Massoni denunció penalmente a Torres por el manejo de fondos públicos en el conflicto Alpesca–Red Chamber
El abogado de Trelew sostiene que el Gobierno provincial habría utilizado recursos del Estado para cubrir obligaciones de una empresa privada. También pidió investigar un supuesto pedido de coimas mencionado en una demanda judicial en Estados Unidos.
El abogado trelewense Federico Massoni presentó una denuncia penal contra el gobernador de Chubut Ignacio Torres y el fiscal de Estado Andrés Meiszner por presuntas irregularidades vinculadas al conflicto entre la pesquera Alpesca y la empresa Red Chamber Argentina, un caso que vuelve a colocar en el centro de la escena política provincial el manejo de fondos públicos y la intervención del Estado en disputas empresariales.
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal y solicita que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública a partir de decisiones adoptadas por el Gobierno provincial en el marco del conflicto laboral generado tras la salida de trabajadores de la pesquera. En su escrito, Massoni advirtió que, de avanzar la investigación, la responsabilidad penal podría extenderse a otros funcionarios o particulares que surjan vinculados a los hechos denunciados, y anticipó su intención de constituirse como querellante en la causa.
El eje central de la denuncia apunta a un esquema de acuerdos indemnizatorios financiados con recursos provinciales destinados a trabajadores que quedaron fuera del circuito laboral tras la crisis de la empresa. Según el planteo del abogado, esos acuerdos habrían sido instrumentados mediante convenios individuales firmados entre el fiscal de Estado, el secretario de Trabajo Nicolás Zárate, representantes del sindicato STIA y los propios operarios.
El mecanismo contemplaba un pago provincial “total, único y definitivo”, abonado en dos cuotas, junto con la cesión a la Provincia de los créditos laborales que los trabajadores poseen en el juicio por la expropiación de Alpesca. A cambio, se establecía una renuncia amplia a reclamos presentes o futuros contra la empresa.
Para Massoni, este esquema implica que el Estado provincial terminó asumiendo con dinero público obligaciones que, en principio, corresponderían a una firma privada. En ese sentido advirtió que el recupero de esos fondos dependería del resultado de un proceso judicial todavía incierto, lo que —según su interpretación— podría implicar una utilización indebida del patrimonio estatal.
La denuncia también menciona el Decreto Nº 44 firmado el 12 de enero de 2026, mediante el cual el Gobierno de Chubut habría otorgado un aporte de 33,5 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) para asistir económicamente a 67 trabajadores vinculados al conflicto de Red Chamber y la ex Alpesca. Según la documentación citada, el esquema contemplaba pagos individuales de 500 mil pesos con posterior rendición ante el Tribunal de Cuentas.
El escrito incorpora además referencias a publicaciones periodísticas que citan una demanda presentada el 30 de septiembre de 2025 ante una Corte Federal del Distrito Central de California, en los Estados Unidos, en el marco del litigio empresarial entre Red Chamber y la compañía Profand. En ese expediente judicial se menciona una reunión realizada en Buenos Aires en la que —según la versión incluida en la demanda— un funcionario provincial habría planteado un presunto pago ilegal de 6,5 millones de dólares en “B-money”, es decir, dinero no rastreable, a cambio de permitir la continuidad operativa de la empresa y la adquisición de activos.
En su presentación, Massoni sostiene que la combinación de pagos con fondos públicos, acuerdos de renuncia de derechos y la liberación de responsabilidades empresariales podría configurar distintos delitos, entre ellos administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho o posibles exacciones ilegales.
El abogado también planteó que los hechos denunciados podrían representar una afectación directa del patrimonio del Estado provincial y, por lo tanto, de recursos que pertenecen a la comunidad. Bajo ese argumento sostuvo que cualquier ciudadano tiene legitimación para denunciar posibles delitos cuando están comprometidos fondos públicos.
En ese contexto, el caso vuelve a instalar un fuerte debate político en Chubut sobre el rol del Estado en conflictos empresariales y el uso de recursos provinciales para resolver pasivos laborales generados por compañías privadas. Mientras la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal, la denuncia ya introduce un nuevo foco de tensión institucional en la provincia.
