Un año después, Mongilardi reveló la autoría del domo desmantelado en Lago La Plata
El intendente confirmó que la estructura desmantelada en 2024 fue instalada por los mismos ocupantes históricos del área, cuya presencia irregular sigue activa. En paralelo, diferenció la causa penal que no modificó la situación territorial de la causa civil que hoy avanza con demoras y espera una inspección clave.
En febrero de 2024, la Municipalidad de Alto Río Senguer realizó un operativo para desmantelar un domo construido ilegalmente en la margen norte del Lago La Plata. La estructura se encontraba en un área natural protegida, dentro de tierras fiscales del ejido urbano, y en un sector regulado por ordenanzas que prohíben edificar, talar o intervenir el ambiente sin autorización. En aquel momento, el informe municipal fue explícito: se desconocía quién había construido el domo. La intervención fue preventiva, administrativa y ambiental, pero dejó un interrogante clave sin resolver.
Un año más tarde, en declaraciones al diario El Chubut, el intendente Miguel Mongilardi completó ese dato pendiente: el domo había sido instalado por la misma pareja que ocupa irregularmente ese sector desde hace años. Es la primera vez que la municipalidad confirma públicamente la autoría, luego de que en el operativo de 2024 no hubiera elementos suficientes para identificar al responsable.
Esta nueva información reconfigura la comprensión del conflicto. Según detalló el intendente, la instalación del domo no fue un hecho aislado, sino parte de una ocupación prolongada que incluye una cabaña levantada sin autorización, intervenciones en el terreno y presuntas actividades turísticas sin habilitación. Mongilardi también señaló una contradicción ya evidente en el caso: “Dicen que no tienen ingresos, pero la inversión fue muy grande. Eso también debería investigarse”, afirmó, en referencia a la magnitud de las obras y los materiales utilizados en un área de difícil acceso.
La confirmación de la autoría permite, según la municipalidad, encuadrar mejor el avance de estructuras y delimitar responsabilidades en una zona ambientalmente frágil y especialmente regulada.
Las causas: lo que el intendente aclaró sobre el expediente anterior y la situación actual
En su entrevista con El Chubut, Mongilardi también describió cómo evolucionaron las actuaciones judiciales vinculadas al caso. Allí distinguió con precisión la causa penal iniciada en 2016 de la causa civil y administrativa que hoy se encuentra en trámite.
La causa anterior, explicó, se originó con una denuncia penal por presunta usurpación. Ese expediente incluyó rebeldías, dificultades de notificación y un juicio realizado en 2019 que “no prosperó”, en palabras del propio intendente. La resolución penal no modificó la situación territorial: la ocupación continuó y la sentencia no otorgó derechos sobre la tierra. Fue un proceso que terminó sin resolver el conflicto de fondo.
La causa actual, en cambio, se desarrolla en sede civil y administrativa. Allí se investiga el uso de tierras fiscales, el incumplimiento de ordenanzas ambientales, la permanencia sin autorización y la instalación de nuevas estructuras como la cabaña y el domo. Mongilardi señaló que el expediente “va muy lento” y que el municipio espera desde hace casi un año una inspección judicial indispensable para avanzar hacia los pasos siguientes. Mientras tanto, según sus declaraciones, la ocupación sigue activa y se detectan intervenciones recientes en el área.
El intendente también mencionó que los ocupantes no cuentan con habilitación turística, pese a haber colocado señalética o referencias promocionales en una zona donde está expresamente prohibido desarrollar actividades comerciales. Y recordó que distintos organismos provinciales —como Bosques, Ambiente y el Instituto Provincial del Agua— intervinieron en momentos distintos debido a talas y alteraciones ambientales observadas en el predio.
En conjunto, sus declaraciones permiten reconstruir un proceso que lleva casi una década: una causa penal que no resolvió el conflicto territorial, una causa civil que avanza con demoras, y nuevas pruebas —entre ellas la autoría del domo— que fortalecen la posición del municipio en un área ambientalmente protegida.
