Presos VIP, celdas exclusivas y una investigación que avanza sobre posibles favores: la trama detrás del escándalo en la Alcaidía de Comodoro

A un día de los allanamientos, continúan apareciendo detalles sobre una causa que investiga presuntos delitos de cohecho y posible enriquecimiento ilícito dentro de la Alcaidía policial de Comodoro Rivadavia. La Justicia intenta determinar si existió un sistema de beneficios indebidos para detenidos, qué rol tuvieron integrantes de la cadena de mando y hasta dónde llegaban las relaciones que rodeaban a algunos de los protagonistas del expediente.

A medida que pasan las horas y comienzan a conocerse nuevos elementos de la causa, el caso de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia adquiere una dimensión cada vez mayor. Lo que inicialmente se presentó como una investigación por presuntas irregularidades dentro de una dependencia policial hoy expone una trama donde aparecen beneficios para detenidos, allanamientos en domicilios particulares, cambios en la conducción de la unidad y una hipótesis judicial que combina posibles hechos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

El expediente comenzó el 22 de abril, cuando la Fiscalía tomó conocimiento de situaciones que consideró lo suficientemente graves como para abrir una investigación formal. Durante más de un mes se reunieron testimonios, documentación, intervenciones telefónicas y distintos elementos de prueba que finalmente derivaron en los procedimientos realizados esta semana.

Fue el propio fiscal Cristian Olazábal quien puso nombre a las sospechas que hoy están bajo análisis judicial. Durante la conferencia de prensa posterior a los allanamientos explicó que la Fiscalía logró reunir elementos suficientes para avanzar sobre conductas que podrían tener relevancia penal y sostuvo que “pudimos establecer una sospecha razonable de un posible delito de cohecho y también un posible enriquecimiento ilícito”.

Esa definición terminó marcando el eje de toda la pesquisa. Por un lado, la Fiscalía intenta determinar si existieron beneficios, favores o contraprestaciones indebidas entre integrantes de la estructura policial y personas privadas de la libertad. Por otro, busca establecer si algunas situaciones patrimoniales observadas durante la investigación encuentran una explicación razonable en los ingresos formales de quienes quedaron bajo sospecha.

Los procedimientos alcanzaron distintos sectores de la Alcaidía y también domicilios particulares de integrantes de la cadena de mando. Según información difundida por autoridades provinciales, fueron allanadas áreas administrativas, sectores de alojamiento y viviendas vinculadas a la conducción de la dependencia.

Como consecuencia directa de esos procedimientos, el jefe de la Alcaidía, José Leonardo Fernández, fue apartado preventivamente por 60 días mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas. Fernández había llegado a la conducción de la dependencia a comienzos de 2024 luego de desempeñarse como jefe de la Comisaría de Alto Río Senguer.

El segundo jefe, José Colinecul, también fue removido de sus funciones dentro de la Alcaidía y reasignado a otra dependencia policial. Colinecul había cumplido funciones previamente como segundo jefe de la Comisaría de Río Mayo antes de ser destinado a Comodoro Rivadavia.

Ambos oficiales integraban la conducción de la Alcaidía desde principios de 2024. Fuentes policiales señalaron que este tipo de destinos suele tener relevos periódicos que rondan los dos años de permanencia. Sin embargo, la investigación alteró ese cronograma y provocó cambios anticipados dentro de la estructura de mando.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre los hallazgos realizados dentro del establecimiento. Autoridades provinciales confirmaron la existencia de teléfonos celulares, una PlayStation 5, una heladera, un horno eléctrico con microondas y otros elementos incompatibles con las condiciones habituales de alojamiento de personas privadas de la libertad. También fue secuestrada una bolsa de boxeo.

Los allanamientos se concentraron especialmente en los pabellones 3 y 4, donde se encuentran alojados detenidos a disposición de la Justicia local. Allí los investigadores detectaron una situación que llamó particularmente la atención: una de las celdas había sido modificada y utilizada como depósito de alimentos para determinados internos. Todo el material hallado fue secuestrado y quedó a disposición de la Fiscalía.

Las autoridades también hicieron referencia a espacios de uso diferenciado y condiciones de alojamiento que no tendrían relación con las normas que regulan el funcionamiento de este tipo de establecimientos. Más allá de los objetos secuestrados, ese punto aparece hoy como uno de los aspectos centrales del expediente porque remite directamente a la existencia de presuntos privilegios dentro de una unidad de detención.

En paralelo, distintas fuentes consultadas por este medio describen una dinámica interna donde determinados detenidos habrían acumulado niveles de influencia poco habituales dentro de algunos pabellones. La Justicia intenta establecer si esas situaciones respondían únicamente a cuestiones de convivencia interna o si existían otros factores que ayudaban a sostener determinados beneficios.

En ese contexto aparece mencionado Agustín Vera, quien permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial por el homicidio de Matías Nieves. Diversas publicaciones periodísticas lo ubicaron entre los internos que habrían recibido beneficios actualmente bajo investigación. Hasta el momento, la Fiscalía no informó oficialmente cuál es su situación dentro de esta nueva causa ni si existe una imputación específica en su contra.

Las fuentes consultadas también describen la presencia de referentes internos en distintos sectores de alojamiento, figuras que habrían acumulado capacidad de decisión e influencia sobre aspectos de la vida cotidiana dentro de los pabellones. Una de las preguntas que intenta responder la causa es si esas situaciones eran conocidas por las autoridades y cuál era el alcance real de la relación entre algunos internos y quienes tenían responsabilidades de conducción dentro de la dependencia.

A medida que avanzan las actuaciones también aparecen testimonios que describen relaciones que iban más allá de los muros de la Alcaidía. Distintas fuentes sostienen que algunos de los internos mencionados en la investigación mantenían contactos con sectores de influencia de la ciudad, incluyendo ámbitos sociales, económicos y gremiales.

La Justicia no confirmó oficialmente si esas relaciones forman parte de las líneas investigativas abiertas. Sin embargo, varias fuentes coinciden en que reconstruir esos vínculos podría ayudar a comprender cómo determinadas situaciones lograron sostenerse durante largos períodos sin generar cuestionamientos internos ni controles efectivos. Allí aparece una de las incógnitas más sensibles del expediente: determinar si los presuntos beneficios detectados respondían únicamente a decisiones tomadas dentro de la Alcaidía o si existía un entramado de relaciones más amplio capaz de sostener esas situaciones.

Los allanamientos realizados en domicilios particulares muestran que la mirada de los investigadores dejó de concentrarse exclusivamente en lo que ocurría dentro de los pabellones. En paralelo a los procedimientos desarrollados dentro de la dependencia, personal de investigaciones allanó la vivienda del comisario Fernández por orden judicial.

Según confirmó el director de Seguridad, durante esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, otros elementos de interés para la causa y una camioneta que quedó incorporada a la investigación. El dato adquiere relevancia porque la pesquisa ya no busca solamente reconstruir qué ocurría dentro de la Alcaidía, sino también analizar aspectos patrimoniales de las personas alcanzadas por el expediente.

Parte del trabajo que ahora desarrolla la Fiscalía apunta precisamente a reconstruir el entorno patrimonial de quienes quedaron bajo investigación. La intención es establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y determinados bienes o situaciones económicas que hoy forman parte del análisis judicial.

Es allí donde vuelven a encontrarse las dos hipótesis planteadas por Olazábal. Si el cohecho apunta a determinar la existencia de beneficios o contraprestaciones indebidas, el enriquecimiento ilícito busca establecer si algunas situaciones patrimoniales observadas durante la investigación pueden explicarse razonablemente o si requieren una explicación adicional dentro del expediente.

La discusión ya no pasa solamente por una PlayStation, una heladera o teléfonos celulares. Lo que intenta reconstruir la Fiscalía es cómo funcionaba el mecanismo que permitió que esos privilegios existieran, quiénes participaron de ese esquema y si hubo contraprestaciones capaces de explicar las conductas que hoy son objeto de investigación.

Entre los elementos que surgieron durante las últimas horas aparece además otro aspecto especialmente sensible. Algunos de los detenidos que habrían recibido beneficios especiales se encuentran procesados por delitos graves contra la vida y mantienen vínculos con grupos enfrentados de la ciudad. Ese dato agrega una dimensión adicional al expediente porque obliga a determinar no sólo la existencia de privilegios, sino también quiénes eran sus destinatarios y bajo qué circunstancias se habrían otorgado.

Gran parte de las actuaciones permanece bajo reserva y los investigadores evitan difundir detalles sobre algunos de los elementos secuestrados durante los procedimientos. El propio Olazábal justificó esa cautela al señalar que “estamos en los albores de la investigación y es cuando más debemos proteger la información”, una postura que explica por qué todavía no se conocen públicamente muchos de los elementos incorporados a la causa.

A menos de 24 horas de los procedimientos, las preguntas siguen siendo más numerosas que las respuestas. Sin embargo, los allanamientos realizados esta semana dejaron en claro que la investigación ya no se limita a lo que ocurría detrás de las rejas. La Fiscalía intenta determinar si está frente a una sucesión de irregularidades aisladas o ante un esquema de favores sostenido durante meses dentro de una de las unidades de detención más importantes de Chubut.

Esa respuesta todavía está lejos de aparecer. Lo que sí quedó claro después de los allanamientos es que la investigación comenzó en los pabellones, avanzó sobre la conducción de la Alcaidía y ahora también se adentra en las relaciones, los vínculos y los aspectos patrimoniales de quienes quedaron bajo la lupa de la Justicia.