Un caso que obliga a revisar cómo se prestan los servicios policiales en zonas inhóspitas
Gracias a Dios María José San Martín está con vida. Ese es el punto de partida y también el alivio compartido por toda una comunidad que atravesó cinco días de angustia, incertidumbre y preocupación. Pero antes que la comunidad, fueron su familia y sus seres más cercanos quienes dimensionaron con crudeza la magnitud del lugar donde se había perdido su hija, recorriendo y viendo de primera mano un territorio hostil, inmenso y desolado, donde cada hora sin noticias se volvía insoportable.
Ese alivio, sin embargo, no puede convertirse en silencio ni en aceptación pasiva de una realidad que este caso dejó crudamente expuesta.
En ese contexto, resultó llamativo ver a funcionarios celebrando públicamente el desenlace, como si se tratara de un logro institucional. La sociedad no festeja una épica: respira aliviada porque una joven volvió con vida. Empatizar con ese sentimiento colectivo requería otro gesto, otro mensaje, uno que reconociera la gravedad de lo ocurrido y anunciara con claridad la necesidad de revisar protocolos, condiciones de trabajo y mecanismos de prevención.
Para comprender la dimensión de lo sucedido, también es necesario poner en contexto el lugar al que se dirigían. Se trata de un yacimiento de Petrominera Sociedad del Estado, una empresa provincial dedicada a la actividad petrolera, es decir, a uno de los principales recursos económicos de Chubut. Allí, en medio de un territorio inhóspito, sin señal y de difícil acceso, se presta un servicio de seguridad policial indispensable para resguardar infraestructura estratégica.
Y es precisamente ahí donde aparece una contradicción profunda: quienes cuidan ese recurso estratégico lo hacen en condiciones de extrema desprotección. Personal policial que debe trasladarse en vehículos particulares o incluso en motocicleta, sin equipamiento adecuado, sin comunicación garantizada y sin protocolos claros, para resguardar una actividad que concentra inversiones, planificación y recursos en otros niveles, pero no necesariamente en la protección de quienes la custodian.
Lo sucedido expone con crudeza las condiciones reales en las que se desarrollan determinados servicios policiales que cuentan con aval institucional, especialmente en zonas rurales extremas, alejadas del ejido urbano y sin cobertura de comunicaciones. La supervivencia en condiciones extremas suele presentarse como heroísmo, pero cuando ese heroísmo es consecuencia directa de condiciones laborales inadmisibles, lo que aparece no es una hazaña, sino una falla estructural que no debe naturalizarse.
María José San Martín es una oficial joven, a poco tiempo de haber llegado a su destino laboral. Prácticamente al comenzar su tarea recibió de la institución que eligió una señal alarmante: debía poner su propio vehículo para trasladarse a una zona inhóspita, sin señal y que no conocía. En ese punto, la institución que debía respaldarla se retiró simbólicamente, dejándola librada a su suerte, como una forma tácita de bienvenida: “acá las cosas son así”. Esa naturalización de la desprotección es, quizás, uno de los aspectos más preocupantes de todo lo ocurrido.
María José permaneció días a la intemperie, expuesta al sol, al frío y a la tierra, sin agua, sin comunicación y sin asistencia, en cumplimiento de un servicio autorizado. Según trascendió, debió recurrir a mecanismos extremos de supervivencia, propios de situaciones límite. Eso no habla solamente de fortaleza personal, sino también de desamparo institucional. El impacto de atravesar una experiencia así no se agota en el rescate físico: el trauma psicológico, el estrés extremo y las secuelas emocionales que deja una situación de estas características pueden ser profundas e incluso irreversibles.
Este caso obliga a preguntarse, sin señalar personas ni buscar culpables individuales, en qué condiciones se envía personal a trabajar a zonas inhóspitas. San Martín se encontraba cumpliendo un servicio adicional en un área caracterizada por la falta de señal telefónica, extensos tramos de arena y condiciones climáticas adversas. Trascendió además que los traslados hacia ese sector se realizan en vehículos particulares y, en algunos casos, incluso en motocicleta, lo que abre un debate necesario sobre la adecuación de los medios de movilidad, el equipamiento y los protocolos para este tipo de tareas.
De acuerdo a la reconstrucción oficial, el vehículo quedó encajado en un sector de arena, obligando a permanecer en el lugar durante horas. Luego, en un intento por buscar señal, una tormenta de viento y arena terminó separando a las dos agentes. A partir de allí se inició una secuencia compleja que derivó en varios días de búsqueda. Sin ingresar en valoraciones personales, el hecho invita a revisar procedimientos básicos: qué tipo de vehículos son adecuados para estos traslados, qué equipamiento mínimo debería exigirse, cómo se garantiza la comunicación en zonas sin señal y qué mecanismos de alerta se activan cuando un relevo no se concreta en el tiempo previsto.
Nada de esto apunta a cuestionar decisiones individuales, sino a analizar el marco general en el que se desarrollan estos servicios. El servicio adicional no es una actividad informal: se presta con autorización, planificación y conocimiento institucional. Por lo tanto, también debería contar con criterios claros de seguridad y prevención de riesgos, acordes al territorio donde se ejecuta.
Durante cinco días, una familia entera vivió en vilo. Padres, hermanos, afectos y compañeros atravesaron horas interminables sin saber si María José estaba viva. Esa angustia, especialmente para quienes conocieron en carne propia la vastedad y la hostilidad del lugar, también es parte del costo humano de un sistema que muchas veces naturaliza el riesgo como si fuera una condición inevitable del trabajo.
El operativo de búsqueda posterior implicó un enorme despliegue de recursos humanos y materiales, afrontados por toda la sociedad. Ese esfuerzo colectivo refuerza la necesidad de preguntarse si existen instancias previas de prevención que podrían fortalecerse para evitar llegar a situaciones límite.
Agradecer que María José esté viva es humano. Pero no podemos seguir normalizando que un acto de supervivencia extrema sea la consecuencia de condiciones laborales deficientes, especialmente cuando se trata de resguardar uno de los principales recursos económicos de la provincia. Si hoy celebramos el final sin revisar lo ocurrido, mañana estaremos aceptando que el próximo caso quizá no tenga el mismo desenlace.
Cuidar la vida, la salud mental y la dignidad de quienes trabajan para el Estado no es un gesto ni una consigna: es una obligación institucional. Y ese debate, después de lo ocurrido, ya no puede postergarse.
