“No sabemos si la camioneta en la cual el intendente mete su lancha al lago es de la Municipalidad o es de él”
Durante Cuestiones Previas de la 11.ª Sesión Ordinaria, el concejal de Alternativa Vecinal reclamó que el Ejecutivo identifique los vehículos municipales y cumpla la Ordenanza 02/26, pero su exposición avanzó también sobre el manejo de los recursos públicos: seis concejales volvieron a pedir los presupuestos ejecutados de 2024 y 2025, entre ellos Nathalia Rúa y Ana Reyes, que acompañaron un reclamo impulsado desde sectores de la oposición. El pedido aparece mientras el Tribunal de Cuentas mantiene observaciones sobre las rendiciones de Sarmiento y ya aplicó dos multas personales al intendente Sebastián Balochi por un total de $442.840,50. También fueron cuestionadas respuestas anteriores que llegaron sin contratos ni facturas solicitadas por el Concejo.
Sarmiento, Chubut. Durante Cuestiones Previas de la 11.ª Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, realizada el jueves 10 de septiembre, César Walter Cuffoni cuestionó que todavía no se haya cumplido la ordenanza que obliga a identificar los vehículos y bienes municipales y confirmó que seis integrantes del cuerpo volvieron a pedir las ejecuciones presupuestarias correspondientes a 2024 y 2025.
El concejal de Alternativa Vecinal dirigió inicialmente su intervención al viceintendente Emanuel Venter Jenks, presente en el recinto, a quien recordó que la Carta Orgánica Municipal le asigna la función de nexo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. El primer asunto que llevó a la sesión fue la Ordenanza 02/26, aprobada el 30 de abril, mediante la cual el Concejo reglamentó el uso del escudo municipal en vehículos y bienes pertenecientes a la Municipalidad de Sarmiento y otorgó 60 días para completar la identificación.
La norma derogó la regulación anterior, no fue vetada y dejó en manos del Ejecutivo tanto las dimensiones del escudo como el lugar donde debía colocarse, por lo que el reclamo se concentró en el vencimiento del plazo sin que la identificación se haya aplicado sobre la totalidad de los rodados utilizados por funcionarios municipales.
Según explicó durante la sesión, esa falta de identificación impide determinar a simple vista si determinados vehículos pertenecen al Municipio, son particulares o se encuentran alquilados. “Nosotros no sabemos si la camioneta en la cual el intendente mete su lancha al lago es de la Municipalidad o es de él. No sabemos si las camionetas que se mueven y van y vienen al campo son de él, son de la Municipalidad”, expresó, y extendió el mismo planteo a los vehículos utilizados por el viceintendente y otros integrantes del Ejecutivo.
La observación fue dirigida especialmente a Venter Jenks por su función institucional dentro del esquema municipal. El edil recordó que la ordenanza fue aprobada por el Concejo, promulgada y publicada, y cuestionó que después no se haya cumplido dentro del plazo establecido. “Pareciera que lo que este Concejo Deliberante aprueba y que ellos mismos promulgan y publican después no le dan cumplimiento”, afirmó durante su exposición.
En la misma intervención informó que el 7 de septiembre ingresó un nuevo pedido de informes para que el Ejecutivo remita el presupuesto ejecutado de los ejercicios 2024 y 2025. La presentación lleva las firmas de Paola Aguiar, César Martín Fernández, Micaela Judith Quiroga, César Walter Cuffoni, Nathalia Rúa y Ana Reyes.
La composición del pedido tiene además un dato político concreto: Rúa y Reyes, concejalas del PJ vinculadas al oficialismo municipal, volvieron a acompañar un reclamo sobre información que debe producir la administración de Sebastián Balochi. No aparecen entre los firmantes Lucas Gognat, Claudia Torres y Eloy Antonio Dorado, los tres representantes de Despierta Chubut. La ausencia de sus firmas no permite afirmar que hayan rechazado el requerimiento, pero sí deja establecido quiénes acompañaron formalmente la presentación y quiénes no.
El texto solicita “nuevamente” esa documentación porque, según explicó el representante de Alternativa Vecinal durante la sesión, las ejecuciones de ambos ejercicios ya habían sido requeridas y todavía no habían llegado al Concejo Deliberante. “Se solicita nuevamente porque todavía no ha elevado el presupuesto ejecutado del año 2024 y 2025”, dijo, antes de agregar una valoración política sobre esa falta de respuesta: “Pareciera que quieren ocultar la información de cómo se ha ejecutado el presupuesto del Estado municipal”.
La afirmación corresponde al concejal y no constituye por sí misma una comprobación de que exista una decisión deliberada de ocultar documentación. Lo verificable es que seis integrantes del Concejo volvieron a requerir información de dos ejercicios ya cerrados y que, según lo expuesto públicamente, esa documentación todavía no había sido remitida al órgano legislativo.
El reclamo aparece además en un momento en que la administración municipal viene siendo observada por el Tribunal de Cuentas de Chubut por demoras e incumplimientos vinculados con la presentación de rendiciones. Durante 2026, Sebastián Balochi recibió una multa de $193.343,50 por incumplimientos relacionados con cuatro rendiciones mensuales de 2025 y la Cuenta de Inversión de ese ejercicio. Posteriormente, el organismo volvió a sancionarlo con otros $249.497 por rendiciones correspondientes a 2026, con lo que las dos multas personales conocidas suman $442.840,50.
Las actuaciones del Tribunal de Cuentas y el pedido formulado por los concejales corresponden a procedimientos distintos. El organismo provincial controla las rendiciones que debe presentar el Ejecutivo, mientras que el Concejo reclama las ejecuciones presupuestarias para ejercer su propia función de control. La coincidencia está en que ambos procesos se relacionan con documentación sobre la administración de fondos públicos y con períodos sobre los cuales ya existieron requerimientos formales.
Durante Cuestiones Previas también aparecieron antecedentes de otros pedidos de informes que, según relató Cuffoni, fueron respondidos con varios meses de demora o sin toda la documentación solicitada. Uno de los casos mencionados estuvo relacionado con una camioneta alquilada utilizada para tareas protocolares del intendente y del viceintendente, sobre la cual el Concejo había requerido también el contrato y las facturas correspondientes.
“En ese pedido de informe se pedía que envíen el contrato, que envíen la factura”, recordó el concejal, quien sostuvo que esos elementos no fueron acompañados en la respuesta recibida. También mencionó alquileres de baños químicos y distintos espacios utilizados por la Municipalidad, donde los requerimientos buscaban conocer no solamente la existencia de la contratación, sino las condiciones, cantidades, valores y comprobantes respaldatorios.
La discusión planteada durante la 11.ª Sesión Ordinaria terminó reuniendo así el uso e identificación de los bienes municipales con el acceso a la información sobre la ejecución del presupuesto. El pedido del 7 de septiembre cuenta con seis firmas y, al superar el mínimo de tres concejales previsto por la Carta Orgánica, activa el plazo obligatorio de respuesta de 20 días hábiles desde su recepción.
Cuffoni cerró su intervención con una frase que resumió el motivo de los distintos reclamos llevados al recinto: “Lo que estamos pidiendo es conocer la información de cómo se ejecuta el presupuesto municipal. Creo que nos corresponde a todos saber cómo se ejecuta el presupuesto municipal”.
