La firma vinculada al “rey de los trolls” acumuló contratos millonarios en Chubut y quedó bajo observación del Tribunal de Cuentas
Smart Consumer S.A., empresa que tiene entre sus directivos al consultor político Gastón Douek, fue contratada por distintas áreas del Gobierno de Ignacio Torres para servicios de comunicación, publicidad y marketing digital. Los antecedentes oficiales muestran adjudicaciones por cientos de millones de pesos desde 2024 y una continuidad contractual que llegó hasta 2026, cuando el Tribunal de Cuentas detectó falta de fundamentos para procedimientos de excepción, propuestas económicas incompletas o directamente ausentes, documentación societaria pendiente y deficiencias en la acreditación presupuestaria. La trama fue revelada este fin de semana por Diario Jornada.
Las contrataciones de comunicación y publicidad del Gobierno de Chubut quedaron nuevamente bajo la lupa después de una investigación publicada por Diario Jornada, que reconstruyó la relación de diferentes organismos provinciales con Smart Consumer S.A., una consultora vinculada al especialista en comunicación política Gastón Douek y que también opera comercialmente bajo la denominación Prosumia.
Douek integra formalmente la estructura societaria de Smart Consumer como vicepresidente y es conocido dentro del ambiente de la comunicación política por su participación en campañas digitales. En entrevistas periodísticas anteriores reconoció haber trabajado con estructuras masivas de cuentas automatizadas, antecedentes que llevaron a distintos medios nacionales a identificarlo como el “señor” o “rey de los trolls”, aunque esa trayectoria debe diferenciarse de las contrataciones realizadas por el Estado chubutense, ya que los documentos oficiales analizados no acreditan que la Provincia haya financiado cuentas falsas o campañas de desinformación.
Contratos que comenzaron a crecer desde 2024
Los antecedentes oficiales permiten reconstruir una primera etapa durante 2024, cuando el Gobierno provincial autorizó cuatro contrataciones directas vinculadas con servicios de comunicación y publicidad por un total aproximado de 1.500 millones de pesos. Dos de esos contratos fueron adjudicados a Smart Consumer S.A., por 543,4 millones y 203,5 millones de pesos, mientras que P&P Social Media SRL recibió una contratación por 314,6 millones y Adyouwish SRL otra por 438,5 millones.
En el caso de Smart Consumer, los dos contratos de aquel año sumaron aproximadamente 746,9 millones de pesos y comprendieron prestaciones que se extendieron entre abril y diciembre. Uno de los objetos contractuales fue definido por la propia Provincia como un “servicio integral de comunicación”, dentro de un esquema de contrataciones directas administrado desde áreas vinculadas con la comunicación gubernamental.
La relación con Smart Consumer continuó posteriormente dentro del Instituto de Asistencia Social. Durante 2025, el organismo avanzó con una contratación directa por 600 millones de pesos, IVA incluido, para doce meses de servicios de publicidad digital y estrategias de marketing destinadas a promocionar los juegos administrados por el IAS, lo que representaba un costo de 50 millones de pesos mensuales.
Ese expediente fue analizado por el Tribunal de Cuentas y presentó una situación distinta de la que aparecería un año después. El contador fiscal consideró que la contratación se encontraba encuadrada dentro de los requisitos exigidos y valoró los informes incorporados sobre impacto publicitario y repercusión en la recaudación de Telebingo, Quiniela y Quiniela Poceada, aunque desde el área jurídica se reclamó incorporar documentación societaria de Smart Consumer antes de continuar con la adjudicación.
En 2026 aparecieron observaciones más profundas
La situación cambió cuando el Tribunal de Cuentas comenzó a revisar nuevos expedientes durante marzo de 2026. Uno de ellos correspondía a una contratación impulsada por la Agencia Chubut Turismo con Smart Consumer y derivó en el Dictamen 23/26, donde el organismo de control detectó que no estaban debidamente acreditados los fundamentos necesarios para utilizar un procedimiento de excepción.
El Tribunal también observó la ausencia de una propuesta económica completa que permitiera conocer las condiciones de contratación y las especificaciones técnicas del servicio, encontró actas que no contaban con todas las firmas requeridas y exigió incorporar documentación suficiente para acreditar la disponibilidad presupuestaria necesaria para afrontar el gasto.
La particularidad es que esas deficiencias no aparecieron solamente en el expediente de Smart Consumer. El Tribunal revisó paralelamente otras contrataciones promovidas por Chubut Turismo con Adyouwish SRL y FBR S.A. y utilizó incluso la expresión “total simetría” para describir la documentación analizada, porque los tres procedimientos exhibían problemas prácticamente idénticos.
En el caso de Adyouwish, correspondiente al Dictamen 25/26, volvieron a aparecer la falta de fundamentos suficientes para justificar la contratación de excepción, la ausencia de una propuesta económica completa, documentación técnica insuficiente, actas sin las firmas correspondientes y observaciones relacionadas con la acreditación presupuestaria. Una situación similar quedó plasmada en el Dictamen 24/26 referido a FBR S.A., empresa vinculada con la producción de contenidos.
El Tribunal no dispuso directamente la paralización de esos procedimientos, pero dejó establecido que cualquier decisión de avanzar pese a las observaciones formuladas quedaría bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades de la Agencia Chubut Turismo. La coincidencia entre los tres expedientes permite analizar las observaciones como parte de una modalidad administrativa repetida y no solamente como una deficiencia puntual atribuible a un proveedor determinado.
Prosumia y una nueva contratación que no podía tratarse como renovación
Otro de los documentos centrales es el Dictamen 27/26, referido a una nueva contratación del Instituto de Asistencia Social con Prosumia, denominación comercial utilizada por Smart Consumer, prevista para el período comprendido entre marzo de 2026 y marzo de 2027. Allí el Tribunal hizo una aclaración determinante: no se estaba frente a una simple renovación o continuidad del contrato anterior, sino ante una nueva relación contractual que requería iniciar otro expediente y reunir nuevamente todos los antecedentes exigidos.
El organismo señaló que dentro de la documentación remitida no figuraba una manifestación concreta de Smart Consumer expresando su voluntad de celebrar el nuevo contrato y reclamó una propuesta donde quedaran establecidos los valores ofrecidos, las condiciones generales, las especificaciones técnicas y la documentación societaria actualizada de la empresa.
También cuestionó la documentación utilizada para acreditar la disponibilidad de fondos, al considerar que las constancias incorporadas no resultaban suficientes para demostrar correctamente la imputación preventiva del gasto. A eso agregó nuevamente la necesidad de justificar mediante informes objetivos y debidamente fundados por qué correspondía recurrir a un procedimiento de excepción en lugar de utilizar los mecanismos ordinarios de contratación.
La comparación entre ambos períodos muestra una diferencia sustancial. Mientras durante 2025 el Tribunal había considerado básicamente encuadrada la contratación por 600 millones de pesos y había concentrado sus reparos en documentación societaria pendiente, en 2026 encontró un expediente que carecía de elementos centrales para establecer las condiciones de una nueva contratación, junto con otras tres actuaciones de Chubut Turismo que presentaban deficiencias administrativas semejantes.
Diario Jornada estimó en su investigación que el conjunto de consultoras relacionadas con este esquema habría facturado alrededor de 8.000 millones de pesos al Estado provincial, aunque esa cifra global no aparece consolidada de esa manera dentro de los dictámenes del Tribunal de Cuentas analizados. Los documentos oficiales sí permiten comprobar contratos multimillonarios con Smart Consumer y otras empresas desde 2024, la continuidad de esas relaciones durante los años siguientes y una serie de observaciones formales realizadas por el principal organismo externo encargado de controlar el uso de los recursos públicos provinciales.
