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Gobernador Costa: el hospital funciona con una sola médica y Salud avanza con el desalojo de viviendas oficiales ocupadas por profesionales del propio establecimiento

El Hospital Rural “Isaac Mehaudy” atraviesa desde hace años dificultades para incorporar y retener médicos y actualmente sostiene guardias y consultorio con una sola profesional. En ese mismo escenario, Salud inició el recupero de dos viviendas oficiales ocupadas desde hace más de una década por trabajadores del propio establecimiento. Una de las afectadas es la licenciada en Enfermería Cinthia Carrizo, quien vive junto a su pareja José Piñeiro —también enfermero— y su hija de 2 años. La situación muestra una deficiencia que nunca terminó de resolverse: faltan viviendas para quienes se pretende incorporar, pero tampoco existe una respuesta habitacional para profesionales que llevan años sosteniendo el sistema sanitario de Gobernador Costa.

Cinthia Carrizo llegó desde Comodoro Rivadavia a Gobernador Costa en marzo de 2014 junto a su pareja, José Piñeiro. Los dos son enfermeros y desde entonces trabajan en el Hospital Rural “Isaac Mehaudy”. José es oriundo de la localidad, se había marchado siendo joven para estudiar y trabajar y decidió regresar a su pueblo junto a Carrizo para incorporarse al sistema sanitario.

“Los dos hace 12 años que estamos, los dos enfermeros. Entre los dos son 24 años sosteniendo este hospital”, explicó Carrizo al reconstruir una historia que comenzó con la decisión de instalarse en Gobernador Costa para trabajar y que ahora los encuentra frente a un procedimiento para dejar la vivienda de servicio donde viven junto a su hija de 2 años.

La casa pertenece a la Secretaría de Salud de Chubut y está ubicada en el barrio 50 Viviendas. La propia administración provincial reconoce que Piñeiro la ocupa desde marzo de 2014, aunque durante los primeros once años esa permanencia no fue formalizada mediante un contrato de comodato. Recién en abril de 2025 Salud instrumentó un convenio por un año y únicamente a nombre del enfermero.

Carrizo cuestionó particularmente ese recorrido administrativo porque durante más de una década permanecieron en el inmueble sin que Salud formalizara la ocupación y ahora enfrentan un plazo reducido para conseguir otra casa. “Estuvimos 11 años sin que Esquel nos haga firmar ningún contrato de vivienda. Recién en abril de 2025 le hicieron firmar a José solo por un año. Yo no firmé nada y tampoco figura en el contrato nuestra hija menor de edad”, señaló.

El comodato venció en abril y el 31 de julio comenzó el procedimiento para recuperar la vivienda. Piñeiro presentó un descargo solicitando que se contemplara la situación familiar y posteriormente la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Noroeste dictó la Disposición 173/2026, que estableció el 14 de octubre como fecha límite para entregar el inmueble. José fue notificado el 31 de agosto y firmó dejando asentada su disconformidad.

La familia no desconoce que la casa pertenece al Estado ni reclama quedarse definitivamente con ella. Carrizo explicó que el planteo apunta a suspender la medida o conseguir una extensión que les permita encontrar una alternativa dentro de la propia localidad. “No estamos pidiendo que nos regalen la casa. Tampoco desconocemos que el contrato de comodato se encuentra vencido. Lo que necesitamos es que se renueve el contrato o se extienda la prórroga por un tiempo razonable hasta conseguir una alternativa habitacional digna y real dentro de Gobernador Costa”, sostuvo.

Desde la primera intimación comenzaron a buscar un alquiler, pero Carrizo asegura que después de aproximadamente un mes y medio todavía no encontraron una vivienda que responda a las necesidades del grupo familiar. Esa dificultad es uno de los puntos con los que cuestiona la afirmación de la conducción hospitalaria respecto del tiempo que tuvieron para solucionar su situación.

La Dirección admite que hace más de diez años Gobernador Costa no logra sostener médicos permanentes

El procedimiento para recuperar las viviendas se desarrolla mientras el propio Hospital Rural atraviesa dificultades reconocidas oficialmente para sostener su plantel médico. En una respuesta enviada al Concejo Deliberante, la directora Ana Milena Llancamán señaló que Gobernador Costa lleva más de diez años sin contar con un médico permanente y recordó que durante un período de tres meses la atención llegó a depender de guardias cubiertas por profesionales provenientes de otros hospitales.

En esa misma respuesta, Llancamán confirmó que actualmente el Hospital Rural cuenta con una sola médica para realizar guardias y atender consultorio y que se están realizando gestiones ante la Secretaría de Salud para conseguir nuevas incorporaciones. La falta de profesionales que motivó el reclamo inicial de los trabajadores aparece así reconocida por la propia conducción del establecimiento.

La situación médica y el problema habitacional terminan cruzándose porque las casas oficiales constituyen uno de los recursos utilizados para facilitar la llegada de personal sanitario a pequeñas localidades. Sin embargo, en Gobernador Costa no se amplió durante todos estos años la capacidad habitacional suficiente para responder simultáneamente a quienes ya se radicaron y a quienes eventualmente puedan incorporarse.

Llancamán calificó de “irregular e injusta” la permanencia y Carrizo respondió: “¿Qué es lo injusto?”

En su respuesta al Concejo Deliberante, Llancamán también se refirió a dos viviendas de Salud ubicadas en el barrio 50 Viviendas, una ocupada desde 2011 y otra desde marzo de 2014. La directora calificó esas situaciones como “irregulares e injustas” y sostuvo que sus ocupantes habían tenido tiempo suficiente para resolver su situación habitacional.

Esa consideración fue la que llevó a Carrizo a hacer público su descargo. La licenciada en Enfermería contrapuso la permanencia laboral de ambos dentro del hospital con las dificultades que atraviesa el propio sistema para conseguir personal. “Yo le pregunto a la directora: ¿qué es lo injusto? ¿Que dos enfermeros nos vengamos al interior a sostener un hospital que hace más de diez años no tiene médico permanente, como dice ella misma en su nota?”, cuestionó.

Carrizo también puso el foco en una realidad que excede a su familia y que, según sostiene, atraviesa a buena parte de Gobernador Costa. “Hay familias nacidas y criadas acá que llevan 20 o 30 años sin poder acceder a la casa propia. Si ellos no pueden, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué me queda a mí, que ni siquiera nací acá, que vine hace 12 años de Comodoro Rivadavia con mi pareja y que hace dos años tengo una nena?”, planteó.

La profesional resumió su cuestionamiento en el contraste entre los once años durante los cuales Salud no formalizó el comodato y el plazo que ahora se les impone para abandonar la casa: “Once años sin que Esquel nos haga un contrato y ahora en 45 días pretenden que resolvamos lo que el pueblo entero no puede resolver en 30 años”.

La segunda vivienda también está ocupada por trabajadores del Hospital Rural

El procedimiento no involucra únicamente a Carrizo y Piñeiro. La propia Dirección del hospital reconoce que son dos las viviendas oficiales cuya devolución fue requerida y que la segunda se encuentra ocupada desde 2011.

Carrizo explicó que allí vive otro enfermero junto a su pareja, quien también trabaja en el Hospital Rural, y su hijo menor de edad. Decidió no identificar públicamente a sus compañeros porque por el momento prefieren mantener reserva, aunque confirmó que también fueron notificados para restituir la vivienda.

“No somos los únicos en esta situación. Hay otra familia de compañeros de Salud que está hace más de 15 años en la otra vivienda de servicio. Uno de ellos también es enfermero y vive con su pareja, también trabajadora del hospital, y con su hijo menor de edad”, indicó.

Las dos casas cuyo recupero impulsa Salud están así ocupadas por personas que continúan vinculadas laboralmente con el mismo establecimiento. No se trata de trabajadores que dejaron el sistema y permanecieron en inmuebles oficiales después de su desvinculación, sino de profesionales que siguen cumpliendo funciones en un hospital que paralelamente reconoce dificultades para sostener recursos humanos.

El déficit de viviendas obliga a disputar las mismas casas entre quienes están y quienes podrían llegar

Detrás de los comodatos vencidos aparece un problema más amplio. Gobernador Costa necesita atraer médicos y otros profesionales sanitarios, pero no cuenta con suficiente disponibilidad habitacional para hacerlo sin afectar a trabajadores que ya se encuentran radicados en la localidad.

Los documentos administrativos conocidos no identifican a médicos determinados que ya tengan asignadas las viviendas ni establecen que las casas vayan a ser entregadas inmediatamente a profesionales específicos. Sin embargo, la propia Dirección reconoce al mismo tiempo la necesidad de incorporar médicos y la decisión de recuperar dos unidades ocupadas actualmente por trabajadores del hospital.

La falta de una política habitacional suficiente termina funcionando como una sábana corta: generar disponibilidad dentro del parque existente implica dejar sin esa cobertura a profesionales que también necesita el sistema. Recuperar dos viviendas puede liberar dos unidades, pero no aumenta la cantidad de casas disponibles para Salud ni resuelve qué ocurre con quienes deben abandonarlas.

En el caso de Carrizo y Piñeiro, ambos llegaron a Gobernador Costa para trabajar en 2014, permanecieron doce años dentro del Hospital Rural, formaron allí su familia y continúan desempeñándose como enfermeros. Ahora deben encontrar una nueva vivienda en la misma localidad donde decidieron quedarse y donde el propio Estado admite que tiene dificultades para sostener a sus profesionales.

Carrizo pidió que las autoridades provinciales conozcan personalmente la situación e invitó públicamente al secretario de Salud y a los responsables de la estructura sanitaria de Esquel a trasladarse hasta Gobernador Costa. “Que vengan a hablar con nosotros, con las familias involucradas, cara a cara. Que vengan a ver cómo vivimos, cómo trabaja este hospital sin recursos médicos hace más de diez años y que conozcan a los dos menores que quieren desalojar. Nosotros estamos acá para dialogar”, expresó.

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