La transición de la obra social militar dejó deudas, cortes de atención y pacientes sin traspaso
El administrador saliente, Ariel Guzmán, advirtió que el organismo seguía atendiendo afiliados sin recursos suficientes, mientras la nueva estructura carecía de acuerdos para garantizar todas las prestaciones. Las advertencias llegaron al Ministerio de Defensa antes del anuncio de regularización de octubre.
La transición del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) a las nuevas entidades encontró al organismo en liquidación con fondos pendientes, obligaciones asistenciales y pacientes cuyo traspaso seguía sin resolverse. Así lo describe el informe que Ariel Guzmán entregó a su sucesor, Gonzalo Secchi, el 25 de septiembre, difundido por Realpolitik.
La reorganización había sido dispuesta en febrero mediante el decreto 88/2026. El Gobierno creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), dependiente del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), destinada a Gendarmería y Prefectura. La norma fijó una transición de hasta 365 días y exigió garantizar la continuidad de los tratamientos que no pudieran interrumpirse.
Según Guzmán, IOSFA continuó brindando atención mientras los aportes regulares pasaban a las nuevas instituciones. En una comunicación del 21 de septiembre al ministro de Defensa, Carlos Presti, advirtió que prolongar ese funcionamiento sin resolver su financiamiento aumentaba las deudas y comprometía la liquidación. También informó cortes de servicios y dificultades para conseguir medicamentos e insumos.
El presidente de OSFA, Pablo Plaza, había solicitado mantener la atención mediante la red del instituto porque la nueva entidad todavía no contaba con suficientes contratos y acuerdos con prestadores. El esquema previsto contemplaba que IOSFA atendiera hasta el 30 de septiembre y luego concentrara su actividad en el cierre administrativo y financiero.
Un adelanto incompleto para pagar salarios y sostener el funcionamiento
La página del informe reproducida entre los documentos difundidos detalla que Guzmán había solicitado un adelanto de $20.000 millones, autorizado por la presidencia de OSFA mediante la nota NO-2026-86049935-APN-D#OSFA. Sin embargo, al 23 de septiembre todavía restaban transferir $4.943.069.996,41.
De ese saldo, estaba previsto destinar $3.300 millones a los gastos necesarios para mantener el organismo. El apartado dejó como tarea pendiente reclamar los fondos para pagar al personal y señaló que debían estar disponibles de inmediato por los tiempos bancarios requeridos para liquidar sueldos, honorarios, aportes y contribuciones.
El mismo documento contiene una decisión sobre el manejo de recursos frente a los reclamos judiciales. Guzmán informó que había reservado fondos propios de IOSFA en una cuenta bancaria de la Sociedad Militar Seguro de Vida, “a fin de evitar que fueran afectados por los embargos que constantemente se reciben”.
Según su explicación, ese dinero estaba destinado al cierre de farmacias y delegaciones, rescisiones de alquileres, trámites para liquidar bienes, asesoramiento jurídico y contable y honorarios del personal que permaneciera trabajando en el instituto.
Guzmán también dejó asentado que había ordenado reintegrar esos recursos a la cuenta pagadora de IOSFA el 30 de septiembre, mediante la actuación ME-2026-93245784-APN-P#IOSFA. El destino señalado era el pago de reintegros judicializados y de discapacidad de afiliados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La página no informa cuánto dinero se había reservado ni acredita que la devolución se hubiera ejecutado; además, deja a la nueva administración la decisión sobre su utilización.
Pacientes pendientes y un anuncio que no equivalía a la normalización
Según el balance difundido, unos 350 afiliados de Seguridad seguían en IOSFA cuando Guzmán dejó el cargo, principalmente por situaciones judicializadas. El exadministrador atribuyó a Medicus, contratada por OSFFESEG, una negativa a cubrir determinados casos. Ese señalamiento corresponde a su versión de la transición.
El recambio fue formalizado por la resolución 671/2026, publicada el 29 de septiembre. La disposición, firmada por Presti, aceptó la renuncia de Guzmán y designó a Secchi, ambas medidas con efecto desde el 24 de septiembre.
El 1 de octubre, el Gobierno anunció que OSFA asumía la atención del personal militar y sus familias e iniciaba, junto con Defensa y el Tesoro Nacional, el proceso de cancelación de una deuda superior a $200.000 millones. También informó un primer lote de más de 10.000 reintegros por gastos médicos, por un monto superior a $5.000 millones. La recuperación de las prestaciones fue presentada como progresiva.
Ese mismo día, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba hizo efectiva una suspensión de servicios para OSFA y OSFFESEG por pagos atrasados y falta de actualización de aranceles. La institución informó que el 81% de los prestadores consultados había respaldado la medida.
Fuentes: Realpolitik; Boletín Oficial de la República Argentina —decreto 88/2026 y resolución 671/2026—; Agencia Noticias Argentinas; Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
