Intendente de Juntos por el Cambio, acusado por habilitaciones irregulares, favores a un comerciante y fondos sin control
Un dictamen por mayoría coloca al jefe comunal de Epuyén, José Contreras, en el centro de un expediente que habla de permisos otorgados sin respaldo legal en un edificio municipal, un acuerdo que habría dejado a un privado sin inspecciones ni pago de tasas durante años y un manejo sin trazabilidad clara de los recursos de la Emergencia Ígnea 2025. La Comisión advierte posibles faltas graves y un patrón de desorden administrativo que ahora deberá resolverse en una sesión clave del Concejo.
Por mayoría, la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Epuyén formuló acusación contra el intendente José Contreras, electo por Juntos por el Cambio, en un expediente que acumula cuestionamientos de peso institucional. El dictamen fue elevado al cuerpo legislativo y al propio jefe comunal, que deberá presentar su descargo antes de la sesión especial convocada para el miércoles 29.
Uno de los ejes centrales apunta a la habilitación otorgada a la Asociación Civil Antú Quillén para funcionar en el edificio municipal del Centro de Visitantes Puerto Bonito. Según el informe, se concedieron permisos provisorios por 60 días que luego fueron extendidos por otros 60, totalizando 120 días de funcionamiento sin cumplir la condición esencial: finalizar las obras. La Comisión advierte que esa decisión resulta contradictoria y carece de respaldo jurídico suficiente, ya que implicó apartarse de una restricción previa sin un instrumento legal que lo justifique.
El segundo punto crítico se concentra en el acuerdo extrajudicial con el comerciante Lautaro Márquez. Su local no reunía las condiciones para renovar la habilitación comercial, con observaciones como la falta de baño y otros incumplimientos. Sin embargo, la exdirectora de Inspecciones, la bromatóloga Melina Bellizio, declaró que tras el conflicto se le indicó que no debía realizar inspecciones durante dos años, que el comerciante no debía pagar tasas en ese período ni renovar su habilitación.
El dictamen es categórico: no se trata de una discusión administrativa menor, sino de una decisión que podría haber comprometido recursos públicos y afectado las potestades de control municipal sin intervención del Concejo. Incluso señala que otorgar una exención de tasas hasta diciembre de 2027 constituye una extralimitación del Ejecutivo, ya que esa atribución corresponde al cuerpo legislativo.
Bellizio también expuso que el reclamo del comerciante surgió luego de inspecciones en las que se detectó mercadería vencida a la venta. A su criterio, no existían fundamentos para anular esas actuaciones ni para resarcir al privado.
El tercer eje del informe se mete de lleno en el manejo de la Emergencia Ígnea 2025. Allí, la Comisión describe un escenario de desorden administrativo sostenido: falta de documentación integrada, respuestas parciales, expedientes incompletos y ausencia de trazabilidad sobre el destino de los fondos. En concreto, sostiene que no es posible reconstruir con claridad el circuito administrativo vinculado a la evaluación de daños, la asignación de subsidios, la recepción de recursos y su utilización final.
El dictamen también deja constancia de reiterados pedidos de informes —incluidas notas dirigidas a la entonces presidenta del Concejo, Débora Roxana Sabaria— que no habrían sido respondidos en forma completa ni en tiempo oportuno. Para los concejales, esto configura un patrón persistente de incumplimiento del deber de informar y de obstaculización del control institucional.
La conclusión es directa: los hechos analizados presentan entidad suficiente para configurar, en principio, posibles transgresiones graves a los deberes funcionales del cargo, al comprometer la legalidad administrativa, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
El dictamen fue firmado por los concejales Anuar Fernández, Lidia Barría y Mara Sánchez, mientras que la edil Angélica Caprano lo hizo en disidencia. Ahora, el caso entra en una instancia decisiva: será el Concejo Deliberante el que deba definir si estas acusaciones derivan en consecuencias políticas concretas o quedan en el plano del trámite institucional.
