves 16 de abril. El encuadre es claro: la convocatoria se apoya en la Carta Orgánica, que regula este tipo de actos, sin intervención del reglamento interno en esta instancia.
Ese punto no es menor. La apertura de sesiones no depende del reglamento, sino de la Carta Orgánica, y en ese plano no hay discusión normativa. Sin embargo, el inicio del período legislativo se da con un conflicto previo que todavía no tiene una resolución judicial de fondo. Para entender el escenario actual, hay que volver a lo que ocurrió en la sesión preparatoria del 9 de diciembre de 2025.
Ese día, el Concejo quedó dividido en partes iguales al momento de elegir autoridades. Cinco votos para cada sector y sin mayoría para definir la presidencia. De un lado, Rubén Camarda, Eloy Dorado, Claudia Torres, Lucas Gognat, y Nathalia Rúa; del otro, César Cuffoni, Martín Fernández, Micaela Quiroga, Paola Aguiar y Ana Reyes. El empate no se resolvió y obligó a interpretar cómo seguir, abriendo una discusión que rápidamente se trasladó al plano normativo.
Mientras un grupo de concejales sostenía la aplicación del reglamento interno para resolver el empate, otro planteaba que debía prevalecer la Carta Orgánica. La definición no surgió de un acuerdo, sino de una decisión: Camarda utilizó el criterio del doble voto y se proclamó presidente. La oposición rechazó esa interpretación en el mismo recinto y dejó asentado que no reconocía esa autoridad, marcando desde ese momento la fractura política del cuerpo.
El conflicto llegó a la Justicia. El Superior Tribunal rechazó una medida cautelar, pero no resolvió el fondo. No definió cuál de las dos interpretaciones es la válida, y esa falta de definición dejó abierto el escenario y trasladó la disputa al funcionamiento concreto del Concejo. A partir de ese punto, el cuerpo comenzó a moverse con dos lecturas distintas sobre la legitimidad de su conducción.
Con el paso de las semanas, ese escenario empezó a modificarse. El 30 de marzo de 2026 se realizó una sesión extraordinaria en la que se aprobó la ordenanza general impositiva, luego de intentos fallidos por falta de quórum. La sesión fue encabezada por Rubén Camarda y contó con la presencia de Eloy Dorado, Claudia Torres, Lucas Gognat, Ana Reyes y Nathalia Rúa, además del viceintendente Emanuel Venter Jenks.
Los concejales César Cuffoni, Martín Fernández, Micaela Quiroga y Paola Aguiar no dieron quórum en el tercer llamado. Con ese esquema, el oficialismo logró sesionar aplicando el artículo 114 de la Carta Orgánica y avanzó con el tratamiento del orden del día. En esa misma sesión se ratificó la mesa de conducción: Rubén Camarda como presidente, Eloy Dorado como vicepresidente primero y Paola Aguiar como vicepresidenta segunda.
Ese dato marca un punto de inflexión. El escenario que en diciembre estaba empatado dejó de estarlo en términos políticos, modificando la correlación de fuerzas dentro del Concejo. El conflicto no desapareció, pero dejó de estar en un punto de bloqueo institucional y el cuerpo volvió a funcionar con decisiones concretas.
En paralelo, los documentos también muestran cómo se fueron moviendo las posiciones. En diciembre de 2025, concejales de Despierta Chubut solicitaron la anulación de la sesión preparatoria invocando el reglamento interno. El 25 de marzo de 2026, ese mismo espacio firmó una nota dirigida a Rubén Camarda en su carácter de presidente solicitando la apertura del período legislativo, y días después participó en la sesión que permitió alcanzar quórum.
Ese recorrido no resuelve el conflicto, pero forma parte de su desarrollo y ayuda a entender cómo se llegó al escenario actual. La actividad institucional se reactivó, pero lo hizo sobre una base que sigue siendo discutida y que aún no cuenta con una validación judicial definitiva.
Con ese marco, el inicio del período legislativo no aparece como un punto de cierre, sino como una nueva etapa. La apertura se encuadra sin discusión en la Carta Orgánica, pero el funcionamiento cotidiano del Concejo —orden del día, comisiones y dinámica de las sesiones— vuelve a remitir al reglamento interno, donde podrían reaparecer las diferencias.
El Concejo arranca el año con calendario definido y con una conducción que se sostiene en los hechos, pero con una particularidad evidente: llega a su apertura formal en abril, luego de meses atravesados por un conflicto que retrasó su funcionamiento institucional. La discusión de fondo, sin embargo, sigue pendiente y depende de una definición del Superior Tribunal.
Hasta que eso ocurra, cada sesión va a seguir mostrando esa doble realidad: un conflicto que en términos políticos encuentra un cauce, pero que en el plano jurídico todavía no tiene cierre.
