Polémica en Chubut: el Gobierno asume indemnizaciones de Red Chamber y paga hasta $180 millones por trabajador
La Provincia decidió afrontar con fondos públicos las indemnizaciones de 45 trabajadores de la pesquera Red Chamber, en el marco del conflicto por la ex Alpesca. El titular del STIA confirmó que se trata de un hecho inédito y que los montos varían según la antigüedad, alcanzando cifras millonarias.
El conflicto laboral con 45 trabajadores de la pesquera Red Chamber quedó al borde de una resolución, pero abrió un fuerte debate político e institucional: el Gobierno de Chubut decidió hacerse cargo del pago de indemnizaciones que, según se informó, alcanzan hasta los 180 millones de pesos por empleado. La medida fue reconocida por el propio titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Luis Núñez, quien admitió que se trata de una situación sin antecedentes.
“Es la primera vez que veo al Gobierno pagar indemnizaciones de una empresa privada”, sostuvo Núñez en declaraciones al programa “Invencibles” de Radio El Chubut. Según detalló, los montos varían de acuerdo a la antigüedad: “Hay indemnizaciones de 180 millones, 150, 100, 50 millones. Depende de los años trabajados. Muchos tienen entre 15 y 30 años de antigüedad y algunos incluso están a un año de jubilarse”.
De acuerdo a lo explicado por el dirigente sindical, la Provincia afronta estos pagos con fondos propios, bajo la figura de un eventual recupero futuro. “Lo que plantea en papeles es que lo va a tomar como crédito para cuando se dicte la sentencia sobre la expropiación de los bienes productivos de la ex Alpesca”, señaló.
La decisión genera interrogantes legales y políticos. En términos formales, se trata de un conflicto entre privados: los trabajadores y la empresa Red Chamber, que operaba la ex Alpesca desde 2015 mediante un contrato con el Estado provincial. Sin embargo, la intervención oficial modifica el esquema tradicional de responsabilidad empresaria en materia laboral.
El trasfondo del conflicto se remonta a la rescisión del contrato que el gobernador Ignacio Torres dispuso en 2025, argumentando presuntos incumplimientos por parte de la firma. A partir de allí, la disputa escaló en tensión política y empresarial.
El Ejecutivo provincial intentó que la empresa Profand asumiera la operación de los activos, pero esa decisión fue posteriormente retrotraída. En paralelo, Red Chamber presentó en Estados Unidos una denuncia por presunto pedido de coimas para continuar operando en Chubut, lo que sumó un capítulo internacional al conflicto.
En ese contexto, el pago de indemnizaciones por parte del Estado aparece como una salida para evitar litigios laborales masivos y descomprimir la situación social. Sin embargo, también instala un debate de fondo: hasta qué punto corresponde que fondos públicos se utilicen para cubrir obligaciones de una empresa privada y bajo qué garantías efectivas se recuperarán esos recursos.
