Edgardo Rubén Hughes integrará la Comisión Redactora del nuevo Código de los Procesos No Penales de Chubut
El abogado constitucionalista, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia y presidente de la Comisión Redactora de la reforma constitucional de 1994 participará en representación del Colegio Público de Abogados de Sarmiento. La Legislatura conformó oficialmente el organismo que tendrá a su cargo el análisis del nuevo Código, con participación de representantes judiciales, profesionales y académicos. El diagnóstico se extenderá hasta enero y el trabajo técnico presencial comenzará en febrero de 2027.
La Legislatura del Chubut dejó formalmente constituida este miércoles 21 de octubre la Comisión Redactora del Código General de los Procesos No Penales, mediante la Resolución N.º 170/26. Entre los profesionales que integrarán esta instancia se encuentra Edgardo Rubén Hughes, abogado constitucionalista y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien participará en representación del Colegio Público de Abogados de Sarmiento.
La incorporación de Hughes adquiere particular relevancia por su trayectoria dentro del Poder Judicial y por su participación directa en la reforma de la Constitución Provincial de 1994, cuando fue convencional constituyente y presidió la Comisión Redactora. Treinta y dos años después, volverá a intervenir en una discusión vinculada con la organización y el funcionamiento de la Justicia chubutense, esta vez para analizar una reforma procesal que la Legislatura relaciona con el cumplimiento del artículo 172 de aquella Constitución.
La reunión constitutiva fue encabezada por la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, y se desarrolló en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”. Participaron representantes de Colegios de Abogados, organismos judiciales, universidades y especialistas convocados para analizar el anteproyecto presentado en mayo por el Superior Tribunal de Justicia.
La participación de Hughes responde a una propuesta formulada por el Colegio Público de Abogados de Sarmiento. Su presidente, Hansel Yalil Bravo, había solicitado formalmente la incorporación institucional de la entidad y propuesto a los abogados Jorge Rojas y Edgardo Rubén Hughes para intervenir en los trabajos relacionados con la elaboración del nuevo ordenamiento procesal.
La Comisión Redactora tendrá carácter técnico, consultivo, temporario y no vinculante, y sus integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem. El cronograma establece una primera etapa de diagnóstico hasta enero, durante la cual cada sector analizará internamente sus propuestas, mientras que las reuniones técnicas presenciales comenzarán en febrero de 2027.
Hughes había reclamado una discusión previa sobre la reforma
La incorporación del constitucionalista se produce después de una serie de intervenciones públicas en las que cuestionó la forma en que inicialmente se impulsó el proyecto. Río Mayo 1935 recogió durante los últimos meses sus observaciones sobre la falta de consulta previa, los costos de implementación y determinadas disposiciones que, según su interpretación, podrían entrar en conflicto con garantías establecidas por la Constitución Provincial.
Hughes había advertido que una reforma de semejante alcance debía estar precedida por una “consulta generalizada y democrática” y reclamó que se conocieran los beneficios concretos del nuevo sistema antes de avanzar con su tratamiento legislativo. También cuestionó que las propuestas hubieran sido elaboradas sin una discusión suficientemente amplia con los sectores que conocen y aplican diariamente las normas procesales.
En declaraciones realizadas a este medio, aclaró que sus reparos no significaban una oposición al tratamiento de proyectos legislativos. “No me opongo ni podría oponerme a que se analice y trate cualquier proyecto de ley, por razones obvias”, sostuvo, aunque insistió en que debían precisarse cuestiones sustanciales antes de modificar el funcionamiento judicial. Al referirse a la participación ciudadana, afirmó que la democracia no podía reducirse a una intervención “ex post facto” frente a una reforma de enorme trascendencia institucional.
Aquellos cuestionamientos coincidieron con observaciones formuladas por Colegios de Abogados y otros sectores judiciales, que reclamaron intervenir en la discusión del proyecto. Posteriormente, la Legislatura habilitó una instancia de trabajo interinstitucional y comenzó a organizar reuniones informativas para recibir aportes sobre el contenido del nuevo Código.
El 20 de agosto, consultado nuevamente por Río Mayo 1935, Hughes valoró la decisión de abrir esa discusión y consideró que constituía “un paso importante, muy razonable de la Legislatura”, aunque recordó que era precisamente “por donde se debió haber empezado”. También expresó su disposición a participar técnicamente y manifestó su expectativa de que las observaciones fueran efectivamente consideradas durante la elaboración del texto definitivo.
Su incorporación a la Comisión Redactora se concreta dos meses después de aquellas declaraciones y permitirá que participe directamente en el análisis del anteproyecto que había cuestionado.
Los aspectos constitucionales y económicos que deberán analizarse
Entre las observaciones formuladas por Hughes aparece la obligatoriedad del precedente judicial, un mecanismo que, según su interpretación, podría convertirse en una suerte de “cerrojo” para los jueces inferiores y generar consecuencias sobre el tratamiento de cuestiones constitucionales. También había planteado reparos sobre el denominado Consejo de Jueces, cuya compatibilidad con el principio constitucional del juez natural consideró necesario examinar.
El constitucionalista reclamó además que la reforma estuviera respaldada por estudios independientes sobre sus resultados y costos. Propuso que al menos dos universidades nacionales analizaran los tiempos de implementación, la eventual reducción de gastos y la cantidad de jueces, empleados, salas y demás recursos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema.
Estas observaciones forman parte de los antecedentes de una discusión que ahora ingresará en una etapa de trabajo técnico. La Comisión Redactora deberá analizar el anteproyecto original y los aportes recibidos durante las reuniones informativas, aunque sus conclusiones no tendrán carácter obligatorio para la Legislatura.
La redacción técnica comenzará en febrero de 2027
Durante la reunión constitutiva, Aguilera sostuvo que la reforma busca avanzar en el cumplimiento del artículo 172 de la Constitución Provincial y señaló que el modelo procesal deberá definirse colectivamente entre los sectores participantes antes de establecer la estructura jurídica del nuevo Código.
También intervinieron los camaristas Guillermo Walter, Sergio Lucero y María Marta Nieto, autores del anteproyecto presentado al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone. Los magistrados explicaron aspectos del modelo propuesto, entre ellos la oralidad, la gestión de audiencias, la incorporación de herramientas tecnológicas y los procedimientos previstos para materias laborales, de familia y causas de menor complejidad.
El encuentro contó además con la participación de Héctor Mario Chayer, especialista en organización y gestión judicial, quien se refirió a la utilización de oficinas judiciales comunes, nuevas tecnologías y procedimientos orales. Al abordar los recursos necesarios para implementar estos cambios, sostuvo que “no se trata de multiplicar el gasto, no se trata de multiplicar el personal, sino de multiplicar los resultados”.
Entre los asistentes estuvieron Mercedes Alberdi Torrejón y Laura Campo Fierro, por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn; Agustín Baroni y Mónica Moon, por Trelew; Jordana Didolich y Fernando Valentín, por la Defensoría General; Marcos Fink, por el Ministerio Público Fiscal; Nicolás Demitriou y Miguel Medina Insúa, por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y Roxana Laudani, por la Asociación de Mediadores de Chubut. Las autoridades informaron que continuarán las gestiones para completar la articulación institucional con el Poder Ejecutivo Provincial y la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial.
La Comisión Redactora tendrá como base el anteproyecto presentado por el Superior Tribunal de Justicia en mayo y los aportes recogidos durante los encuentros posteriores. Hasta enero, las distintas representaciones deberán preparar sus análisis y propuestas para iniciar en febrero la discusión técnica presencial. Todavía no se informó una fecha para la presentación del texto definitivo ni para su eventual tratamiento legislativo.
Hughes participará de esa etapa con el antecedente de haber presidido la Comisión Redactora de la Constitución de 1994 y después de haber reclamado públicamente que la reforma procesal fuera sometida a una discusión institucional amplia. La nueva comisión deberá definir qué modificaciones introducir al anteproyecto original y elevar sus conclusiones para que la Legislatura continúe con el procedimiento legislativo.
