Cooperativas eléctricas bajo presión: tarifas, salarios y el costo político que nadie quiere firmar
Mientras CAMMESA endurece costos, Luz y Fuerza discute salarios bajo convenio colectivo y Nación avanza sobre cambios en subsidios energéticos y Zona Fría, las cooperativas del interior quedan atrapadas entre números que no cierran y usuarios que cada vez pueden pagar menos. El problema es que la discusión pública casi nunca explica cuánto cuesta realmente producir y sostener la energía. Entonces la factura termina llegando igual, pero sin que nadie haya explicado antes toda la cadena de costos que baja río abajo hasta impactar en la mesa de una familia patagónica.
La discusión por los aumentos tarifarios en las cooperativas eléctricas suele empezar donde el problema termina: la factura que recibe el usuario. El vecino ve una boleta más cara, el Concejo Deliberante queda bajo presión social, la cooperativa pide actualización y rápidamente el debate se transforma en una pelea política entre quienes hablan de tarifazo y quienes advierten sobre una posible crisis financiera del sistema.
Pero el verdadero conflicto empieza mucho antes de que la boleta llegue a una casa. La energía que consume una familia no nace en la cooperativa local. La cooperativa es apenas el último tramo visible de una cadena mucho más compleja donde intervienen generación, transporte, distribución, subsidios estatales, inflación, combustible, costos operativos, convenios colectivos, deuda y mora.
Ahí aparece CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, el organismo que administra el mercado eléctrico nacional y concentra buena parte del costo mayorista de la energía que luego compran distribuidoras y cooperativas para abastecer a los usuarios. Ese punto es central para entender el problema.
Durante años, una parte importante del costo real de generación energética fue absorbida por subsidios del Estado nacional. Eso permitió sostener tarifas artificialmente más bajas respecto del verdadero valor de producir y sostener energía en Argentina. En otras palabras, el usuario no pagaba toda la energía que consumía porque una parte era cubierta por subsidios.
Cuando esos subsidios empiezan a reducirse o cambiar de criterio, el costo real empieza a aparecer mucho más crudamente en la factura y ahí comienza a tensarse toda la cadena. CAMMESA actualiza costos y exige pagos, las distribuidoras trasladan presión a cooperativas, las cooperativas necesitan actualizar tarifas, los concejos deliberantes quedan atrapados entre la realidad financiera y la presión social y finalmente el impacto termina llegando al usuario.
Pero las cooperativas no solamente compran energía. También deben sostener redes, transformadores, cuadrillas, mantenimiento, vehículos, combustible, infraestructura, pérdidas técnicas, agua y cloacas en muchos casos, además de una estructura salarial pesada.
En Chubut, gran parte del sistema cooperativo está encuadrado bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 625/11 entre Luz y Fuerza de la Patagonia y FECHCOOP. Ese convenio regula categorías, antigüedad, adicionales, escalafones y mecanismos salariales. Ahí aparece otra de las discusiones menos explicadas: la paritaria se firma arriba, pero la cuenta se paga abajo.
Cuando Luz y Fuerza acuerda o reclama recomposición salarial, la cooperativa local debe afrontar ese costo concreto. El problema es que muchas veces esos acuerdos salariales quedan muy por delante de la capacidad real de recaudación de pequeñas ciudades o pueblos del interior.
En el sector cooperativo se habla desde hace tiempo del enorme peso que tiene la masa salarial dentro de la estructura de costos. Incluso circulan estimaciones internas que ubican ese impacto en niveles extremadamente altos sobre los ingresos de facturación, aunque esos números requieren respaldo documental para ser tomados como cifras cerradas.
Lo comprobable es que el componente salarial representa uno de los gastos más pesados del sistema y ahí aparece el verdadero cuello de botella financiero. Porque mientras CAMMESA exige pagos, Luz y Fuerza discute salarios, los costos operativos aumentan y la mora crece, los concejos deliberantes muchas veces no quieren aprobar aumentos por el costo político que implica.
En el medio quedan las cooperativas, muchas de las cuales ya advierten que trabajan prácticamente al límite financiero, porque el costo existe aunque políticamente se decida postergar el debate tarifario.
Ese es probablemente uno de los conceptos más importantes de toda esta discusión: la política puede retrasar el aumento, pero no puede hacer desaparecer el costo real del sistema energético. Si la tarifa queda retrasada, crece la deuda, se refinancian pagos, se acumula atraso, se frenan inversiones, se posterga mantenimiento y aumenta la tensión operativa.
Después ocurre algo bastante conocido en Argentina: el atraso acumulado termina explotando en aumentos mucho más bruscos.
La Zona Fría y otro problema que empieza a bajar río abajo
En medio de esa discusión comenzó a aparecer otro elemento que podría profundizar todavía más la presión sobre usuarios y cooperativas del interior patagónico: la posible modificación del esquema de subsidios energéticos y Zona Fría.
El diputado nacional Juan Pablo Luque advirtió en las últimas horas sobre iniciativas nacionales que buscarían modificar el actual sistema de subsidios y trasladar una mayor parte del costo energético directamente a los usuarios.
“Menos subsidios, tarifas más altas y un criterio que no contempla nuestra realidad”, sostuvo el dirigente peronista al cuestionar una eventual reforma del esquema energético nacional.
Las placas difundidas por el legislador hablan de posibles incrementos en tarifas de gas y electricidad para sectores que queden fuera del esquema subsidiado. Sin embargo, esos porcentajes todavía deben leerse como estimaciones políticas o escenarios proyectados y no como cuadros tarifarios oficiales ya definidos.
De todos modos, el planteo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que en Patagonia aparece cada vez con más fuerza: el consumo energético en el sur no funciona bajo la misma lógica que en otras regiones del país.
Hay más meses de calefacción, mayor demanda energética, distancias más largas, costos logísticos superiores y economías regionales mucho más sensibles al impacto tarifario. Por eso el esquema de Zona Fría históricamente fue presentado como una herramienta de compensación territorial frente a condiciones climáticas y de consumo distintas al resto del país.
Y ahí es donde esta discusión se conecta directamente con la crisis que ya vienen describiendo muchas cooperativas eléctricas. Porque incluso con subsidios todavía vigentes, las cooperativas ya vienen discutiendo aumentos por atraso tarifario, presión salarial, incremento de costos operativos y obligaciones crecientes con CAMMESA.
La incógnita que empieza a aparecer ahora es todavía más delicada: qué pasará si una parte todavía mayor del costo real de la energía comienza a trasladarse directamente al usuario.
Porque si el retiro de subsidios avanza, aumentará el valor final de la energía, crecerá el peso de las facturas sobre hogares y comercios, podría aumentar la mora y las cooperativas quedarían todavía más tensionadas financieramente en un sistema que ya muestra señales de fuerte desgaste económico.
Ahí vuelve a aparecer el concepto que atraviesa toda la discusión energética actual: el costo del sistema no desaparece, solamente cambia quién lo absorbe.
Durante años una parte importante quedó cubierta por subsidios nacionales. Hoy la discusión parece empezar a desplazarse hacia otro escenario: cuánto de ese costo terminará finalmente bajando río abajo hasta impactar directamente sobre los usuarios patagónicos, en una región donde el consumo energético no es un lujo, sino una necesidad atravesada por el clima, las distancias y una economía cada vez más ajustada.
