Investigan a una funcionaria de Trevelin y a un ingeniero por presunta falsificación de documentación pública
La Fiscalía del Chubut formalizó una investigación penal por un certificado vinculado al loteo “Los Ciervos 3”. La acusación sostiene que un documento oficial certificó la existencia de servicios básicos que no estaban disponibles. La defensa negó cualquier intención de cometer un delito.
La Justicia provincial abrió una investigación penal contra una funcionaria de la Municipalidad de Trevelin y un ingeniero por una presunta maniobra de falsificación de documentación pública relacionada con el loteo “Los Ciervos 3”, en una causa que comenzó a partir de reclamos realizados por vecinos del sector.
La audiencia de apertura de la investigación fue encabezada por la fiscal María Bottini, junto al funcionario de Fiscalía Julián Forti, quienes expusieron la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Según la acusación, el 21 de agosto de 2025 la funcionaria, que se desempeñaba como Maestra Mayor de Obras en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Trevelin, emitió un certificado oficial en el que hacía constar que uno de los lotes contaba con redes de energía eléctrica y agua potable, requisito exigido por la normativa municipal y provincial para ese tipo de desarrollos urbanos.
Sin embargo, para la Fiscalía esa certificación no reflejaba la situación real del lugar. La investigación sostiene que el documento fue firmado sin que se hubiera realizado la verificación presencial prevista por la normativa vigente y que los servicios consignados en el certificado no se encontraban efectivamente disponibles.
La causa tomó impulso luego de las presentaciones efectuadas por vecinos del loteo. A raíz de esos planteos, el 4 de septiembre de 2025 se realizó una inspección en el predio, donde se constató el estado de las obras. Un día después, la propia funcionaria dejó sin efecto el certificado original mediante una nueva resolución, indicando que la documentación técnica presentada por el ingeniero —también imputado en la causa— no coincidía con la realidad observada respecto de la red de agua del emprendimiento.
En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal atribuyó responsabilidades diferenciadas a los dos imputados. A la funcionaria se le imputa el delito de falsedad ideológica de documento público, por haber incorporado presuntamente información falsa en un instrumento oficial en ejercicio de sus funciones. En tanto, al ingeniero se le atribuye el delito de falsedad documental, en calidad de autor, por la documentación técnica que habría presentado para respaldar el trámite administrativo, conforme a los artículos 45 y 292 del Código Penal.
Durante la audiencia, la defensa de la funcionaria rechazó la acusación y adelantó que buscará demostrar que su representada no actuó con dolo, es decir, que nunca tuvo la intención de engañar ni de cometer un fraude mediante la emisión del certificado cuestionado.
Con la formalización de la investigación comienza ahora la etapa de producción de prueba. En ese período, tanto la Fiscalía como las defensas incorporarán pericias, documentación y testimonios para determinar si existen elementos suficientes para solicitar la elevación de la causa a juicio oral.
