Sarmiento: dos concejales oficialistas repudiaron el procedimiento de Balochi para vetar tres ordenanzas ya publicadas
Nathalia Rúa y Ana Reyes presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación que cuestiona el procedimiento utilizado por Sebastián Balochi para vetar las Ordenanzas 023/26, 024/26 y 025/26, que ya habían sido publicadas en el Boletín Oficial. Las concejalas reclaman reconstruir las fechas y notificaciones, determinar quién recibió los vetos el 31 de agosto a las 14:22 cuando Mesa de Entradas ya había cerrado y, a partir del rechazo a la exención otorgada al INTA, pidieron además contratos, alquileres, obras y gastos vinculados con las oficinas de ANSES y PAMI gestionadas durante la propia administración municipal.
La undécima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Sarmiento, realizada este jueves 10 de septiembre, dejó uno de los cuestionamientos más duros que recibió hasta ahora la administración de Sebastián Balochi desde el propio sector político que integra el oficialismo. Nathalia Rúa y Ana Reyes llevaron al recinto un proyecto de comunicación para repudiar el procedimiento seguido por el intendente al vetar tres ordenanzas que habían sido sancionadas por el cuerpo y que, antes de conocerse formalmente los vetos, ya aparecían publicadas en el Boletín Oficial Municipal.
Se trata de las Ordenanzas 023/26, 024/26 y 025/26, todas fechadas el 13 de agosto. Las dos primeras concedían condonaciones sobre obligaciones municipales a contribuyentes particulares, mientras que la tercera otorgaba al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) una condonación y exención del Impuesto Inmobiliario sobre inmuebles vinculados con su actividad en Sarmiento. Las normas fueron publicadas y, posteriormente, Balochi dispuso sus vetos mediante las Resoluciones 730/26, 731/26 y 732/26.
El planteo de Rúa y Reyes no discute la existencia de la facultad constitucional del intendente para vetar una ordenanza. El cuestionamiento está puesto sobre cómo se utilizó esa facultad, en qué fechas se concretaron las decisiones, cuándo fueron comunicadas al Concejo y qué efecto produjo que las ordenanzas hubieran aparecido previamente en el Boletín Oficial. Las concejalas sostienen que, si no puede acreditarse una comunicación válida y realizada dentro de los plazos correspondientes, debe establecerse cuál era la situación jurídica de las normas al momento en que el Ejecutivo pretendió dejarlas sin efecto.
Los vetos llegaron cuando Mesa de Entradas ya había cerrado
Uno de los puntos más delicados del proyecto aparece en el registro de ingreso de la documentación. Los vetos fueron recepcionados por el Concejo Deliberante el 31 de agosto a las 14:22, mientras que el horario administrativo de Mesa de Entradas finalizaba a las 14. Esa diferencia de 22 minutos pasó a tener importancia porque la fecha y la hora pueden ser determinantes para establecer si la comunicación del Ejecutivo fue realizada dentro del término que le correspondía.
Por eso, Rúa y Reyes no se limitaron a pedir una copia de los expedientes. Quieren saber quién recibió la documentación después del cierre, quién autorizó su ingreso, bajo qué modalidad se tomó la presentación y qué funcionario o autoridad permitió que quedara registrada fuera del horario habitual. La respuesta deberá salir del propio Concejo, porque fue allí donde se materializó la recepción que ahora forma parte del cuestionamiento.
Ese capítulo coloca también bajo atención a la estructura administrativa que conduce Rubén Alberto Camarda como presidente del cuerpo. El proyecto no afirma que Camarda haya autorizado personalmente la recepción ni le adjudica responsabilidad por ese acto, pero obliga a reconstruir qué ocurrió dentro del Concejo y quién tomó la decisión de aceptar la documentación proveniente del Ejecutivo a las 14:22.
La discusión sobre los tiempos había aparecido incluso antes durante la misma sesión. Al tratarse la situación de la Junta Electoral Municipal, el viceintendente Emanuel Eduardo Venter Jenks explicó que una ordenanza podía encontrarse publicada sin que ello significara necesariamente que ya estuviera promulgada, y sostuvo que el Ejecutivo conservaba durante el plazo correspondiente la posibilidad de promulgarla, vetarla o dejar transcurrir el término. La explicación terminó adquiriendo otra dimensión pocas horas más tarde, cuando el recinto comenzó a discutir precisamente tres ordenanzas publicadas antes de conocerse sus vetos.
El veto al INTA llevó la discusión hacia ANSES y PAMI
El punto que amplió el alcance político del proyecto fue la Ordenanza 025/26, mediante la cual el Concejo había otorgado un beneficio tributario al INTA. Balochi decidió vetarla y las concejalas respondieron pidiendo que el Ejecutivo explique qué criterio aplicó en este caso y cómo se compara con decisiones adoptadas durante su propia gestión frente a otros organismos nacionales que necesitaron espacios para funcionar en Sarmiento.
Rúa y Reyes solicitaron información sobre convenios, contratos, alquileres, obras, acondicionamientos, mantenimiento, períodos de vigencia y erogaciones relacionadas con las oficinas de ANSES y PAMI. El pedido apunta a conocer cuánto intervino económicamente la Municipalidad, qué compromisos asumió, quiénes fueron las contrapartes de esos acuerdos y qué fondos públicos pudieron haberse utilizado para garantizar el funcionamiento de ambos organismos.
El antecedente de ANSES se remonta a 2022, cuando el Concejo ratificó un contrato de comodato celebrado entre la Municipalidad y el organismo nacional. Pocos días después, el Ejecutivo municipal habilitó en Uruguay 365 una actividad comercial bajo el rubro “alquiler de locales comerciales”, dirección en la que posteriormente comenzó a funcionar la oficina de ANSES. La instalación se concretó después de gestiones municipales y ahora las concejalas pretenden conocer el recorrido administrativo y económico completo que permitió llegar a ese resultado.
Con PAMI aparece otra secuencia que quedó incorporada al pedido. En noviembre de 2024 se habilitó en avenida Estrada 489 una actividad de alquiler de locales comerciales y, en enero de 2025, el organismo nacional inauguró allí su nueva oficina. En aquella oportunidad, el propio Balochi afirmó públicamente que la Municipalidad había gestionado el espacio porque, de lo contrario, Sarmiento podía perder la atención local de PAMI.
Ese antecedente es el que Rúa y Reyes colocan ahora frente al veto al INTA. Si la Municipalidad entendió en otros momentos que correspondía intervenir para garantizar la permanencia de organismos nacionales considerados importantes para la comunidad, las concejalas quieren conocer por qué el Ejecutivo adoptó ahora una posición diferente frente a una exención tributaria aprobada por el Concejo para otro organismo público nacional.
La discusión también alcanza los principios tributarios previstos por la Carta Orgánica, que establece criterios de legalidad, equidad, capacidad contributiva, certeza y solidaridad, además de exigir fundamentos objetivos para la concesión de beneficios y exenciones. En ese punto, el proyecto busca que el Ejecutivo explique el criterio utilizado y que lo haga acompañado por la documentación de las experiencias anteriores, no solamente mediante una respuesta política.
Seis votos no alcanzaron y el proyecto pasó a Legislación
El debate terminó de tensarse cuando Ana Reyes pidió que el proyecto fuera tratado sobre tablas. Hasta ese momento también se había discutido qué comisión debía analizarlo: Lucas Gognat proponía que pasara por Hacienda, mientras Micaela Quiroga entendía que el contenido era principalmente jurídico y administrativo y correspondía enviarlo a Legislación.
Después de un cuarto intermedio, la moción para tratar el repudio durante esa misma sesión obtuvo los votos de Paola Aguiar, César Cuffoni, Martín Fernández, Micaela Quiroga, Nathalia Rúa y Ana Reyes. En contra se pronunciaron Claudia Torres, Eloy Dorado y Lucas Gognat, mientras que Rubén Alberto Camarda se abstuvo. Los seis votos afirmativos no fueron suficientes para habilitar el tratamiento inmediato y el expediente terminó girado a la Comisión de Legislación.
La abstención de Camarda derivó en un cruce con César Cuffoni, quien cuestionó la posibilidad de que el presidente se apartara de la votación sin autorización del cuerpo. Camarda rechazó ese planteo, mantuvo su posición y respondió: “Yo tengo el derecho a abstención y me abstengo y no me voy a mover de ahí. Mi voto es abstención”.
El episodio tuvo una particularidad difícil de separar del contenido que acababa de leer el Concejo: uno de los pedidos concretos del proyecto consiste justamente en determinar qué ocurrió dentro de la administración legislativa cuando los vetos fueron recibidos después de las 14. Camarda no fue señalado como responsable de esa recepción, pero el expediente deberá reconstruir un procedimiento desarrollado dentro del cuerpo que él preside.
El proyecto quedó ahora en Legislación y desde allí deberá volver al recinto. Mientras tanto, quedaron pendientes respuestas que exceden la discusión original sobre las tres ordenanzas: la fecha efectiva de comunicación de los vetos, la recepción a las 14:22, la autoridad que permitió ese ingreso y la documentación sobre las gestiones económicas realizadas con ANSES y PAMI. Son esos elementos los que Rúa y Reyes pretenden reunir antes de aceptar como cerrado un conflicto que comenzó con tres vetos de Balochi y terminó alcanzando procedimientos internos del Concejo y decisiones tomadas por el propio Ejecutivo durante los últimos años.
