La oposición exige abrir los acuerdos secretos entre el Gobierno y Red Chamber
Diputados nacionales, legisladores provinciales e intendentes de Chubut presentaron un pedido formal para acceder a toda la documentación vinculada al regreso de Red Chamber a la explotación de la ex Alpesca y abrieron un nuevo foco de conflicto político para el gobierno de Ignacio Torres. El reclamo apareció apenas días después de la denuncia penal impulsada por Federico Massoni, quien viene denunciando una secuencia de decretos, acuerdos y decisiones administrativas alrededor de la empresa estadounidense y del rol que tuvo la Fiscalía de Estado durante todo el proceso que terminó devolviéndole a la firma el control operativo de los activos expropiados.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Estado y lleva las firmas de los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José Glinski; los legisladores provinciales Juan Horacio Pais, Emanuel Coliñir, Norma Azbilla, Gustavo Fita y Vanesa Abril; además de los intendentes Dante Bowen y Héctor Ingram. En el escrito exigen acceder al acuerdo mediante el cual Red Chamber recuperó la explotación de los bienes de la ex Alpesca y reclaman además toda la documentación vinculada a las negociaciones que terminaron habilitando nuevamente el regreso de la empresa estadounidense a la operatoria pesquera. Los dirigentes sostienen que buscan conocer qué resolvió el Estado provincial, bajo qué fundamentos, con qué condiciones y con qué consecuencias patrimoniales, jurídicas e institucionales para Chubut.
El pedido no aparece aislado ni fuera de contexto. Durante los últimos días Federico Massoni difundió una serie de videos donde acusó públicamente al gobernador Ignacio Torres y al fiscal de Estado Andrés Meiszner de haber encabezado una secuencia de decisiones políticas y administrativas que terminaron beneficiando nuevamente a Red Chamber después de que la propia Provincia le quitara oficialmente la explotación de la ex Alpesca. Pero el dato que terminó elevando todavía más la tensión política fue la confirmación de una denuncia penal formal presentada contra Torres, Meiszner y otros funcionarios “que de la investigación surjan responsables”, según expresó el propio exministro de Seguridad.
Massoni sostiene que toda la operatoria quedó respaldada por decretos firmados por el gobernador y menciona especialmente la designación de Andrés Meiszner como fiscal de Estado, el desplazamiento de funcionarios del área de Pesca y la posterior intervención de Fiscalía de Estado sobre los bienes expropiados. Dentro de esa denuncia aparece además una referencia surgida en una demanda judicial radicada en Estados Unidos donde se habría mencionado un presunto pedido de “6,5 millones de dólares en dinero B” en el marco de negociaciones vinculadas a Red Chamber. Massoni vinculó públicamente esa acusación con Meiszner y afirmó que toda la secuencia dejó una estructura de decretos, resoluciones y acuerdos que hoy puede reconstruirse administrativamente.
Hasta el momento no existe imputación ni condena judicial pública contra Torres o Meiszner y tampoco hay resoluciones que acrediten delitos o pagos ilegales. Sin embargo, el escenario político comenzó a cambiar porque el conflicto dejó de quedar encerrado únicamente en declaraciones mediáticas o cruces discursivos. El pedido presentado esta semana trasladó la discusión directamente al terreno de los expedientes oficiales y de las decisiones firmadas por el propio Estado provincial, abriendo un escenario mucho más incómodo para el oficialismo.
El eje central del conflicto pasa hoy por una pregunta política que el Gobierno todavía no explicó públicamente con claridad: cómo la Provincia pasó de expulsar oficialmente a Red Chamber a devolverle nuevamente la explotación de los activos expropiados de la ex Alpesca. En septiembre de 2025 el vínculo con la empresa estadounidense había sido dado por terminado y el Ejecutivo avanzaba hacia un esquema alternativo con Profand/Pesquera Deseado. Sin embargo, semanas más tarde, un acuerdo conciliatorio terminó habilitando otra vez el regreso de Red Chamber a la operatoria pesquera, modificando por completo el escenario que el propio Gobierno había impulsado previamente.
Ese giro administrativo y político quedó ahora bajo la lupa de la oposición, que intenta reconstruir toda la trazabilidad de las negociaciones. El planteo también apunta a conocer cómo actuó la Provincia durante el conflicto laboral derivado de la crisis pesquera y qué costos económicos terminaron siendo absorbidos por el Estado en medio de los acuerdos posteriores. Sobre ese punto comenzaron a aparecer cuestionamientos cada vez más fuertes alrededor de indemnizaciones, transferencias económicas y compromisos asumidos durante el conflicto.
Por eso el caso dejó de ser solamente una disputa política o una discusión sectorial vinculada a la pesca. La controversia empieza a girar alrededor de decretos, expedientes, acuerdos y firmas oficiales que quedaron registradas durante toda la secuencia administrativa que terminó redefiniendo el control de la ex Alpesca. Y ahí aparece hoy el principal problema para el gobierno de Ignacio Torres: si la documentación finalmente sale a la luz y la oposición logra reconstruir el recorrido completo de las negociaciones, el conflicto alrededor de Red Chamber podría transformarse en uno de los mayores focos de desgaste institucional de la actual gestión provincial.
