Presiones políticas y libertad de prensa: FOPEA puso los ojos en Chubut por el caso Almonacid
El Foro de Periodismo Argentino registró el caso de Diego Almonacid en su Monitoreo de Libertad de Expresión y atribuyó su salida de Radio 3 a presiones políticas. El pronunciamiento nacional llega después de que el periodista denunciara que Ramiro Outeda, subsecretario de Información Pública del Gobierno de Ignacio Torres, le pidió retirar de su medio independiente una entrevista a Sergio Guajardo y que, tras negarse, perdió su trabajo. FOPEA calificó lo ocurrido como un grave atentado contra la libertad de expresión y advirtió que también se encuentra comprometido el derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de interés público.
La denuncia de Diego Almonacid surgió en uno de los momentos de mayor tensión de la interna radical de Chubut, cuando Sergio Guajardo disputaba con el intendente de Trelew, Gerardo Merino, la conducción provincial de la UCR y el sector del dirigente de El Maitén reclamaba voto secreto ante las presiones que aseguraba estaban recibiendo distintos delegados. Guajardo venía planteando una conducción con mayor presencia del interior y una UCR capaz de conservar identidad y pensamiento propio dentro de la alianza que gobierna la provincia, sin promover una ruptura con Ignacio Torres pero cuestionando la subordinación partidaria frente al poder provincial.
En ese contexto, Almonacid (41), periodista con veinte años de trayectoria, entrevistó a Guajardo para Cinco Claves, el sitio periodístico que conduce de manera independiente y que no formaba parte de su relación laboral con Radio 3. Después de publicada la nota, el periodista aseguró que Ramiro Outeda, subsecretario de Información Pública del Gobierno del Chubut, se comunicó con él para pedirle que la retirara porque había generado el enojo de Merino, un planteo que rechazó al considerar que no correspondía bajar una entrevista por el malestar de uno de los dirigentes involucrados en aquella disputa política.
La entrevista permaneció publicada y durante la mañana siguiente llegó la comunicación que terminó con su trabajo en Radio 3. Almonacid identificó a Rubén Simo, responsable del personal de la emisora, como quien le informó la decisión a través de WhatsApp. Ante el Monitoreo de FOPEA aportó posteriormente un detalle todavía más directo sobre aquella comunicación: “Hasta acá llegamos, chau”, fue el mensaje mediante el cual, según su testimonio, le hicieron saber que ya no continuaría en la radio.
El conflicto tampoco habría comenzado aquella noche. Almonacid relató a FOPEA que días antes el dueño de la emisora y el propio Simo ya le habían planteado si pretendía continuar trabajando en Radio 3 o seguir escribiendo en Cinco Claves, una disyuntiva que rechazó porque entendía que su actividad en un proyecto periodístico personal no debía interferir con su empleo. Ese antecedente agrega contexto a una salida que terminó produciéndose inmediatamente después de la entrevista a Guajardo y de su negativa a retirarla ante el pedido que atribuye a Outeda.
FOPEA tomó el caso y habló directamente de presiones políticas
La intervención del Foro de Periodismo Argentino modificó la dimensión que había adquirido el episodio dentro de Chubut. FOPEA no se limitó a expresar solidaridad con Almonacid, sino que incorporó lo sucedido a su Monitoreo de Libertad de Expresión y definió públicamente que deploraba su desvinculación de Radio 3 por estar “motivada en presiones políticas”.
Para reconstruir el episodio, el Monitoreo dialogó directamente con Almonacid, incorporó su relato sobre el pedido de Outeda, la actividad independiente que desarrollaba en Cinco Claves, el planteo previo realizado desde Radio 3 y la forma en que finalmente le comunicaron su salida. La organización también intentó obtener las otras versiones y señaló que buscó comunicarse con Héctor Fernándes, directivo de la emisora, y con autoridades de Información Pública del Chubut, sin conseguir respuestas a las consultas realizadas.
La falta de esas explicaciones adquiere especial relevancia porque la denuncia identifica a un funcionario con responsabilidades directas dentro del esquema comunicacional del Gobierno provincial. Outeda no aparece mencionado únicamente como un dirigente vinculado con la interna radical, sino como subsecretario de Información Pública del Ejecutivo encabezado por Ignacio Torres, señalado por Almonacid como la persona que intervino para intentar que una entrevista publicada en un medio privado dejara de circular.
FOPEA colocó el episodio en un plano mucho más amplio que el de una disputa entre una empresa y un trabajador. La organización sostuvo que lo ocurrido constituye un “grave atentado a la libertad de expresión” y una amenaza al derecho ciudadano de recibir información completa, oportuna y veraz sobre hechos de interés público, especialmente cuando aquello que se intenta informar forma parte de una discusión política que involucra a dirigentes, autoridades partidarias y sectores del Gobierno.
“Negar, acallar, censurar y castigar”
El pronunciamiento de FOPEA fue especialmente duro al analizar las consecuencias de cualquier presión destinada a limitar la circulación de posiciones políticas. La organización recordó que ejercer el periodismo supone informar sobre todo el arco de opiniones alrededor de un asunto de interés público y sostuvo que “negar, acallar, censurar y castigar” resultan incompatibles con los principios republicanos porque restringen ilegítimamente el debate necesario para el funcionamiento de una democracia.
La advertencia cobra particular fuerza por el contenido de la publicación que originó el conflicto. Almonacid no había difundido información privada ni una cuestión ajena al interés ciudadano, sino una entrevista con uno de los dirigentes que disputaban la conducción de un partido integrante de la alianza gobernante de Chubut, en momentos en que esa interna estaba atravesada por cuestionamientos al rol del Gobierno y por el pedido de voto secreto para proteger a quienes pretendían expresar una posición diferente.
Para FOPEA, la afectación tampoco termina en quien firma una nota o pierde un espacio de trabajo, porque cuando se condiciona la posibilidad de publicar una opinión política también se restringe la información disponible para que los ciudadanos evalúen a quienes ejercen funciones de autoridad, conozcan las diferencias dentro de los partidos y formen sus propias conclusiones sobre cuestiones que forman parte de la vida pública.
El registro nacional del caso llega además después de los pronunciamientos surgidos en Chubut desde organizaciones vinculadas con la prensa, entre ellas APRECO, que manifestó su preocupación por lo sucedido y reclamó garantías para ejercer el periodismo sin presiones ni condicionamientos. La intervención de FOPEA eleva ahora esa preocupación a un organismo especializado que monitorea en todo el país situaciones que afectan la libertad de expresión y que decidió incorporar formalmente lo sucedido con Almonacid dentro de ese seguimiento.
Lo que comenzó con una entrevista publicada en Cinco Claves terminó así poniendo a Chubut bajo la mirada de una organización nacional dedicada a documentar ataques contra el ejercicio periodístico. FOPEA no describió la salida de Almonacid como una coincidencia posterior a una disputa editorial, sino que habló expresamente de presiones políticas, después de relevar el pedido para retirar la nota, la negativa del periodista y su inmediata salida de Radio 3.
La interna radical ya terminó, pero el caso que dejó detrás abrió una discusión que permanece vigente y excede ampliamente a Guajardo, Merino o la conducción de la UCR: las condiciones en las que un periodista puede ejercer su profesión cuando publica información que incomoda al poder, la intervención de funcionarios sobre contenidos producidos por medios independientes y el derecho de toda una sociedad a conocer esas voces sin que una presión política determine cuáles permanecen y cuáles desaparecen.
