El STJ y la Legislatura defendieron la reforma no penal y señalaron que Nación avanza sobre los mismos ejes
Tras semanas de cuestionamientos por la falta de consulta inicial y por distintos puntos del proyecto, la Legislatura cerró la primera etapa de reuniones sobre el Código General de los Procesos No Penales. Andrés Giacomone vinculó la propuesta chubutense con la reforma que acaba de poner en marcha el Gobierno nacional, mientras Gustavo Menna rechazó que el tratamiento se haya realizado “a espaldas de nadie”. El 21 de octubre comenzará a trabajar una comisión redactora integrada por nueve sectores del sistema judicial y político.
La Legislatura del Chubut concluyó este miércoles la primera etapa de discusión del Código General de los Procesos No Penales, una reforma que durante los últimos meses recibió cuestionamientos de Colegios de Abogados, magistrados y especialistas por la forma en que comenzó su tratamiento y por distintos aspectos de su contenido. La cuarta reunión estuvo dedicada a sentencia, recursos, ejecución e implementación del nuevo sistema y marcó el cierre de los encuentros informativos iniciados el 26 de agosto.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, aprovechó el encuentro para señalar que varios de los ejes que se discuten en Chubut coinciden con los anunciados esta semana por el Ministerio de Justicia de la Nación para una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial nacional. “Las discusiones que veníamos llevando adelante están en el mismo sentido: afianzar los procesos, hacerlos más ágiles e ir hacia un sistema de oralidad”, afirmó.
La convocatoria nacional fue formalizada por el Ministerio de Justicia mediante la creación de una comisión que tendrá a su cargo la elaboración de un anteproyecto. Entre los lineamientos aparecen la oralidad en los procesos civiles y comerciales, la tutela judicial efectiva, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la simplificación de los procedimientos. El equipo tendrá 60 días para presentar una propuesta integral.
Menna respondió a las críticas por la falta de consulta
La discusión en Chubut llega a esta instancia después de una serie de cuestionamientos que comenzaron cuando distintos sectores advirtieron que el proyecto había avanzado sin haberlos incorporado previamente a su elaboración. Colegios de Abogados reclamaron participación, mientras que el abogado constitucionalista Edgardo Rubén Hughes había cuestionado que una reforma de semejante alcance llegara a la Legislatura sin una “consulta generalizada y democrática”.
Durante la reunión de este miércoles, el vicegobernador Gustavo Menna respondió directamente a esas objeciones y defendió el procedimiento adoptado por la Legislatura. “Si algo no ha habido acá es oscuridad o tratamiento a espaldas de nadie. Esta es la prueba más cabal de que no hay un tratamiento a libro cerrado”, sostuvo al reivindicar las reuniones informativas realizadas durante agosto, septiembre y octubre.
Menna vinculó además la reforma con la Constitución Provincial de 1994 y sostuvo que avanzar hacia la oralidad en los procesos civiles, comerciales, laborales y de familia responde a un mandato pendiente desde aquella reforma. También calificó la revisión de los procedimientos como una “deuda de la democracia” y recordó que tanto el código nacional como el provincial vigente fueron sancionados durante gobiernos de facto.
Giacomone, por su parte, puso el acento en los tiempos de respuesta de la Justicia. El presidente del Superior Tribunal sostuvo que el objetivo debe ser contar con “procesos más seguros y respuestas eficientes”, incluyendo dentro de esa eficiencia tanto la calidad de las sentencias como el plazo en que llegan a las partes.
Oralidad, familia, mediación y procesos colectivos
La última reunión incorporó exposiciones sobre distintos aspectos que deberán ser considerados durante la redacción. Patricia Bermejo, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, defendió la oralidad como una herramienta para acercar a los jueces a las partes y también realizó observaciones sobre procesos de familia, instancias de autocomposición y equipos interdisciplinarios.
También participaron especialistas en procesos colectivos, mediación y gestión judicial. Entre los planteos aparecieron la necesidad de preservar experiencias que ya funcionan en Chubut, capacitar a los equipos antes de implementar nuevas herramientas y contemplar las particularidades de cada jurisdicción en lugar de trasladar automáticamente modelos aplicados en otras provincias.
La discusión sobre la implementación no resulta menor porque parte de las críticas formuladas al proyecto original apuntaron precisamente a los recursos necesarios para ponerlo en funcionamiento. Colegios profesionales habían reclamado información sobre cantidad de jueces, personal, infraestructura, carga de trabajo y costo presupuestario antes de avanzar con una modificación integral.
El 21 de octubre comenzará la redacción
Concluidas las cuatro reuniones informativas, la próxima etapa comenzará el 21 de octubre con la conformación de la Comisión Redactora. El organismo tendrá nueve integrantes titulares ad honorem y será el encargado de concentrar los aportes recibidos durante estos meses y trabajar sobre el texto que continuará luego su trámite legislativo.
La comisión estará integrada por representantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, la Legislatura, el Superior Tribunal de Justicia, el Poder Ejecutivo Provincial, los Colegios Públicos de Abogados, la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público Fiscal y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
La etapa que comienza el 21 de octubre será la primera en la que esos sectores trabajarán directamente sobre la redacción después de los cuestionamientos que acompañaron al proyecto inicial. La discusión pasará entonces de las exposiciones generales a la definición concreta de qué disposiciones permanecerán, cuáles serán modificadas y cómo quedará estructurado el nuevo Código antes de volver al tratamiento legislativo.
