Glaciares en Argentina: qué cambia con la actualización de la ley y cómo impacta en Chubut
El país cuenta con miles de glaciares distribuidos a lo largo de la Cordillera, y Chubut concentra 1.471 de esos cuerpos de hielo. Mientras San Juan, Mendoza y Santa Cruz lideran en cantidad, el Congreso avanzó recientemente en una actualización de la Ley de Glaciares que refuerza controles, redefine criterios técnicos y reaviva el debate entre desarrollo productivo y protección ambiental en todas las provincias cordilleranas.
Argentina es uno de los territorios con mayor superficie glaciar de América del Sur fuera de la Antártida. El Inventario Nacional de Glaciares identifica miles de cuerpos de hielo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. San Juan encabeza el registro con 4.572 glaciares, seguida por Mendoza con 4.172 y Santa Cruz con 2.420. En la Patagonia central, Chubut registra 1.471, mientras que Neuquén contabiliza 519 y Río Negro 271.
Más allá de la cifra, el rol es estratégico: los glaciares funcionan como reservas naturales de agua dulce, liberando caudal en forma gradual y sosteniendo ríos, lagos y sistemas productivos en épocas secas. En una provincia como Chubut, donde los ciclos de sequía y la variabilidad climática impactan cada temporada, ese aporte no es teórico: es estructural para el equilibrio hídrico regional.
La protección de estos cuerpos de hielo quedó establecida en 2010 con la Ley Nacional 26.639, que los declaró reservas estratégicas de recursos hídricos y prohibió actividades que puedan afectarlos, como la minería o la exploración hidrocarburífera en zonas glaciares y periglaciares. Esa norma también dio origen al Inventario Nacional de Glaciares como herramienta técnica obligatoria.
En la actualidad, el Congreso aprobó una actualización de esa legislación que profundiza el régimen de control y clarifica criterios que durante años generaron controversias judiciales y políticas. La nueva redacción refuerza la delimitación técnica obligatoria de las áreas protegidas, exige estudios de impacto ambiental específicos para proyectos cercanos a glaciares y establece mayores responsabilidades de supervisión y sanción ante posibles daños.
El debate no es menor. En provincias con fuerte actividad minera, como San Juan y Mendoza, la discusión se centra en el alcance de las restricciones y en el equilibrio entre inversión y preservación. En la Patagonia, el foco se desplaza hacia la seguridad hídrica a largo plazo y la adaptación frente al retroceso glaciar asociado al cambio climático.
Para Chubut, el impacto se inscribe en una realidad concreta: la necesidad de garantizar disponibilidad de agua en un escenario de menor precipitación y mayor presión sobre las cuencas. La actualización de la ley no modifica la cantidad de glaciares existentes, pero sí endurece los criterios de intervención sobre el territorio cordillerano y refuerza el principio de prevención ambiental.
El mapa nacional muestra que la mayor concentración se ubica en la franja andina, pero el desafío es común. La discusión actual no se limita a contar glaciares, sino a definir cómo se gestionan. En ese equilibrio entre desarrollo y conservación se juega buena parte del futuro hídrico de las provincias cordilleranas, incluida Chubut.
