La contratación del Plan Esquel 2030 había sido cuestionada en 2025 y ahora el Tribunal de Cuentas reclama respuestas al Municipio
Los primeros pedidos de información surgieron cuando se conoció el pago directo de $100 millones a Economía y Regiones S.A. por una “primera etapa” del plan turístico. La oposición avanzó después sobre un contrato que ubicó en $397,8 millones y Scalona llevó el procedimiento al Ministerio Público Fiscal. Más de un año después, tres resoluciones del Tribunal de Cuentas registran requerimientos sin responder y emplazan al intendente Matías Taccetta y a funcionarios y exfuncionarios municipales.
La intervención del Tribunal de Cuentas de Chubut sobre la contratación de Economía y Regiones S.A. no abrió una discusión nueva en Esquel. El expediente que ahora derivó en tres emplazamientos al Municipio tiene como antecedente una contratación realizada en 2025 que ya había provocado pedidos de informes en el Concejo Deliberante y posteriormente una presentación ante el Ministerio Público Fiscal.
El primer documento que puso números sobre la contratación fue la Resolución Municipal N.º 773/2025. El Ejecutivo autorizó entonces el pago directo de $100 millones a Economía y Regiones S.A. para desarrollar el Plan Estratégico de Turismo Sostenible Esquel 2030. La propia resolución especificó que el desembolso correspondía a una “primera etapa”, con entregas parciales sujetas a la aprobación de informes técnicos.
Esa definición abrió los primeros cuestionamientos. Si los $100 millones correspondían solamente a una etapa, quedaba por conocer cuánto costaría el proyecto completo, cuántas etapas tendría y bajo qué procedimiento se realizarían los desembolsos restantes. Desde la oposición comenzaron a reclamar el expediente y la documentación que respaldaba la contratación directa.
El tema avanzó después con el concejal Martín Scalona, quien pidió información sobre el origen de los fondos, los montos y el circuito administrativo utilizado para contratar a la consultora. El edil terminó llevando el caso al Ministerio Público Fiscal y sostuvo en su presentación que el monto total de la contratación alcanzaba los $397.800.000.
La denuncia de Scalona puso el foco precisamente sobre la diferencia entre los $100 millones autorizados en aquella primera resolución y el valor global que atribuyó al contrato. Según su presentación, debía investigarse si el procedimiento utilizado había implicado un fraccionamiento de la contratación y si correspondían controles previos que no se habrían cumplido. Esa hipótesis fue llevada a la Justicia y no debe confundirse con una irregularidad ya determinada.
La discusión también llegó a la Legislatura provincial. La diputada Norma Arbilla reclamó información sobre la contratación de Economía y Regiones S.A., mientras los cuestionamientos comenzaron a extenderse sobre los antecedentes de la consultora y las contrataciones realizadas con organismos públicos.
Más de un año después de aquellos primeros planteos, el Tribunal de Cuentas tiene abierta la Actuación N.º 1.862/2026, caratulada específicamente por la “Contratación Consultora Economía y Regiones S.A. – Plan Estratégico de Turismo Sostenible Esquel 2030”. Y los documentos publicados ahora incorporan un dato que hasta entonces no estaba: el organismo provincial formuló requerimientos dentro de ese expediente y la Municipalidad no los respondió.
Las resoluciones 162/26, 163/26 y 164/26, todas fechadas el 26 de agosto, corresponden a tres notas diferentes de la Fiscalía N.º 3 del Tribunal. Ante la falta de contestación, el organismo otorgó un plazo de 15 días y advirtió sobre la aplicación de las medidas previstas en la Ley V N.º 71 si persistía el incumplimiento.
Uno de los emplazamientos alcanza al intendente Matías Taccetta y al presidente del Ente Mixto de Turismo, Walter Torres. Otro comprende a Taccetta y al secretario General de Intendencia, Juan Ripa. La tercera resolución incluye también a María Florencia Garzonio, Ricardo Braga Beatove, Mariano Riquelme y Gustavo Simielli, funcionarios y exfuncionarios relacionados con distintas instancias del procedimiento.
El bloque del PJ retomó ahora aquellos antecedentes y vinculó las actuaciones del Tribunal con los cuestionamientos que había realizado anteriormente. “Lo advertimos y lo denunciamos en su momento”, señaló el espacio, que recordó los pedidos de información y la presentación efectuada ante el Ministerio Público Fiscal.
Las resoluciones del Tribunal no determinan todavía que haya existido el fraccionamiento denunciado por Scalona ni establecen que los $397,8 millones constituyan una erogación ilegítima. Sí confirman que el organismo de control abrió una actuación específicamente sobre esa contratación, formuló al menos tres requerimientos y debió emplazar formalmente a los responsables porque las respuestas no habían sido presentadas.
El recorrido del expediente permite establecer una secuencia concreta: en abril de 2025 se autorizó el pago directo de $100 millones por una primera etapa; luego aparecieron los pedidos de informes de la oposición y la denuncia sobre el monto global de la contratación; en 2026 intervino el Tribunal de Cuentas y, al 26 de agosto, tenía tres requerimientos sin contestar. Las respuestas que ahora debe presentar el Municipio serán las que permitan conocer qué observaciones concretas formuló la Fiscalía N.º 3 y qué documentación reclamó sobre una contratación que lleva más de un año bajo discusión.
