Reyes cruzó a Balochi por el amparo contra COOPSAR y apuntó a Gognat: “Lo están usando como el chico de los mandados”
La concejal del PJ cuestionó que el Ejecutivo haya esperado ocho meses para acudir a la Justicia contra el aumento tarifario y advirtió que el costo del proceso termina recayendo sobre los vecinos. También puso en duda el origen de los pedidos de informe impulsados por Lucas Gognat y reclamó volver a reunir al Municipio, COOPSAR y el Concejo. Nathalia Rúa acompañó la propuesta y sostuvo que “es momento de unirnos y de trabajar”.
La discusión por las tarifas de COOPSAR tuvo uno de sus momentos más fuertes durante la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Sarmiento. Ana Reyes cuestionó el manejo del conflicto por parte del Ejecutivo de Sebastián Balochi y, en la misma intervención, apuntó contra Lucas Gognat, autor de los pedidos de informe enviados al Ente Regulador provincial y al Consejo de Administración de la cooperativa.
Reyes tomó la palabra después de que se leyera la respuesta de COOPSAR. La cooperativa había mencionado como antecedente favorable el rechazo judicial del amparo presentado por la Municipalidad contra el cuadro tarifario aprobado en la Asamblea Extraordinaria N.º 45. La concejal puso el foco justamente en el tiempo que demoró el Ejecutivo en recurrir a la Justicia.
“Ocho meses tardó el Ejecutivo Municipal en hacer un recurso de amparo cuando se hace esta asamblea. Un poco tarde me parece, ¿no?”, planteó. Y vinculó directamente aquella demora y sus consecuencias con los usuarios: “Este costo también lo tiene que pagar el vecino”.
La referencia judicial requiere una precisión. La Cámara confirmó el rechazo del amparo promovido por el Municipio, pero no resolvió que los aumentos aplicados por COOPSAR fueran legales. La discusión de fondo sobre las tarifas, el vínculo contractual y las facultades de las partes quedó fuera de aquella vía judicial.
Reyes consideró que el conflicto no puede continuar reducido a presentaciones cruzadas. Recordó que no integraba el Concejo cuando anteriormente funcionó una comisión especial sobre COOPSAR y pidió recuperar ese espacio para sentar nuevamente a la cooperativa, el Ejecutivo y los concejales.
“Estaría bueno que nos podamos poner todos de acuerdo esta vez y trabajar en serio en esto de la comisión especial, trabajar con la gente de COOPSAR y con el Ejecutivo”, sostuvo. También planteó la necesidad de avanzar finalmente con un convenio que establezca un marco para la prestación de los servicios.
En ese tramo dirigió una crítica puntual hacia Gognat. “No sé si fue idea suya esto de la nota o fue enviado, porque capaz que últimamente lo están usando como el chico de los mandados”, dijo Reyes, antes de insistir en que el Concejo debería avanzar hacia una instancia concreta de trabajo y no limitarse a nuevos requerimientos escritos.
El Ente: no autorizó, no avaló y no conocía el aumento
Uno de los pedidos impulsados por Gognat llegó al Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia. El concejal de Despierta Chubut consultó si el organismo conocía el incremento aplicado por COOPSAR, si lo había autorizado, cuál era su sustento legal y técnico y qué información poseía sobre el destino del dinero recaudado y la existencia de un plan de inversiones.
La respuesta fue categórica. El organismo provincial informó que recién tomó conocimiento del aumento cuando recibió la presentación remitida por el Concejo el 31 de julio y que, hasta ese momento, COOPSAR no había enviado ninguna solicitud, comunicación o documentación relacionada con la modificación tarifaria.
En ese marco, el Ente respondió que “no ha intervenido, avalado ni autorizado el aumento referido”. También aseguró que no dispone de información sobre el sustento legal y técnico utilizado por la cooperativa, porque no recibió documentación que explicara los fundamentos de la medida.
La respuesta fue igualmente concreta sobre los recursos recaudados. El organismo señaló que no tiene información sobre el destino de los fondos percibidos por COOPSAR por la prestación del servicio eléctrico y tampoco conoce la existencia de un plan de inversiones asociado a esos ingresos.
El Ente evitó pronunciarse, en cambio, sobre quién es actualmente la autoridad de aplicación del vínculo entre el Municipio y COOPSAR. Explicó que sus competencias surgen de la legislación provincial y que determinar la naturaleza jurídica del convenio de concesión o establecer quién debe ejercer ese control excedía el pedido que estaba respondiendo.
Claudia Torres retomó esas definiciones en el recinto y remarcó que el organismo provincial no había autorizado el incremento, desconocía su respaldo técnico y tampoco tenía información sobre el destino de los fondos. Después trasladó la discusión hacia el impacto que las facturas tienen sobre los usuarios.
“¿Cómo empatiza este Concejo Deliberante con todos los usuarios que se ven afectados por el incremento?”, preguntó Torres. La concejal habló de subas superiores al 130% y cuestionó que el cuerpo no haya tenido una expresión institucional frente a los aumentos que vienen afrontando los vecinos.
COOPSAR defendió la tarifa y rechazó entregar documentación interna
La segunda respuesta leída en la sesión llegó desde COOPSAR y fue firmada por el presidente de su Consejo de Administración, Jorge Ariel Neancucheo. La cooperativa sostuvo que el fundamento del cuadro tarifario se encuentra en el Acta de Asamblea Extraordinaria N.º 45.
COOPSAR definió la actualización como una medida de “autotutela conservatoria” adoptada frente a una situación de asfixia financiera que atribuyó a la falta de tratamiento de una tarifa razonable. En el mismo escrito utilizó el rechazo del amparo municipal como parte de los argumentos para sostener su posición.
La cooperativa también respondió sobre las interrupciones del servicio por falta de pago. Afirmó que son eventuales y escasas, que se realizan luego de intimaciones previas y que constituyen una medida de última instancia frente al incumplimiento del usuario.
La respuesta se endureció cuando el pedido del concejal Gognat avanzó sobre comprobantes de pagos a CAMMESA, registros históricos de facturación, consumos y movimientos de fondos correspondientes a los últimos cinco años. COOPSAR se negó a entregar esa documentación al Concejo.
La entidad argumentó que, al considerar extinguido el contrato de concesión por vencimiento del plazo, el cuerpo legislativo municipal no tiene facultades para auditar directamente sus operaciones comerciales. “Esta cooperativa no accede a la producción y entrega de prueba documental o comercial interna por vías administrativas incompetentes”, expresó.
Torres cuestionó además que COOPSAR invoque como fundamento el Acta N.º 45 cuando, según manifestó, ese documento no había sido remitido al Concejo pese a haber sido solicitado anteriormente. La observación volvió a colocar esa asamblea en el centro del conflicto por la forma en que se decidió el aumento.
Reyes y Rúa quieren reabrir una mesa de negociación
Reyes pidió que la discusión avance hacia una comisión en la que participen las partes involucradas y reclamó al Ejecutivo que asuma también su responsabilidad en la búsqueda de una salida. Su planteo encontró el acompañamiento de Nathalia Rúa.
“Me parece que también es momento de unirnos y de trabajar”, sostuvo Rúa. La concejal consideró que existe margen para avanzar si hay voluntad entre los distintos sectores y agregó que “si nos unimos para trabajar lo vamos a poder hacer y creo que podemos hacer un buen trabajo entre todos”.
Rúa también marcó su posición frente a las diferencias entre los integrantes del Concejo. “A mí no me den explicaciones, se las tienen que dar al pueblo. Yo no espero explicaciones de ninguno de ustedes. Cada uno vote lo que tenga que votar y trabaje como tenga que trabajar”, afirmó.
Desde la Presidencia del cuerpo se llegó incluso a plantear la posibilidad de fijar una fecha para comenzar a trabajar nuevamente en comisión.
El cruce dejó un escenario concreto: el Ente provincial afirma que nunca autorizó ni avaló el incremento y que COOPSAR no le informó sus fundamentos ni el destino de los fondos; la cooperativa sostiene que la tarifa fue definida por su Asamblea y rechaza entregar parte de la documentación requerida; y dentro del Concejo aparecen ahora voces que reclaman dejar de acumular notas y volver a sentar a todas las partes para intentar resolver un conflicto que siguen pagando los usuarios.
