Copa Challenger: El Progreso pasó de la expulsión a disputar una semifinal y la revisión de las sanciones terminó con una renuncia
A horas de las semifinales, el conflicto disciplinario que se arrastraba desde el partido entre El Progreso y Casino FC terminó estallando dentro de la organización. Una integrante del Tribunal renunció denunciando que resoluciones ya emitidas fueron modificadas “a espaldas” de parte del cuerpo y por personas que, según sostuvo, no tenían competencia para hacerlo. Del otro lado, la Comisión entendió que varias sanciones se habían construido sobre hechos que podían haber ocurrido, pero que no estaban suficientemente acreditados dentro del expediente.
La Copa Challenger Río Mayo 2026 entró en su etapa decisiva con buena parte de la atención corrida de la cancha hacia una fuerte controversia interna. Este sábado El Progreso debe disputar dos semifinales en el Gimnasio Municipal “Malvinas Argentinas”: a las 16 frente a Las Buitres por Femenino y a las 17 ante Menuco por Libres B. Justamente cuando el torneo está a horas de definir a sus finalistas, una renuncia dentro del Tribunal de Disciplina terminó haciendo pública una discusión que llevaba varias semanas desarrollándose alrededor de las sanciones aplicadas al equipo de Comodoro Rivadavia.
El origen está en el partido del domingo 23 de agosto entre El Progreso y Casino FC, correspondiente a Libres B y primero de aquella jornada. El encuentro terminó 3 a 0 para El Progreso, aunque durante el primer tiempo se produjo una expulsión que luego derivó en incidentes en el sector de la tribuna y el escenario. Hubo discusiones, empujones, daños dentro del gimnasio y presencia policial, mientras parte de lo ocurrido terminó además registrada en un video que posteriormente circuló por redes sociales.
Miguel Alan, árbitro del encuentro junto a Daniel Cabrera, reconstruyó después lo sucedido en una entrevista realizada por Juan Alarcón en FM Activa. Explicó que primero fue sancionado con tarjeta azul directa un jugador de Casino FC y que posteriormente un futbolista de El Progreso recibió una amarilla por una infracción desde atrás y una segunda amonestación luego de nuevos empujones. En ese momento El Progreso ganaba 2 a 0 y, después de la salida del jugador, la situación se trasladó hacia las gradas y el sector del escenario.
Alan señaló también la participación de la delegada de El Progreso y mencionó daños provocados dentro de las instalaciones. La Policía concurrió al gimnasio, aunque el partido no fue suspendido y continuó hasta completarse con victoria 3 a 0 del conjunto visitante. Finalizado el encuentro, los árbitros confeccionaron el informe correspondiente y ese documento se convirtió en la principal actuación formal a partir de la cual comenzó a trabajar el Tribunal de Disciplina.
De la expulsión de todo el equipo a una nueva revisión
El 25 de agosto apareció la Resolución N.º 12/26. La decisión fue particularmente dura: El Progreso quedaba suspendido de continuar participando de la Copa Challenger, debía pagar una multa de $300.000 y además se le imponía la prohibición de intervenir durante un año en el torneo local. El documento hizo referencia a las agresiones, los disturbios, los daños producidos dentro del gimnasio y la intervención policial ocurrida después de los incidentes.
Esa primera resolución tampoco permaneció dentro del circuito reservado de la organización. Poco después de ser emitida comenzó a circular en distintos estados de WhatsApp, haciendo pública una sanción que todavía podía ser objeto de descargo. El Progreso presentó posteriormente su defensa y, en paralelo, se hizo saber que evaluaba avanzar por la vía legal frente a una medida que directamente lo dejaba afuera de la competencia.
A partir de ese descargo, el Tribunal volvió a evaluar lo sucedido y la expulsión colectiva comenzó a ser reconsiderada. El 8 de septiembre se emitió la Resolución N.º 13/26, que permitió que El Progreso siguiera participando del torneo, aunque dejó alcanzados por las sanciones a Alan Díaz, Mónica Muñoz, Brian Maldonado, Miguel Díaz, Ricardo Paredes y al director técnico Luis Díaz.
La situación había cambiado de manera sustancial. El equipo podía continuar en competencia, pero seis personas quedaban individualmente sancionadas por su presunta participación en los hechos relacionados con el partido frente a Casino FC. Fue precisamente a partir de esa resolución cuando la Comisión comenzó a revisar qué respaldo documental tenía cada una de esas sanciones y hasta dónde coincidían con las actuaciones incorporadas al expediente.
El punto de quiebre: qué estaba realmente documentado
La observación de la Comisión fue que el informe arbitral constituía la principal pieza formal producida inmediatamente después del partido y que algunas situaciones agregadas posteriormente a las sanciones no estaban acreditadas con el mismo nivel de precisión. No se cuestionaba que los disturbios hubieran ocurrido, que existiera un video circulando públicamente ni que la Policía hubiera concurrido al Gimnasio Municipal “Malvinas Argentinas”. El problema era determinar qué responsabilidad individual podía sostenerse documentalmente a partir de todo ese material.
La intervención policial fue uno de los ejemplos considerados. Los efectivos estuvieron en el lugar, pero no se incorporó un informe policial que detallara por qué fueron convocados, qué encontraron al llegar o qué personas participaron concretamente de los incidentes. Lo mismo ocurrió con algunas conductas que posteriormente fueron atribuidas a jugadores y miembros del cuerpo técnico, pese a que no aparecían respaldadas de manera suficientemente precisa en las actuaciones formales.
Otro elemento que comenzó a ser revisado fue que el partido había continuado hasta el final. Algunos de los jugadores posteriormente incluidos entre los sancionados habían permanecido en el encuentro y El Progreso terminó ganando 3 a 0. Para la Comisión, ese contexto obligaba a revisar sobre qué documentación concreta se había determinado después que esas personas habían tenido una participación que justificara excluirlas de la competencia.
La discusión, por lo tanto, no quedó planteada entre quienes sostenían que los incidentes habían ocurrido y quienes los negaban. El punto era mucho más específico: si hechos conocidos por distintas vías, testimonios, videos o comentarios podían trasladarse directamente a una resolución disciplinaria cuando no existía dentro del expediente documentación suficiente para individualizar las responsabilidades de cada persona.
La Comisión redujo la sanción y allí comenzó la interna
Después de revisar esas actuaciones, la Comisión tomó intervención y entendió que las sanciones debían quedar concentradas en Alan Díaz y Mónica Muñoz, el jugador y la delegada que aparecían individualizados con respaldo suficiente dentro de la documentación considerada. Brian Maldonado, Miguel Díaz, Ricardo Paredes y el director técnico Luis Díaz dejaron entonces de figurar entre los sancionados.
Para Díaz y Muñoz, en cambio, se establecieron cinco fechas de suspensión para cada uno —dos correspondientes a la sanción arbitral y otras tres adicionales— junto con una multa individual de $150.000. La resolución posterior también identifica expresamente a ambos como las personas individualizadas por la terna arbitral, un elemento que terminó siendo central para sostener la reducción del alcance de las sanciones.
La decisión de la Comisión abrió, sin embargo, un problema diferente. Ya no se discutía solamente si cuatro personas estaban o no correctamente sancionadas, sino quién tenía autoridad para revisar una resolución emitida por el Tribunal de Disciplina. Para la Comisión, se estaba corrigiendo una medida que había incorporado responsabilidades sin suficiente respaldo documental; para una integrante del Tribunal, la organización había avanzado sobre facultades que correspondían exclusivamente al cuerpo disciplinario.
Ese desacuerdo terminó de romperse el 11 de septiembre, prácticamente sobre el inicio de las semifinales y finales. Una integrante del Tribunal presentó formalmente su renuncia ante la Comisión organizadora, con copia al Ejecutivo municipal y a la Secretaría de Deportes, cuestionando de manera directa la forma en que se habían modificado las Resoluciones N.º 12 y N.º 13.
La renuncia expuso el conflicto en plena definición
La presentación sostiene que existió una reunión realizada “a espaldas de 2 integrantes del Tribunal de Disciplina” y cuestiona a quienes intervinieron en los cambios como “autores y/o cómplices”. También afirma que las modificaciones se hicieron “a favor de otro equipo”, califica lo ocurrido como “antiprofesional”, una “falta de respeto” y “desleal”, y sostiene que quienes participaron no tenían competencia para alterar decisiones ya adoptadas por el Tribunal.
La renunciante plantea además que en Río Mayo no existe una instancia deportiva superior con facultades para revisar lo decidido por el cuerpo disciplinario. Junto con su renuncia adjuntó las resoluciones anteriores y cuestionó el documento posterior, al que calificó como una resolución “no legal”. Esa expresión forma parte de su denuncia y no constituye por sí misma una determinación jurídica sobre la validez de la decisión final.
La controversia deja así dos posiciones claramente enfrentadas. Para quien renunció, la Comisión intervino sobre decisiones que solamente podía modificar el propio Tribunal. Para la Comisión, en cambio, la revisión resultaba necesaria porque parte de las sanciones había incorporado hechos y personas que no estaban suficientemente respaldados por la documentación disponible dentro del expediente.
La discusión terminó además rompiendo la reserva con la que venía funcionando el Tribunal. La identidad de sus integrantes no era difundida públicamente para evitar que, en una localidad pequeña, quienes debían resolver sobre equipos y jugadores quedaran sometidos a presiones personales. Río Mayo 1935 mantendrá ese criterio y no publicará los nombres de quienes integran o integraban el cuerpo, aun cuando la circulación de documentos haya permitido que algunas identidades comenzaran a trascender.
La primera ruptura de esa reserva se había producido con la filtración de la Resolución 12 en estados de WhatsApp. La renuncia amplió mucho más esa exposición, porque junto con ella comenzaron a conocerse la Resolución 13 y el documento posterior, permitiendo reconstruir por primera vez toda la secuencia: una expulsión general, un descargo, seis sancionados, una revisión de la Comisión, cuatro nombres retirados y finalmente una renuncia dentro del Tribunal.
Todo esto ocurre cuando la Copa Challenger está a horas de definir a sus finalistas. El Progreso, que semanas atrás había quedado completamente afuera del campeonato, vuelve este sábado al Gimnasio Municipal “Malvinas Argentinas” con posibilidades de disputar dos finales. A las 16 juega por la categoría Femenino y una hora después lo hará por Libres B, precisamente la división en la que se originó el conflicto frente a Casino FC.
En menos de tres semanas, el equipo pasó de una expulsión total a disputar nuevamente instancias decisivas. En el medio, las sanciones cambiaron de alcance y la discusión terminó desplazándose desde lo ocurrido aquella tarde hacia una cuestión que todavía no tiene una respuesta clara dentro de la organización: qué facultades tiene el Tribunal de Disciplina, hasta dónde puede revisar sus decisiones la Comisión y qué respaldo documental debe existir antes de aplicar una sanción individual.
