Loyaute aseguró que el IPA delimitó 30 metros de ribera y que el Ejército impugnó la medida
El intendente Gustavo Loyaute aseguró que el Instituto Provincial del Agua ya había delimitado una franja de 30 metros sobre la costa del río Mayo y había notificado esa decisión tanto al Municipio como al Ejército. La definición se conoció después de que el Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 profundizara el cierre del histórico acceso cercano al Puente Nuevo, mientras vecinos comenzaron una junta de firmas para reclamar su reapertura. Según explicó el jefe comunal, la fuerza militar presentó posteriormente una objeción ante el IPA y el trámite todavía espera una resolución definitiva.
El conflicto por el acceso a la costa del río Mayo sumó un dato que hasta ahora no había tomado estado público, luego de que el intendente Gustavo Loyaute asegurara, en declaraciones al medio televisivo local Cable Canal Río Mayo, que el Instituto Provincial del Agua ya había intervenido sobre el sector, delimitado una franja de 30 metros de ribera y notificado esa determinación tanto a la Municipalidad como al Ejército Argentino.
La explicación del jefe comunal aparece en momentos en que volvió a crecer el reclamo por el cierre del antiguo acceso ubicado aguas abajo del denominado Puente Nuevo, a la vera de la Ruta Nacional N.º 40, donde en los últimos días el Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 avanzó con movimientos de suelo, zanjeos y plantación de álamos sobre el paso utilizado durante años por vecinos para llegar hasta distintos sectores de la costa.
Ese avance derivó en una junta de firmas impulsada por vecinos de Río Mayo para pedir la intervención del Gobierno provincial y reclamar la reapertura del acceso, pero las declaraciones de Loyaute incorporaron ahora un elemento que modifica el escenario conocido hasta el momento, porque sostuvo que cuando el Ejército profundizó físicamente el cierre el IPA ya había tomado una decisión previa sobre la ribera.
Según relató el intendente, “nosotros logramos que el IPA, bajo sus facultades, delimite la ribera”, y ubicó esa actuación entre febrero y marzo de este año, período en el que recibió la notificación formal. Loyaute agregó que la comunicación no alcanzó únicamente al Ejecutivo municipal, ya que “cuando me notifican a mí, también notifican al Ejército”, por lo que ambas partes habrían conocido el alcance de la intervención provincial.
Ante la consulta concreta sobre qué había establecido el Instituto Provincial del Agua, Loyaute afirmó que la delimitación era de “30 metros de ribera”, una extensión que, según explicó, coincidía con lo solicitado por la Municipalidad para poder proyectar un camino de acceso vehicular por la costa y recuperar la llegada a sectores tradicionalmente utilizados por las familias de Río Mayo.
La determinación del IPA, sin embargo, no quedó firme, porque después de recibir la notificación el Ejército realizó una presentación cuestionando lo resuelto y abrió una nueva instancia administrativa que todavía se encuentra pendiente. Loyaute explicó que “el Ejército, una vez que fue notificado, hizo una presentación al IPA” y que ahora corresponde que el organismo provincial evalúe ese planteo antes de adoptar una decisión definitiva.
El intendente se mostró convencido de que la resolución terminará favoreciendo la postura municipal, aunque reconoció que el trámite todavía debe completar ese recorrido administrativo. “Tenemos que esperar, será cuestión de tiempo y va a salir favorable a nosotros”, afirmó al describir una situación que, por el momento, mantiene sin definición concreta el futuro del acceso a la costa.
Antes de que el IPA avanzara con la delimitación, el Municipio, el Ejército y el propio organismo provincial habían intentado resolver el conflicto mediante un acuerdo entre las partes, una instancia de la que participaron representantes de los tres sectores y que inicialmente contó con la predisposición del intendente para buscar una salida consensuada.
Loyaute explicó que aquella alternativa comenzó cuando el IPA propuso actuar como mediador y confeccionar un convenio, pero el desacuerdo apareció cuando el documento llegó a sus manos y observó las condiciones que se pretendían imponer. “El IPA dijo: hagamos un acuerdo, confeccionemos un acuerdo; yo dije que sí, que no había problema”, recordó, aunque finalmente decidió no firmarlo.
Según detalló, la propuesta establecía un horario de acceso entre las 8 y las 20 y obligaba a quienes quisieran ingresar a pasar previamente por la guardia militar para registrar nombre, apellido y número de documento, dos condiciones que el Ejecutivo consideró incompatibles con el tipo de acceso que pretendía garantizar para los vecinos.
Loyaute explicó que rechazó especialmente la limitación horaria porque durante el verano la utilización de la costa se extiende hasta más tarde, al señalar que “a las 20 todavía está clarito y la gente está en el río”, y cuestionó también la obligación de identificarse ante la guardia, ya que “teníamos que pasar, dejar nombre, apellido, quién ingresaba y número de documento”, una modalidad con la que afirmó no estar de acuerdo.
La postura municipal, según sostuvo, nunca estuvo orientada a avanzar sobre sectores internos del Batallón, sino a recuperar una franja de circulación vinculada directamente con la ribera. “Nosotros queremos ingresar y salir de la costa del río con libertad, no queremos ingresar a las tierras del Ejército”, afirmó Loyaute al diferenciar el reclamo por el acceso de cualquier pretensión sobre el resto del predio militar.
El intendente también buscó separar la discusión territorial de la convivencia cotidiana entre la comunidad y quienes integran el Batallón, al remarcar que las familias militares forman parte de la vida social y deportiva de Río Mayo y participan habitualmente de los espacios, servicios y actividades de la localidad.
En ese contexto, Loyaute sostuvo que “ellos son parte de Río Mayo” y recordó que desde el Municipio no se establecen diferencias en el acceso a los servicios públicos, porque “nosotros no les prohibimos entrar al gimnasio, no les prohibimos ir a las plazas, no dejamos de recolectar la basura ni recortamos la iluminación”, una relación que, según planteó, debe preservarse aun cuando exista una controversia concreta por el uso de la costa.
El jefe comunal tampoco desconoció la propiedad militar sobre los terrenos involucrados y afirmó expresamente que “ellos tienen propiedad hasta el río de toda esa zona”, aunque sostuvo que esa titularidad debe analizarse junto con las facultades que atribuyó al Instituto Provincial del Agua para intervenir sobre la ribera y establecer una delimitación vinculada al uso público y recreativo.
Desde esa perspectiva, el planteo municipal no se apoya en considerar que esos terrenos pertenecen a la Municipalidad, sino en la posibilidad de garantizar una franja de circulación claramente separada del resto del predio. Loyaute insistió en que los 30 metros que, según afirmó, estableció el IPA permitirían avanzar con un camino costero sin afectar el funcionamiento de las instalaciones militares.
El reclamo apunta principalmente a recuperar el acceso vehicular, porque aunque determinados sectores pueden alcanzarse caminando, el intendente explicó que algunos de los lugares utilizados tradicionalmente se encuentran a tres o cuatro kilómetros del puente y que esa distancia vuelve poco práctico el ingreso para familias que concurren con niños, bolsos, alimentos y elementos para permanecer varias horas junto al río.
“Donde quedan los mejores lugares son tres mil o cuatro mil metros”, planteó Loyaute al describir la dificultad de recorrer esa distancia con “las criaturas, los bolsos y la conservadora”, y sostuvo que “de ir vamos a ir igual, pero no es lo mismo que podamos acceder con los vehículos”, al remarcar que el objetivo es recuperar una circulación que permita llegar de manera directa hasta esos sectores.
La intención municipal tampoco sería establecer una apertura limitada únicamente a los meses de verano, sino lograr que el camino quede definitivamente delimitado y permanezca establecido en el tiempo. Ante la consulta sobre una eventual habilitación estacional, Loyaute respondió que la idea es “que quede delimitado” y que, una vez ejecutada la traza, el acceso tenga continuidad más allá de cada temporada.
La recuperación del camino implicaría también asumir responsabilidades concretas desde la Municipalidad, porque Loyaute sostuvo que el Ejecutivo ya había comprometido la instalación de recipientes para residuos, la incorporación del sector al recorrido del camión recolector y el mantenimiento general de la costa, al considerar que “uno pide el derecho al paso, pero también tiene que comprometerse con la limpieza”.
En esa misma línea, el intendente afirmó que durante los últimos años se trabajó para generar conciencia entre quienes utilizan el río y consideró que hubo una mejora en el cuidado del lugar, porque “la gente entendió que va al río y se vuelve con su basura”, una conducta que, según señaló, permitió mantener en mejores condiciones distintos sectores de la costa.
La eventual reapertura también obligará a resolver de manera clara la separación entre el camino y las instalaciones militares, especialmente porque durante la entrevista se mencionaron antecedentes de personas que habrían intentado ingresar a sectores internos del Batallón y situaciones relacionadas con disparos durante la noche, episodios que forman parte de las preocupaciones expresadas desde la fuerza.
Loyaute reconoció que ese problema debe ser contemplado y sostuvo que “obviamente hay que delimitarlo”, al recordar que el Municipio ya se había comprometido con el Ejército a construir un cerramiento que permita distinguir sin ambigüedades la franja destinada a la circulación pública de los sectores reservados para uso militar.
La alternativa analizada no sería un cerco romboidal por su elevado costo, sino un alambrado convencional de cinco hilos que permita establecer físicamente esa separación. “Nos habíamos comprometido con el Ejército a delimitarlo en conjunto”, explicó Loyaute, quien consideró que ese tipo de cerramiento sería suficiente para ordenar el tránsito y reducir el riesgo de nuevos ingresos indebidos.
Consultado sobre quién debería afrontar ese trabajo, el intendente asumió que la responsabilidad corresponderá al Municipio, porque “si uno pide el paso, tendría que hacerlo el Municipio”, y adelantó que la intención es avanzar con esa obra una vez que quede firme la delimitación, al considerar que el costo no representa una inversión significativa frente a la necesidad de resolver un conflicto que se arrastra desde hace años.
Loyaute recordó además que comenzó a intervenir en este tema durante su período como concejal entre 2019 y 2023 y utilizó incluso una referencia personal para graficar cuánto tiempo lleva abierta la discusión, al señalar durante la entrevista que conserva “una foto tuya marcando con pasos la ribera cuando yo era concejal”.
Ya desde la Intendencia, aseguró que pudo conseguir una intervención más activa del IPA y relató que representantes del organismo viajaron a Río Mayo, recorrieron la costa, participaron de mediciones junto al Municipio y el Ejército y mantuvieron distintas reuniones, algunas de ellas también en Rawson, mientras en el Concejo Deliberante se fue acumulando documentación vinculada con el conflicto.
Ese recorrido es el que, según explicó, llevó al Ejecutivo a descartar soluciones transitorias que puedan quedar condicionadas a la voluntad de las autoridades de turno, porque “tampoco nos sirve hacer un acuerdo por dos años, porque cambia el jefe o cambia el intendente”, una situación que, a criterio del jefe comunal, podría hacer retroceder nuevamente todo lo avanzado.
El objetivo, sostuvo Loyaute, es alcanzar una definición que permanezca en el tiempo y que garantice un criterio estable para la localidad, porque “queremos que quede delimitado algo para la localidad, para el vecino y que ya sea definitivo”, una postura que el Municipio pretende sostener hasta que el IPA concluya el procedimiento administrativo iniciado sobre la ribera.
La información conocida ahora incorpora un elemento central al conflicto, porque mientras los vecinos comenzaron a reunir firmas después de que el Ejército profundizara el cierre del antiguo camino, el intendente asegura que varios meses antes el Instituto Provincial del Agua ya había establecido una franja de 30 metros y había comunicado esa determinación tanto al Municipio como a la fuerza militar.
La definición pendiente pasa ahora por conocer qué alcance jurídico tuvo aquella notificación, cuáles fueron los argumentos utilizados por el Ejército para cuestionarla y qué resolverá finalmente el IPA, una decisión que determinará si la delimitación se mantiene, si debe ser modificada y bajo qué condiciones podrá materializarse el acceso costero reclamado desde hace años.
Loyaute sostuvo que considera próxima esa instancia y afirmó que “después de mucho tiempo está muy cerca de resolverse”, mientras el acceso ubicado aguas abajo del Puente Nuevo continúa cerrado y el conflicto sigue abierto, con una delimitación de 30 metros que, según aseguró el intendente, ya fue realizada por el organismo provincial pero todavía espera una resolución administrativa definitiva.
