La Legislatura creó una comisión para debatir el nuevo Código y Hughes valoró la apertura: “Es por donde se debió haber empezado”
La Legislatura del Chubut aprobó por unanimidad la conformación de una comisión interinstitucional para analizar el proyecto del Código General de los Procesos No Penales, con participación de representantes de los tres poderes del Estado, abogados, magistrados, fiscales, defensores y la Universidad. Edgardo Rubén Hughes, quien semanas atrás había advertido sobre el riesgo de que reformas de esta magnitud avanzaran sin una discusión suficiente, consideró auspiciosa la decisión y sostuvo que ese era el camino que debía haberse seguido desde el comienzo. Aunque valoró la convocatoria, dejó planteada una condición: que las opiniones sean realmente escuchadas y que el proceso no termine reducido a reuniones sin incidencia sobre el texto definitivo.
La Legislatura del Chubut dio este jueves 20 de agosto un nuevo paso en el tratamiento del Código General de los Procesos No Penales al aprobar por unanimidad la creación de una Comisión Interinstitucional que tendrá a su cargo profundizar el análisis del Proyecto de Ley N.º 60/2026, remitido por el Superior Tribunal de Justicia. Se trata de una iniciativa de 588 artículos que propone modificar buena parte de las reglas que actualmente rigen los procesos judiciales no penales en la provincia.
La resolución establece que la comisión tendrá carácter técnico, consultivo, temporario y no vinculante, y estará integrada por representantes del Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura, el Poder Ejecutivo, los Colegios Públicos de Abogados, la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público Fiscal y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El objetivo será revisar el proyecto, recibir aportes y evaluar alternativas antes de que el texto avance hacia una definición legislativa.
Consultado por Río Mayo 1935 sobre la decisión, el doctor Edgardo Rubén Hughes, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia y presidente de la Comisión Redactora de la Constitución Provincial de 1994, consideró que la conformación de ese ámbito representa “un paso importante, muy razonable de la Legislatura” y sostuvo que se trata, precisamente, de “por donde se debió haber empezado” frente a una reforma de semejante alcance institucional.
La valoración de Hughes adquiere relevancia por las críticas que había formulado semanas atrás respecto de la manera en que se estaban abordando distintas reformas en Chubut. A comienzos de julio había advertido sobre el riesgo de que los nuevos códigos procesales terminaran siendo aprobados sin un debate suficiente y resumió entonces su preocupación con una frase contundente: “Aprobarán a libro cerrado y pagará el pueblo”.
Aquella objeción estaba vinculada principalmente con el procedimiento. Hughes venía reclamando que modificaciones de esta magnitud no fueran resueltas únicamente entre quienes elaboraron o impulsaron los proyectos, sino que incorporaran las opiniones de las instituciones y de quienes deberán aplicar posteriormente esas normas. Por eso, frente a la comisión aprobada ahora, señaló que la iniciativa “se ajusta estrictamente a los mecanismos democráticos en una cuestión de tamaña trascendencia institucional”.
El proyecto remitido por el Superior Tribunal propone unificar y reorganizar las normas aplicables a distintos procesos no penales, con incidencia en materias civiles, comerciales, laborales y de familia. Entre otros cambios, incorpora una mayor utilización de la oralidad, audiencias con intervención directa de los magistrados y herramientas tecnológicas orientadas a modificar la dinámica de tramitación de las causas.
Hughes recordó que la necesidad de abrir la discusión ya había sido planteada públicamente con anterioridad y vinculó la decisión legislativa con aquel reclamo. “Es cuestión que anticipé en su momento, y en su medio de comunicación, qué es lo que se debió haber hecho”, señaló, al considerar que una reforma de estas características requiere escuchar distintas posiciones antes de definir el contenido que finalmente será sometido a votación.
La comisión tendrá justamente la posibilidad de analizar el proyecto original y también las modificaciones o propuestas alternativas que puedan surgir durante el proceso. Sobre ese punto, Hughes expresó que valora “que se integre una comisión de esa naturaleza, destinada a analizar la propuesta de Código y otras propuestas que puedan surgir”, y consideró importante que cada una de las instituciones convocadas aproveche el espacio para realizar sus aportes.
El ex integrante del Superior Tribunal también manifestó su disposición a participar técnicamente si fuera requerido por el Colegio de Abogados. Su evaluación positiva, sin embargo, no implica un respaldo anticipado al contenido del Código. Por el contrario, sostuvo que “el resultado final se verá cuando esto termine”, dejando claro que será el desarrollo de la discusión y el texto que finalmente resulte de ella lo que permitirá realizar una valoración definitiva.
En ese marco, Hughes introdujo también una advertencia sobre el funcionamiento concreto de la comisión. Sin poner en duda de antemano la convocatoria, planteó que espera que no se transforme simplemente en una sucesión de encuentros formales destinados a mostrar participación sin que los planteos realizados tengan después una incidencia verdadera. “Esperemos que efectivamente las voces sean escuchadas”, remarcó al referirse al desafío que tendrá esta nueva instancia.
La observación se conecta directamente con sus cuestionamientos anteriores. Si semanas atrás había expresado su temor de que los códigos avanzaran “a libro cerrado”, ahora reconoce como positivo que la Legislatura haya generado un ámbito con representación de distintos sectores, pero mantiene abierta la evaluación sobre la forma en que ese mecanismo funcionará y sobre cuánto de los aportes que allí se formulen terminará reflejado en el proyecto.
Para Hughes, la creación de la comisión representa entonces un cambio favorable en el método elegido para abordar la reforma, más que un pronunciamiento sobre el contenido del Código. La discusión que comienza permitirá saber si ese espacio se convierte efectivamente en una instancia de revisión y construcción de consensos o si queda limitado a una formalidad previa al tratamiento legislativo.
El punto central estará en la capacidad de la comisión para escuchar, discutir y corregir allí donde existan fundamentos para hacerlo. Esa será, en definitiva, la medida con la que podrá evaluarse una iniciativa que Hughes considera institucionalmente importante y que, según recordó, responde al tipo de debate que venía reclamando desde antes de que la Legislatura resolviera formalizar esta nueva etapa.
