Transporte en Esquel al límite: la empresa recorta horarios, el Concejo exige al intendente que dé la cara
La decisión de la empresa Jacobsen de suspender de manera inmediata la extensión horaria en las líneas 1 y 2 del transporte urbano encendió un conflicto que ya venía acumulando tensión. Sin acuerdo por la tarifa y con advertencias previas ignoradas, el servicio quedó recortado y el Concejo Deliberante ahora apunta directamente al intendente Matías Taccetta para que explique cómo se va a garantizar un servicio básico que hoy empieza a fallar.
La medida fue comunicada formalmente por la empresa, que argumentó un “crítico retraso en la actualización tarifaria” y la imposibilidad de sostener costos operativos bajo el esquema actual. Según consta en la nota presentada ante el municipio, la decisión responde a la falta de definiciones concretas pese a reuniones mantenidas desde diciembre y a la presentación de una estructura de costos actualizada el pasado 10 de abril. El mensaje es claro: sin ajuste de ingresos, el sistema no cierra.
Pero el problema no quedó solo en lo técnico. En el plano político, la reacción fue inmediata. El concejal Martín Escalona, del bloque justicialista, junto a otros ediles de la oposición, solicitó formalmente la presencia del intendente en el Concejo. No es un gesto menor: implica trasladar la responsabilidad al Ejecutivo y obligarlo a dar explicaciones públicas.
El planteo tiene dos ejes. Por un lado, cuestionan la decisión de la empresa de recortar el servicio de forma unilateral. Por otro, sostienen que el municipio es el responsable último de garantizar el transporte. En ese marco, exigieron que Taccetta se presente con el contrato vigente y las intimaciones cursadas a la concesionaria, si es que existieron.
La discusión de fondo es económica, pero el impacto es social. La reducción de horarios golpea directamente a los usuarios que dependen del colectivo para moverse dentro de la ciudad. Sectores como Valle Chico o estudiantes que necesitan trasladarse a establecimientos educativos quedan expuestos a un servicio incompleto. No es un detalle: es una falla en un servicio esencial.
Escalona lo expresó sin rodeos. Cuestionó el esquema tarifario en discusión y marcó un límite político: “Un aumento del 50% en cuatro meses es meterle la mano en el bolsillo del vecino”. Esa frase condensa el conflicto: la empresa dice que no puede operar sin suba, la política dice que ese ajuste es inviable socialmente. En el medio, el sistema se rompe.
Hay un punto que no se puede obviar: la empresa no suspendió todo el servicio, sino las extensiones horarias. Eso implica una estrategia de presión. Reduce costos, mantiene la operación troncal y traslada el conflicto al ámbito político. Es una jugada clásica en concesiones tensas: no cortar del todo, pero incomodar lo suficiente.
El Concejo ahora busca forzar una definición. La convocatoria al intendente no es solo para escuchar explicaciones, sino para exponer si existe o no una estrategia clara. Porque si no hay contrato actualizado, control efectivo ni política tarifaria definida, el problema deja de ser empresarial y pasa a ser de gestión.
El conflicto está lejos de cerrarse. Lo que empezó como una discusión por tarifas terminó revelando algo más profundo: un sistema de transporte frágil, sin equilibrio económico y con decisiones que se toman al borde del colapso. Cuando eso ocurre, ya no se discuten números, se discute gobernabilidad.
