Minería en Chubut: mientras la agenda pública arde, el Boletín Oficial muestra que los cateos no están dormidos
Mientras los conflictos sociales, la crisis salarial, la deuda provincial y las declaraciones del gobernador ocupan la primera línea del debate público, el Boletín Oficial de Chubut dejó expuesto otro movimiento, mucho más silencioso: el avance de solicitudes de exploración minera vinculadas a uranio y tierras raras en el sur de la provincia. Las publicaciones corresponden a pedidos de exploración y cateo presentados por la firma Powerhaus S.A.U. en el Departamento Escalante, a menos de 100 kilómetros de Comodoro Rivadavia. En conjunto, los expedientes abarcan casi 40 mil hectáreas distribuidas en distintos lotes de la zona.
No se trata, por ahora, de explotación minera. El propio trámite lo deja claro: es la etapa inicial, la instancia en la que una empresa solicita exclusividad para explorar un área y evaluar el potencial del recurso. En Chubut, ese dato técnico nunca es neutro. La minería no es un tema administrativo sino un conflicto político, social y cultural que lleva más de dos décadas sin resolverse. El Boletín Oficial no anuncia una mina, pero sí confirma que los expedientes existen, que están activos y que avanzan en paralelo a una agenda pública completamente tomada por otros frentes.
Powerhaus S.A.U. no es una empresa con trayectoria visible en la provincia. Se trata de una sociedad constituida en noviembre de 2024 con objeto minero, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y sin estructura operativa conocida en el territorio. En su armado aparecen perfiles vinculados al derecho corporativo, como Marcos Patricio Herrmann, lo que refuerza la idea de una estructura societaria más orientada al vehículo legal que a la operación directa. A eso se suma la vinculación del geólogo Gerardo Cladera, presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut, un actor con peso propio en el debate provincial y uno de los impulsores de discutir el desarrollo minero, incluyendo la posibilidad de avanzar con uranio bajo determinadas condiciones técnicas.
Ese entramado deja de ser un expediente aislado para pasar a formar parte de una lógica más amplia: la del sector minero intentando volver a instalar la discusión en la provincia. La referencia a “sustancias de primera categoría y nucleares” no es un detalle menor. Dentro del Código de Minería, esa clasificación incluye minerales estratégicos como el uranio, lo que conecta directamente con una de las discusiones más sensibles en Chubut.
Ahí aparece la Ley 5001, sancionada en 2003, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en los procesos productivos. Esa norma fue el resultado de un conflicto social profundo y todavía hoy funciona como un límite político más que jurídico. La ley no prohíbe toda forma de minería y ese es el argumento que desde hace años utilizan distintos sectores para plantear la posibilidad de desarrollar ciertos proyectos bajo otras modalidades. Sin embargo, ese planteo nunca logró construir consenso social y cualquier movimiento vinculado a minerales metalíferos o nucleares vuelve a encender una discusión que sigue abierta.
Antes de avanzar hacia una eventual concesión, la empresa deberá cumplir con etapas clave, entre ellas la presentación y aprobación de un Informe de Impacto Ambiental. Sin ese paso, no hay posibilidad de avanzar en el proceso. Pero cuando un expediente llega a esta instancia, el proceso ya está en marcha desde lo administrativo y empieza a adquirir otro peso en la discusión pública.
La cuestión no es si hoy hay minería en Chubut. La cuestión es por qué un tema de esta magnitud aparece primero en el Boletín Oficial, en forma de expediente técnico, mientras la discusión pública está concentrada en conflictos inmediatos. Mientras la provincia discute lo urgente, lo estructural empieza a moverse en silencio. Y en Chubut, cuando la minería empieza por expediente, rara vez termina ahí.
