Editorial | Una ley que no llega y una salud que no alcanza.

¿Para qué afilian gente en los pueblos si no hay salud real cuando más se necesita?
Esa pregunta, que puede sonar incómoda, es también urgente. Se vuelve más dolorosa cuando viene del lado de quienes están enfermos y solos, tratando de entender un sistema sanitario que no los reconoce ni los cuida.

Una mujer de una localidad del interior de Chubut está atravesando un cáncer. Junto a su esposo, ambos empleados de la misma repartición, están afiliados a la misma obra social. Incluso siendo convivientes y con dos descuentos en los recibos, eso ya debiera representar una incompatibilidad, pero no cuando se trata de recaudar. Tienen hijos pequeños, que también sienten el impacto profundo de esta situación que atraviesa toda la familia. Y sin embargo, todo lo que debería estar garantizado por ley —traslados dignos, alojamiento, contención social y emocional, asesoramiento para trámites— se convierte en una batalla diaria contra la indiferencia, la desidia y la burocracia. El tratamiento no puede hacerse en su localidad. Deben viajar a otra ciudad distante. Y allí comienzan los obstáculos. La obra social no te cubre el traslado en vehículo adecuado, la paciente oncológica viaja en colectivo. No hay quien la reciba, la guíe, la acompañe. No hay subsidio para quedarse.

Solo un: “no se puede”, “no te cubre”.

Además, muchas veces el paciente no sabe cómo manejar los trámites, no comprende los procesos administrativos y carece de acompañamiento para sortearlos. Esa ignorancia no es culpa de quien sufre, sino de un sistema que no se adapta ni ofrece herramientas para que cada persona pueda acceder a sus derechos.

Pero esa localidad, dentro de todo, aún tiene hospital.
¿Y qué pasa con quienes viven en lugares más chicos aún?
¿Qué pasa con los afiliados de Lago Blanco, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, Buen Pasto, Facundo, Aldea Apeleg o Senguer? Allí, muchas veces ni hay médico clínico permanente. El sistema los afilia, les descuenta cada mes, pero cuando llega la enfermedad compleja, los empuja a caminar solos en el desierto administrativo.

La Ley Nacional de Cáncer (N.º 27.675) establece que deben garantizarse los traslados, los alojamientos, el acompañamiento psicosocial y una atención equitativa, sin importar el domicilio. Pero la ley no viaja. No tiene mecanismos obligatorios para que los gobiernos provinciales cumplan, ni sanciones si no invierten en centros oncológicos locales o en garantizar esos traslados y alojamientos. En la periferia, esta “equidad territorial” que la ley proclama se diluye en el olvido.

No exige tampoco que haya asistentes sociales o gestores que acompañen a los pacientes en la burocracia, esos papeles, trámites y autorizaciones que para muchos son un idioma desconocido. Sin ese acompañamiento, la salud se vuelve algo inaccesible, no solo por falta de tratamientos, sino por la ignorancia frente al sistema mismo.

La ley tampoco contempla estrategias para pacientes que no tienen conectividad, dispositivos o habilidades para hacer trámites en línea. Es decir, olvida la alfabetización en salud y la accesibilidad administrativa. En la práctica, la vulnerabilidad educativa, digital o cognitiva queda afuera, y el paciente queda solo, muchas veces abandonado.

Aunque habla de cubrir gastos como alojamiento o comida, la ley no crea un fondo específico para emergencias o traslados urgentes. Y en la realidad, las obras sociales responden con excusas: “no hay presupuesto”, “no está contemplado en la cartilla”, aunque la ley diga lo contrario. Sin financiamiento dedicado, los derechos se vuelven optativos.

Tampoco hay un sistema claro y público para monitorear el cumplimiento de la ley, no existen indicadores ni auditorías que permitan saber cuántos pacientes realmente acceden a esos derechos. Sin rendición de cuentas, nadie puede reclamar ni visibilizar las fallas, y casos como este quedan invisibles, sin eco ni solución.

Mientras tanto, muchas veces esas familias echan mano al bolsillo, venden lo que pueden, piden lo que no tienen, y terminan yendo al municipio. Quedan expuestas en rifas, colectas, apelando a la empatía de un pueblo solidario. Mientras quienes deben garantizar el servicio —como lo son las obras sociales o incluso las ART, ¿por qué no?— se te ríen en la cara. Un “viva la pepa” institucionalizado. Las familias se desfinancian, los municipios —por cercanía humana con el vecino— también se desfinancian. Y es ese pueblo, lleno de dignidad, el que va salvando con su esfuerzo y corazón lo que los servicios sociales deberían garantizar por derecho.

Pero pensemos en lo que significa recibir un diagnóstico de cáncer.
El shock de la noticia. El mundo que se detiene. El miedo que paraliza. Los hijos pequeños, los familiares que también caen en un torbellino de incertidumbre y desesperanza. Y encima, el laberinto de la burocracia. Porque cuando ya no sabes qué hacer con la noticia, cuando apenas puedes digerirla, te dicen: “tenés que denunciar”. Como si fuera fácil. ¿Dónde? ¿A qué puerta se toca? ¿Quién te acompaña? La administración de justicia también depende de contactos, de saber a quién recurrir. Y quienes no tenemos recursos, estamos condenados a la espera, a la marginación, a una especie de sentencia anticipada.

Hablo como si me pasara a mí, por ponerme un segundo en ese lugar, para que se entienda la profundidad del abandono.

Entonces, cabe preguntar:
¿Por qué las obras sociales afilian gente en pueblos donde no pueden ofrecer ni una atención básica?
¿Para qué los suman al padrón, si saben que cuando los necesiten no van a estar?
Porque sí, las obras sociales se financian gracias a los que están sanos. El sistema funciona porque la mayoría no lo usa. Y cuando alguien cae en la enfermedad —más aún si es pobre, más aún si es del interior—, el sistema lo hace sentir una carga.

Mientras tanto, si la enfermedad toca a alguien del entorno más cercano a quienes dirigen esos fondos, las respuestas suelen aparecer rápido. Los traslados, los hoteles, los turnos. Todo se gestiona con velocidad. Porque el acceso no depende del derecho: depende de a quién conocés, de qué apellido tenés, o si te escucha alguien que puede mover un teléfono.

No se trata de un solo caso.
Se trata de todas las personas que viven en las periferias geográficas y simbólicas del sistema. Gente buena, sencilla, trabajadora, que no sabe de leyes, pero que tiene derecho a no sufrir más por culpa del abandono institucional.

Esta es una editorial, sí.
Pero también es un llamado. A los responsables de obras sociales, a las autoridades de salud, a los legisladores que votaron leyes para la foto y no para la vida. A los vecinos que aún gozan de buena salud: que no se olviden que mañana puede ser uno de los suyos.
Porque el dolor es personal, pero el abandono es político. Y la salud, cuando no es para todos, no es salud: es un privilegio.

Yo no sé de leyes, ni de trámites, ni de cartillas.
Solo sé que me duele. Que tengo miedo. Que tengo hijos.
Y que lo que más necesito no es una cartilla de prestaciones,
sino un Estado que me abrace cuando todo duele.
Porque si no me cuidan cuando más lo necesito,
entonces… ¿para qué sirven?

Autor: Gustavo Salazar