Cable Canal pidió rendiciones y balances al Ejecutivo y al Concejo

La empresa de medios activó un doble pedido formal para que el Ejecutivo muestre las cuentas y el Concejo explique cómo las controló, poniendo bajo la lupa las rendiciones, el Festival Nacional de la Esquila y el uso de tierras municipales.

El reclamo no apareció de un día para el otro. El 26 de noviembre, Cable Canal Río Mayo decidió dar un paso más y llevar al plano institucional una discusión que desde hace tiempo circula en la política local: cómo se administra la información pública y quién responde cuando se la pide.

A través de su gerencia, la empresa optó por ir a las dos ventanillas del poder municipal. Por un lado, el Ejecutivo, que administra los fondos y los bienes; por el otro, el Concejo Deliberante, que debe controlarlos. No se trató de dos pedidos iguales ni de una formalidad burocrática, sino de una estrategia clara para cruzar datos, versiones y responsabilidades.

En ese marco, al Ejecutivo se le pidió que muestre las rendiciones de cuentas de todos los semestres desde la asunción del intendente interino Gustavo Loyaute, con especial atención en el último período, clave para entender cómo se llega al Presupuesto 2026. La expectativa no está puesta sólo en los números, sino en los respaldos que expliquen cómo y en qué se gastaron los recursos municipales.

En paralelo, el foco se corrió al Concejo. Allí, el pedido apunta a saber qué hicieron los concejales con esas rendiciones: si las analizaron, si las observaron, si las aprobaron y qué lectura hicieron de ellas antes de enviarlas —o no— al Tribunal de Cuentas. Es decir, no qué se gastó, sino qué control político existió sobre ese gasto.

Otro capítulo del reclamo tiene nombre propio: el Festival Nacional de la Esquila. Cable Canal solicitó conocer el balance económico del evento y los gastos que se realizaron, un punto sensible cada año y de alto interés público, tanto por su impacto cultural como por el volumen de recursos que moviliza.

El pedido también se detiene en un tema menos visible, pero no menos relevante: el uso de los terrenos en la zona del cerro, donde funcionan antenas y otras instalaciones. Allí, la pregunta es simple y directa: quién paga, quién no y bajo qué reglas, en un contexto donde se mencionan posibles desigualdades y ventajas indebidas.

Todo este movimiento ocurre en un clima previo de tensión. En más de una oportunidad se le reprochó al cable “no ir a la fuente”. Esta vez, la respuesta fue ir a todas y dejar constancia de un reclamo que ya no se apoya en trascendidos, sino en pedidos formales y plazos legales.

Lejos de un trámite administrativo, la decisión expone una discusión más profunda: qué tan abierta es la gestión municipal, cómo funcionan los controles y hasta dónde llega el derecho de la comunidad a saber. Lo que ocurra después —respuestas, silencios o contradicciones— será parte del próximo capítulo.