Esquel: denunció que lo estafaron usando su nombre para hacer negocios y lo dejaron con las deudas

Denunció que lo hicieron firmar documentos con la explicación de que eran para ponerlo en blanco y que el Estado pagara la mitad de su sueldo, pero lo incorporaron como socio y administrador de Carnesur S.R.L. Señaló al expresidente del Colegio de Abogados de Esquel y a un empresario vinculado con el frigorífico Dicasur. Asegura que su empleador se quedó con su clave fiscal y que una cuenta bancaria a su nombre registró movimientos que nunca realizó, mientras la tarjeta debía llegar al estudio jurídico y no a su casa. “Fue todo armado”, denunció. Afirma que ARCA le reclama 4,6 millones de pesos y que le retuvieron dinero del sueldo: “No puedo sacar crédito en ningún lado”. También cuestionó que la Fiscalía archivara su denuncia por falta de pruebas, según le informaron, pese a haber entregado documentación societaria. El archivo profundizó su desesperación y su bronca. Su familia lo ayuda a contenerse mientras exige que se investiguen las operaciones y se resuelva una deuda que desconoce. “Limpiar mi nombre, mi apellido” es su reclamo.

Néstor Fabián Vargas tiene 54 años, es camionero y vive con su esposa, de 48, y un hijo de 11 años en una modesta casa de barrio en Esquel. “Yo vivo el día a día”, contó. Su vínculo con José María Venancio era laboral y se apoyaba en años de confianza. Denuncia que el abogado aprovechó esa relación para hacerlo firmar documentos que le presentó como necesarios para registrar su empleo y gestionar una asistencia estatal durante la pandemia.

Vargas reconstruyó la historia en Esquel Política Online, el programa que Javier Comparada conduce los sábados desde las 10. La entrevista no estaba prevista en la agenda de la emisión del 17 de octubre. Durante unos 45 minutos, relató cómo terminó incorporado a una sociedad comercial, cómo obtuvieron su clave fiscal y por qué desconoce los movimientos de una cuenta bancaria que había sido abierta a su nombre.

El abogado al que señala fue presidente del Colegio Público de Abogados de Esquel. La propia institución lo reconoció entre sus anteriores autoridades durante la celebración de su 25.º aniversario, en agosto de 2025. Para Vargas, sin embargo, Venancio era ante todo su empleador: la persona para la que había trabajado durante aproximadamente cuatro años y cuyas indicaciones aceptó porque confiaba en él.

Su denuncia también alcanza a Rafael Nataine, identificado públicamente como propietario de Dicasur durante los conflictos laborales de 2025. Venancio participaba entonces como apoderado de esa empresa en las audiencias por salarios impagos. Ambos fueron incluidos en la presentación que Vargas realizó ante el Ministerio Público Fiscal, donde relató los trámites efectuados por indicación del abogado y las consecuencias económicas que ya estaba sufriendo.

Los papeles le asignaron el 95 % de Carnesur

Vargas situó el comienzo del problema el 10 de junio de 2020. Trabajaba para Venancio cuando el abogado le explicó que estaba organizando una pequeña empresa y que podían acceder a una ayuda durante la pandemia. Según su relato, el trámite permitiría ponerlo en blanco y repartir el pago del salario entre su empleador y el Estado. Esa fue la explicación con la que aceptó ir a la escribanía.

“Para que vos cobres la mitad del sueldo te lo va a pagar el Gobierno, la otra parte te la pago yo”, fue la frase que atribuyó a Venancio. Contó que el abogado lo pasó a buscar y que, cuando llegaron, la documentación ya estaba preparada. Le pidieron el documento y le indicaron dónde firmar. “Me dicen: firme por acá, yo firmé y seguí trabajando”, recordó.

Vargas reconoce su firma. Lo que denuncia es que lo indujeron a hacerlo mediante una explicación falsa sobre el contenido y la finalidad de los papeles. Aseguró que no le leyeron los documentos y que tampoco los leyó por su cuenta porque confiaba en quien le había explicado para qué eran. No relató una decisión de invertir ni un acuerdo para administrar una empresa, sino un trámite presentado como parte de su registración laboral.

En la denuncia penal identificó el lugar como la escribanía Mohuanna; durante la entrevista mencionó a Carola De Bernardi. La nómina del Colegio de Escribanos del Chubut ubica a Fabiana Yashira Mohuanna y Carola De Bernardi Ragni en el Registro Notarial 72, en San Martín 923 de Esquel. Esa coincidencia permite situar el estudio, aunque no individualiza por sí sola quién intervino en la certificación del instrumento.

El Boletín Oficial del Chubut del 17 de julio de 2020 publicó la constitución de Carnesur S.R.L. mediante un instrumento privado fechado, precisamente, el 10 de junio. El capital era de 300.000 pesos, dividido en 300 cuotas: 285 fueron atribuidas a Vargas, equivalentes al 95 %, y las 15 restantes a Sandro Fabián Nahuelquir. La administración y representación legal quedaron asignadas a Vargas.

El aviso lo identifica como “Héctor Fabián Vargas”, mientras que su denuncia está a nombre de Néstor Fabián Vargas. Coinciden el número de documento y la fecha de nacimiento. La sociedad fijó domicilio en Ameghino 830, la dirección que el trabajador señaló como el estudio donde después se gestionó su clave fiscal y al que debía llegar la tarjeta bancaria.

Carnesur es la empresa que Vargas identifica en su presentación escrita. Durante el programa vinculó su situación con el frigorífico Dicasur, de Trevelin. La publicación societaria permite precisar dónde fue incorporado formalmente; la relación con la actividad del frigorífico y con las personas que lo manejaban forma parte de los hechos que denunció. No son nombres que puedan utilizarse como si correspondieran a una misma razón social.

Después de la firma, Vargas recibió otra indicación: debía obtener su clave fiscal. Contó que intentó tramitarla ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, pero no consiguió un turno durante las restricciones de atención de la pandemia. Tampoco lo atendieron cuando fue personalmente. Según su relato, Venancio le pidió entonces que se presentara en el estudio de Ameghino 830 para completar allí la gestión.

En el estudio intervino una persona a la que identificó como Daniel. Lo hicieron ubicarse frente a una pared y mover el rostro mientras tomaban las imágenes necesarias para validar su identidad. La clave fue obtenida, pero Vargas aseguró que no quedó bajo su control: dijo que Venancio la conservó y que él ni siquiera conocía la contraseña. Sostuvo que esos pasos seguían siendo presentados como necesarios para ponerlo en blanco.

También le indicaron que gestionara una tarjeta en el Banco Galicia porque supuestamente comenzaría a cobrar allí. El domicilio de recepción debía ser el del estudio jurídico, no su vivienda. “Nunca la vi”, afirmó. Su reclamo distingue las gestiones que aceptó para cobrar un salario de las operaciones posteriores: asegura que no recibió la tarjeta ni manejó la cuenta que, años después, descubrió que había registrado movimientos.

Fue a reclamar por su trabajo y descubrió que figuraba como socio

El descubrimiento llegó cuando intentó cobrar por los años que, según denunció, había trabajado sin registración. Vargas contó que la relación laboral terminó y que, ante las demoras de Venancio para resolver su reclamo, acudió al abogado Raúl Vila. “Yo fui por lo laboral, nada que ver con esto”, aclaró durante la entrevista. No había ido a revisar una inversión ni a reclamar por la administración de una sociedad.

En su presentación penal ubicó esa consulta en septiembre de 2023. Vila le pidió recuperar los documentos de la escribanía para saber qué había firmado. Primero intentaron retirarlos su hija y su esposa, pero les indicaron que debía presentarse el titular. Cuando finalmente fue, relató, le preguntaron si sabía qué contenían aquellos papeles. Al responder que no, le explicaron que figuraba como socio gerente.

Vargas dijo que inicialmente tomó la respuesta como una broma: no había decidido comprar una empresa ni se reconocía como propietario de un negocio. Después llevó los documentos a Vila, a quien atribuyó la expresión “palo blanco” para describir la posición en la que lo habían colocado. Según esa interpretación, que el trabajador reprodujo en el programa, aparecía como responsable formal mientras otras personas manejaban las operaciones.

La revisión continuó en el Banco Galicia. Vargas sostuvo que fue a consultar y le respondieron que no había ninguna tarjeta disponible y que la cuenta había sido cerrada. “Pero si yo nunca vine”, recordó haber contestado. Según su testimonio, Vila realizó después otras gestiones y encontró movimientos que él no había efectuado. El trabajador aseguró que hasta entonces desconocía qué había ocurrido con aquella cuenta.

También relató la visita de una agente de la entonces AFIP a su vivienda. Había ido a notificarlo de una audiencia y, según recordó Vargas, se sorprendió al encontrar al supuesto empresario en aquella casa. “Yo vivo acá nomás en este barrio y tengo un Renault 12 y eso nada más”, fue la respuesta que dijo haberle dado. A la audiencia concurrió acompañado por Vila.

Allí, contó, le preguntaron por compras de animales, artículos de limpieza y otras operaciones comerciales. “No, yo nunca compré nada”, sostuvo que respondió. Su planteo era que las actividades figuraban en los registros, pero él no las había realizado ni había administrado esos negocios. Según relató, Vila pidió entonces acceder a su clave fiscal para revisar si había habido movimientos y si continuaban realizándose operaciones.

Ese mismo mes hubo una designación en Carnesur. El Boletín Oficial del 26 de septiembre de 2023 informó que, mediante un acta del día 8, Gabriel Toro había sido nombrado gerente por tiempo indeterminado. La publicación no incluyó una cesión de las cuotas de Vargas ni explicitó su cese. El trabajador afirma que nunca consiguió resolver su desvinculación y que sigue enfrentando consecuencias tributarias.

Durante la entrevista también relató una comunicación por WhatsApp entre Nataine y Vila. Según su versión, el empresario responsabilizó a Venancio por lo ocurrido y rechazó llegar a un arreglo con él. “Yo con Vargas no pienso arreglar nada, yo hago una nueva firma y sigo trabajando”, fue la frase que le atribuyó. La conversación fue narrada por Vargas; Nataine no participó de esa entrevista.

Los equipos de Santa Elena y el vínculo con Dicasur

La historia que Vargas expuso también incluye su participación en el retiro de maquinarias del frigorífico Santa Elena, de Gobernador Costa, vinculado con Cristóbal López. Ese establecimiento, distinto de Dicasur, tuvo actuaciones judiciales relacionadas con reclamos laborales y con el embargo y remate de bienes. Vargas contó que acompañó a Venancio porque trabajaba para él y debía ayudar con las tareas de carga.

Describió tres o cuatro viajes con un mismo camión y mencionó lavabotas, mesas de acero inoxidable, maquinaria de empaque, autoelevadores y otros equipos utilizados en la actividad frigorífica. “No quedó nada”, afirmó al describir el retiro. Según su versión, los bienes fueron distribuidos entre la antigua Calera y distintos galpones porque no había un lugar donde pudieran guardarse todos.

Vargas también señaló que Nataine participó del último traslado con personal especializado y que parte del equipamiento fue llevado al frigorífico de Trevelin. Tiempo después, relató, dos hombres que dijeron llegar desde Comodoro Rivadavia se presentaron de noche en su vivienda y preguntaron por las máquinas. Aseguró que los remitió a Venancio y que luego informó al abogado sobre la visita. Según su testimonio, este le indicó que no diera información.

El 26 de julio de 2021 se incendió un camión estacionado frente a su casa, que Vargas identificó como propiedad de Venancio. Afirmó que el abogado le pidió que no denunciara, pero que igualmente fue a la comisaría porque quería dejar constancia de lo ocurrido. También contó que el vehículo quemado fue retirado con un camión de Vialidad. Esa fecha y la secuencia quedaron incorporadas a su presentación penal de 2025.

Vargas no identificó al autor del incendio ni aportó en la entrevista elementos que permitan atribuírselo a los hombres que habían ido a preguntar por los equipos. Relató además una visita posterior de otras personas a las que vinculó con Cristóbal López: le pidieron que señalara dónde estaban los bienes y, según dijo, colaboró para que fueran recuperados.

Atribuyó a Venancio un reproche posterior por esa colaboración: “Me traicionaste”. El trabajador sostuvo que quería apartarse de un conflicto en el que había participado como empleado. También aseguró que aquellos viajes le trajeron dificultades para conseguir trabajo, porque lo señalaban por el retiro de equipos de Gobernador Costa, aunque él no decidía qué bienes sacar ni dónde llevarlos.

Una de las actuaciones judiciales conocidas por Santa Elena se concentró en un grupo electrógeno. El 25 de agosto de 2021, el Ministerio Público Fiscal del Chubut informó que había presentado una acusación por estafa procesal contra Venancio y el empresario Silvano Simeoni. La hipótesis fiscal se refería a una demanda laboral y al posterior embargo y remate del generador, adquirido por Simeoni a un precio cuestionado.

El desenlace publicado fue el sobreseimiento. En diciembre de 2021, EQSnotas informó que un acuerdo entre las partes había derivado en los sobreseimientos de Venancio y Simeoni. La jueza Alicia Arbilla también fue sobreseída, después de que la Fiscalía considerara insuficientes los elementos para llevar su imputación a juicio. La cobertura señaló que restaba formalizar la entrega de bienes.

Ese antecedente describe un embargo y un remate, no una orden de decomiso general de las instalaciones. Tampoco individualiza todas las máquinas que Vargas mencionó ni corresponde a la denuncia personal que presentó en mayo de 2025. Son actuaciones distintas, aunque en el relato del trabajador se cruzan nombres y hechos vinculados con su relación laboral con Venancio.

La relación profesional entre Venancio y Nataine volvió a tener exposición pública durante el conflicto de Dicasur. En septiembre de 2025, los trabajadores reclamaban cuatro quincenas adeudadas y ambos participaron en una audiencia en la Delegación Regional Esquel de la Secretaría de Trabajo del Chubut. El delegado Tomás Ríos identificó a Nataine como dueño de la empresa y a Venancio como su apoderado. Las expectativas de pago estaban sujetas a un acuerdo con Damián Dadá para recuperar la actividad.

En agosto de 2026 se anunció otra operación sobre la planta. La Municipalidad de Trevelin informó que el intendente Héctor Ingram había recibido a Gonzalo Martínez, presentado como el empresario que adquirió la totalidad de la participación en la firma propietaria del frigorífico. Días después, Martínez explicó que la inversión correspondía a un grupo de profesionales y que el proyecto contemplaba sanear la empresa y realizar reparaciones.

Ese anuncio sobre Dicasur no informa qué ocurrió con las cuotas atribuidas a Vargas en Carnesur. El trabajador vincula su historia con las personas y actividades del frigorífico de Trevelin, pero su incorporación formal está documentada en otra sociedad. Es dentro de esa firma donde reclama esclarecer quién realizó las operaciones y cómo se generaron las obligaciones que ahora desconoce.

“No hay pruebas”: el archivo que Vargas cuestiona

Vargas presentó su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal el 20 de mayo de 2025. El acta identifica a Rafael Nataine y José María Venancio entre los denunciados y lleva el sello de Jorge Luis Kovacevich, funcionario de Fiscalía. Desde esa instancia quedó registrada la entrega de “copias de boletín oficial, constitución de firma, firma ante escribano, etc.”, como parte de los antecedentes que acompañó para pedir una investigación.

Durante el programa contó que en mesa de entradas lo cuestionaron por querer denunciar a un abogado. Aclaró que finalmente le recibieron la presentación y que después volvió varias veces para conocer su trámite. Dijo que pidió hablar con “el doctor Cerda”, pero que nunca consiguió ser recibido. Según relató, quienes lo atendían le respondían que estaban realizando averiguaciones.

La explicación cambió cuando regresó para solicitar los papeles que necesitaba llevar a una nueva abogada. Vargas afirmó que entonces le comunicaron que la denuncia estaba archivada por falta de pruebas. “¿Cómo que no hay pruebas?”, recordó haber preguntado. Su cuestionamiento se concentra en la documentación societaria que había aportado y en la falta de una explicación que le permitiera entender qué se había investigado.

También sostuvo que completó una solicitud para obtener copias y que le informaron un costo de 200 pesos por folio. El motivo del archivo es el que Vargas afirma que le comunicaron. La resolución con sus fundamentos escritos no fue consultada para esta publicación, por lo que no está identificado quién dispuso esa decisión ni qué valoración hizo de los documentos presentados.

Vargas contó que Vila le devolvió los antecedentes y le dijo que no podía continuar. Según su relato, el abogado aludió a un parentesco con la otra parte y le recomendó acudir a Nora Díaz. El trabajador informó que le entregó los papeles a esa profesional unas tres semanas antes de la entrevista y que ella evalúa las vías para avanzar por la estafa que denuncia y por el uso de su nombre en operaciones que desconoce.

También aseguró que Díaz intentó comunicarse con Venancio sin obtener respuesta. Para Vargas, el cambio de representación es un nuevo intento de resolver un problema que sigue afectando a su familia: aproximadamente un mes antes de la entrevista, dijo, recibió una notificación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por una deuda de 4,6 millones de pesos. Relató además una retención sobre su sueldo que atribuye a esa situación.

“No puedo sacar crédito en ningún lado”, expresó al describir las consecuencias cotidianas. Contó que, cuando intentaron financiar unas zapatillas, les rechazaron la operación. En su denuncia de 2025 ya había relatado otra dificultad: su esposa había intentado comprar un teléfono en cuotas y la deuda de Carnesur apareció como impedimento. El trabajador también sostiene que encontró obstáculos para obtener una licencia profesional para conducir equipos de mayor porte.

En un contacto con este medio expresó la desesperación que le produjo conocer el archivo de su denuncia. Habló de la bronca por no encontrar una salida y del lugar que ocupa su familia para ayudarlo a contenerse. Durante el programa contó que sus hijos le preguntan cómo terminó involucrado y que su madre también está preocupada. “Estoy cansado de la injusticia que hay”, afirmó.

Su reclamo es que se establezca quién hizo las operaciones, se resuelva la deuda que desconoce y deje de ser señalado por negocios que asegura no haber manejado. “Limpiar mi nombre, mi apellido”, expresó. Al cerrar la entrevista, Comparada propuso invitar a Nora Díaz para conocer las acciones legales que prevé impulsar y consultar a la Fiscalía sobre el tratamiento de la denuncia. Vargas quedó en hablar primero con su abogada antes de facilitarle el contacto.