Sarmiento: el conflicto en el Concejo Deliberante sigue sin definición y espera una resolución judicial
La crisis institucional que atraviesa el Concejo Deliberante de Sarmiento continúa abierta y sin una definición concreta, mientras el conflicto permanece judicializado y a la espera de un pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia. La disputa, que se originó tras las elecciones municipales de medio término, derivó en una compleja situación política, institucional y administrativa que impacta tanto en el funcionamiento del cuerpo legislativo como en la gestión del Departamento Ejecutivo.
El escenario comenzó a configurarse luego de los comicios, que dejaron una conformación inédita del Concejo Deliberante, con el oficialismo sin mayoría propia. En ese contexto, durante la sesión preparatoria para definir la mesa directiva se produjo un empate en la votación para la presidencia entre Rubén Camarda y Martín Fernández. A partir de ese resultado surgieron interpretaciones contrapuestas sobre el procedimiento a seguir.
Desde el oficialismo sostienen que la Carta Orgánica Municipal habilita al concejal de mayor edad a ejercer el doble voto en caso de empate, lo que permitiría a Camarda asumir la presidencia. La oposición, en cambio, argumenta que la Carta Orgánica no contempla el doble voto en la sesión preparatoria y que el Reglamento Interno del Concejo —por el cual el cuerpo se venía rigiendo— establece de manera expresa que, ante un empate, la presidencia corresponde al primer concejal de la lista que resultó ganadora en la última elección, lo que recaería en Martín Fernández, del vecinalismo. De confirmarse esta interpretación, se trataría de un hecho inédito, con la oposición quedándose con la conducción del Poder Legislativo local.
La controversia se profundizó cuando Camarda se autoproclamó presidente del Concejo, decisión que fue desconocida por sectores de la oposición, que objetaron la legalidad del procedimiento. A partir de allí se sucedieron presentaciones formales, sesiones cuestionadas, cuartos intermedios prolongados —uno de ellos de aproximadamente cuatro días— y un creciente clima de tensión política.
Días después, la renuncia del concejal Carlos Camargo sumó un nuevo foco de conflicto, al abrir un debate sobre el reemplazo de la banca y el cumplimiento del orden de suplencias y la paridad de género. Según un dictamen de la Secretaría Electoral Permanente de Chubut, el concejal suplente que debe asumir es Lucas Gognat, aunque la situación quedó atravesada por el contexto general de judicialización.
En este marco, el 13 de enero de 2026 el Partido Alternativa Vecinal informó públicamente que, ante las irregularidades detectadas en la votación de la mesa directiva, se presentó una medida cautelar para que sea el Poder Judicial quien determine lo que corresponde. La acción fue promovida de manera conjunta por representantes de Alternativa Vecinal, La Libertad Avanza y el Partido Justicialista, quienes coincidieron en priorizar la defensa de la legalidad y la normalidad institucional por encima de las diferencias partidarias. También se aclaró que la feria judicial fue habilitada para el tratamiento de la causa y que los costos de la acción no recaen sobre fondos públicos.
Un día después, la concejal Ana Reyes ratificó esa postura mediante un comunicado propio, señalando que la decisión de avanzar por la vía judicial responde a inconsistencias en la aplicación de las normativas vigentes y a la responsabilidad institucional de garantizar el correcto funcionamiento de los poderes del Estado. Reyes remarcó que la medida no persigue fines políticos partidarios y reafirmó su compromiso con la transparencia y el respeto a las reglas democráticas.
Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, el conflicto también repercute en el Ejecutivo municipal. En los primeros días de enero, la Municipalidad de Sarmiento difundió un comunicado informando la suspensión de diversos servicios y trámites, argumentando que la falta de aprobación de la Ordenanza General Impositiva 2026 impedía el cobro de tasas e impuestos. Esta decisión generó reacciones en distintos sectores y motivó incluso pedidos públicos de acceso a la información por parte de vecinos, que solicitaron precisiones sobre la base legal de la medida y la posibilidad de aplicar la prórroga del presupuesto anterior, prevista en la Carta Orgánica Municipal.
Desde la oposición sostienen que, de acuerdo al artículo 61 de la Carta Orgánica, el presupuesto del año anterior se prorroga automáticamente hasta la aprobación de uno nuevo, lo que permitiría la continuidad administrativa. El oficialismo, por su parte, insiste en la necesidad de contar con la nueva tarifaria, en un contexto económico complejo marcado por la caída de ingresos por regalías, una situación que afecta a numerosos municipios de la provincia.
En medio de este escenario, la figura del intendente Sebastián Balochi aparece atravesada por la disputa legislativa. Mientras algunos sectores señalan que el Ejecutivo podría mantenerse al margen del conflicto y garantizar el funcionamiento del municipio con las herramientas legales vigentes, otros interpretan que la estrategia adoptada busca presionar para destrabar una definición política y económica clave.
La controversia institucional también se refleja en aspectos administrativos. Actualmente, la página oficial del Concejo Deliberante permanece desactualizada, con autoridades anteriores y concejales que ya no integran el cuerpo, una situación que se da en paralelo a la discusión sobre quién ejerce efectivamente la presidencia: para una parte de la dirigencia Camarda es el presidente, mientras que para otra ese rol debería ser ocupado por Fernández.
Con el conflicto aún sin resolución, el Concejo Deliberante funciona bajo una doble lectura institucional y la ciudad permanece a la espera de una definición judicial que permita ordenar el funcionamiento del órgano legislativo, despejar la controversia sobre la presidencia y restablecer reglas claras para la vida institucional de Sarmiento.
