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Cáceres intimó al Municipio de Trelew por los gastos de dos tarjetas corporativas y advirtió que irá a la Justicia

El concejal de Libertad y Compromiso asegura que realizó dos pedidos anteriores y que el Ejecutivo todavía no entregó los resúmenes bancarios. Ahora dio un plazo de diez días para conocer todos los gastos, débitos y créditos registrados desde que las tarjetas fueron habilitadas en 2025. También exige identificar los expedientes relacionados y explicar cualquier documentación faltante.

Trelew, Chubut. El concejal Rubén Cáceres, del bloque Libertad y Compromiso, profundizó su reclamo para conocer los movimientos realizados con dos tarjetas de crédito corporativas del Municipio de Trelew. Después de dos requerimientos que, según dejó asentado, no fueron respondidos, presentó una intimación dirigida al secretario de Gobierno y fijó un plazo de diez días para que el Ejecutivo entregue la documentación.

El pedido apunta a los resúmenes bancarios completos correspondientes a dos tarjetas habilitadas mediante la Resolución Municipal N.º 2707/2025. Cáceres reclama los movimientos de una Visa corporativa nacional/internacional y una Patagonia 365 nacional, desde la emisión de cada instrumento hasta la actualidad.

El pedido original permite precisar además que la habilitación no comprendía dos, sino tres tarjetas. La Resolución N.º 2707/2025 autorizó, a través del Banco del Chubut, dos tarjetas de crédito Visa corporativas nacional/internacional y una tarjeta Patagonia 365 nacional, destinadas a atender erogaciones del Municipio. Ese fue el punto de partida del pedido de informes presentado por Cáceres en marzo, cuando todavía se desconocían públicamente las personas autorizadas para utilizarlas y las condiciones bajo las cuales habían sido habilitadas.

“Pese a los dos requerimientos cursados con la misma finalidad y el tiempo transcurrido, la documentación no ha sido remitida”, sostuvo el concejal en la intimación fechada el 14 de septiembre. La presentación identifica como antecedentes el expediente C.D. N.º 32542/26 y una reiteración posterior, tramitada mediante el expediente C.D. N.º 32889/26, que fue recibida por el Departamento Ejecutivo Municipal el 17 de agosto.

Cáceres no pidió solamente que el Municipio informe cuánto dinero fue utilizado. Exigió una “copia íntegra, legible y auténtica” de los resúmenes de gastos, débitos y créditos emitidos por el Banco del Chubut. La documentación permitiría conocer los movimientos registrados desde que las tarjetas comenzaron a utilizarse y establecer qué consumos fueron cargados a esos instrumentos.

La documentación incorporada al expediente permite además conocer quiénes fueron autorizados por el Municipio para utilizar esas tarjetas. En una respuesta remitida al Concejo Deliberante el 24 de abril, el secretario de Hacienda, Gustavo Martín Paz, informó que los funcionarios autorizados eran el intendente Gerardo Merino y el propio Paz. La Visa corporativa tenía un límite máximo de $5 millones, mientras que la Patagonia 365 contaba con un límite de $2,5 millones y estaba habilitada únicamente para el secretario de Hacienda.

El expediente también reconstruye el origen de las tarjetas. El 9 de junio de 2025, la Secretaría de Hacienda solicitó al Banco del Chubut la emisión de los plásticos para Merino y Paz, inicialmente por límites máximos de $5 millones. Posteriormente, la Resolución N.º 2707/2025 formalizó su habilitación y estableció que los consumos debían realizarse dentro de las normas presupuestarias y contables vigentes en el Municipio.

La respuesta del Ejecutivo permitió entonces identificar a los funcionarios autorizados, los límites disponibles y el expediente administrativo que dio origen a las tarjetas, pero no incorporó los resúmenes bancarios reclamados. Esa es precisamente la documentación que Cáceres volvió a exigir y que permitiría conocer los consumos efectivamente realizados desde la emisión de las tarjetas, con el detalle de gastos, débitos y créditos.

El concejal fundamentó el reclamo en la Ley Provincial I N.º 156 de Libre Acceso a las Fuentes de Información y Publicidad de los Actos de Gobierno. En su presentación afirmó que la información “reviste carácter público” y está directamente vinculada con “la administración de recursos municipales, la publicidad de los actos de gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas”.

También sostuvo que acceder a esos antecedentes resulta “indispensable para el ejercicio de las funciones de control propias de este Concejo Deliberante”. El planteo adquiere otro alcance después de los dos pedidos anteriores: esta vez Cáceres no formuló una nueva solicitud abierta, sino que intimó al Ejecutivo a responder dentro de un plazo determinado.

La exigencia incluye además los expedientes administrativos y antecedentes vinculados con las tarjetas. Si algún documento no está en poder del Municipio, la respuesta deberá precisar cuál falta, explicar la causa e identificar el organismo o dependencia que lo posee.

La advertencia más concreta aparece al final de la presentación. “Vencido dicho plazo sin cumplimiento íntegro, se considerará habilitada la vía judicial del amparo”, notificó Cáceres. El escrito agrega que esa posibilidad se plantea “sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones que pudieran corresponder”.

Hasta ahora, la documentación conocida no permite determinar cuánto se gastó mediante las tarjetas, cuáles fueron los consumos realizados ni quién efectuó cada operación. Tampoco la intimación sostiene por sí misma que existan gastos irregulares. El reclamo de Cáceres apunta precisamente a obtener los resúmenes que permitirían conocer esos datos.

El Ejecutivo quedó así frente a un plazo de diez días para entregar la documentación completa y autenticada. Después de dos requerimientos que Cáceres asegura que no tuvieron respuesta, el concejal de Libertad y Compromiso dejó por escrito cuál será su próximo paso si los movimientos de las tarjetas continúan sin ser entregados: recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo.

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