Las Plumas: el Tribunal de Cuentas formuló un cargo por $166 millones y Bowman admitió una “grave falta administrativa”
El organismo de control provincial observó egresos por más de $77 millones sin respaldo documental válido, inconsistencias por otros $21 millones y sumó cargos vinculados con la mora y la falta de respuesta. El presidente comunal reconoció falencias en la documentación, aseguró que podrá regularizarlas y rechazó que haya existido apropiación de fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas de Chubut formuló un cargo solidario por $166.021.355 contra el presidente de la Comuna Rural de Las Plumas, Gilberto Sergio Ariel Bowman, y la tesorera Natalia Emilce Huenchillan, a partir de observaciones realizadas sobre la administración de fondos públicos correspondientes al ejercicio 2024.
Entre las irregularidades señaladas aparecen egresos por más de $77 millones que no contaban con respaldo documental válido. El organismo también detectó inconsistencias por aproximadamente $21 millones en los ingresos y computó alrededor de $66 millones vinculados con mora administrativa y la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos.
La situación tuvo una respuesta pública del propio Bowman. En una entrevista con Radio Chubut, el jefe comunal reconoció que existió una “grave falta administrativa” y explicó que parte de las observaciones corresponden a documentación que no fue incorporada correctamente a los expedientes. Mencionó, entre otros ejemplos, órdenes de cobro sin firma y la ausencia de copias de DNI de beneficiarios.
Bowman sostuvo que podrá completar la documentación requerida y atribuyó las falencias a su falta de experiencia previa en la administración pública. Según explicó, provenía del sector privado y desconocía algunos de los procedimientos exigidos para documentar y rendir los movimientos de fondos ante los organismos de control.
El presidente comunal buscó diferenciar esas irregularidades administrativas de una eventual apropiación del dinero. Al referirse al reclamo, afirmó que no hubo una “metida de mano en la lata” y sostuvo que las observaciones podrán ser aclaradas mediante la presentación de los comprobantes y antecedentes faltantes.
El expediente actual, sin embargo, tiene un antecedente directo. En marzo de 2025, el Tribunal de Cuentas ya había sancionado a Bowman con una multa de $175.634,50 por no haber presentado las rendiciones correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre de 2024. La resolución consignó que previamente se habían dictado dos intimaciones para reclamar documentación de distintos períodos y que, vencidos los plazos otorgados, persistían rendiciones pendientes.
Durante ese mismo ejercicio, la Comuna Rural de Las Plumas recibió distintos aportes provinciales sujetos a rendición. Entre ellos aparecen $9,94 millones para el proyecto ambiental “Reciclar es Cuidar(nos)”, $15,004 millones destinados a la reparación de equipos electromecánicos del sistema cloacal y otros $12,4 millones para afrontar el traslado y alojamiento de jinetes, delegados y músicos que participarían del Festival de Jesús María de enero de 2025.
Los actos administrativos que otorgaron esos fondos establecieron expresamente quién debía responder por su utilización. En el aporte ambiental, Bowman y Huenchillan fueron designados responsables de la administración y rendición; en el subsidio para Jesús María, esa obligación quedó directamente a cargo del presidente comunal. Los decretos también fijaron plazos para invertir el dinero y presentar posteriormente las rendiciones ante el Tribunal de Cuentas.
Ese antecedente agrega un elemento a la explicación brindada ahora por Bowman sobre su desconocimiento de los procedimientos administrativos. Las observaciones por falta de rendiciones ya habían derivado en intimaciones durante 2024 y posteriormente en una multa formal del Tribunal de Cuentas en marzo de 2025.
El cargo por $166 millones no implica por sí mismo una determinación penal sobre el destino del dinero. El trámite se encuentra dentro del ámbito de control de las cuentas públicas y la respuesta de Bowman apunta precisamente a subsanar la documentación observada. La discusión administrativa quedará atada a lo que finalmente pueda acreditar ante el organismo y a la resolución que adopte el Tribunal sobre los montos reclamados.
